El Consejo de Ministros aprobó este martes un Real Decreto que por primera vez establece un marco oficial para calcular la capacidad ordinaria de los sistemas de protección de menores en las Comunidades y Ciudades Autónomas. La norma fija la ratio en 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes, con la previsión de que cuando un territorio triplique esa cifra sea declarado en situación de contingencia migratoria extraordinaria y se active de manera automática el protocolo de traslados.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defendió que se trata de “un punto de inflexión en el desarrollo del proceso de acogida vinculante, digna y solidaria de la infancia migrante no acompañada que llega a nuestro país”. Según dijo, “está todo dispuesto para que comiencen los traslados de acuerdo con el protocolo establecido”. La ministra insistió en que la prioridad del Gobierno es garantizar “una acogida digna y solidaria, a pesar de los intentos de bloqueo de determinados territorios”.
Ceuta: una sobreocupación insostenible
La ciudad autónoma de Ceuta dispone oficialmente de 27 plazas. Esa cifra implica que, a partir de 81 menores, se activa la contingencia extraordinaria. Sin embargo, la realidad es muy distinta: según el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, actualmente se atiende a unos 520 menores, muchos de ellos en recursos improvisados y de emergencia. “Esto supone una sobreocupación del 500 % con respecto a nuestra capacidad”, señaló.
Gaitán recordó que, aunque en 2025 las llegadas han sido menos numerosas que en 2024, la presión sigue intacta porque se partía de cifras ya muy elevadas: “Al cierre de agosto del año pasado teníamos en torno a 500 menores”.
El consejero explicó que la Ciudad lleva meses reclamando soluciones al Estado y que ahora, con la aprobación del decreto, existe al fin un mecanismo claro de reubicación: “Lo que esperamos es que se ponga en marcha cuanto antes para aliviar la situación de colapso que tiene Ceuta”.
Sobre el procedimiento, detalló que la Ciudad debe remitir listados a la Delegación del Gobierno, que dictará resolución y la trasladará al Ministerio de Juventud e Infancia. “La Delegación está preparada para hacerlo, pero es un proceso que necesita un mínimo de tres meses para desarrollarse”, advirtió.
Canarias: 6.000 menores para 737 plazas
En el archipiélago canario la distancia entre lo teórico y lo real es aún mayor. Con una capacidad reconocida de 737 plazas, el sistema tutela en la actualidad a casi 6.000 menores. El Gobierno autonómico ha reiterado en numerosas ocasiones que se trata de una situación límite que desborda tanto la red de recursos como al personal de atención.
Fuentes de la Dirección General de Infancia y Familias de Canarias trasladaron que, por el momento, no harán valoraciones hasta que se analice con detalle el contenido del decreto. El Ejecutivo regional prefiere estudiar las implicaciones antes de fijar una posición oficial, consciente de que cualquier decisión condicionará la gestión inmediata de un sistema desbordado.
Reparto territorial y respaldo legal
El Real Decreto aprobado desarrolla la disposición adicional undécima de la Ley Orgánica 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros en España, modificada tras el Real Decreto-ley 2/2025, que introdujo medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia en contextos de presión migratoria.
En cuanto al reparto, la comunidad con mayor capacidad ordinaria es Andalucía, con 2.827 plazas, seguida de Cataluña (2.650) y la Comunidad de Madrid (2.325). Les siguen la Comunitat Valenciana (1.767), Galicia (886), Castilla y León (783) y el País Vasco (731). Por debajo de esa cifra se sitúan Canarias (737), Castilla-La Mancha (692), Murcia (517), Aragón (441), Illes Balears (406), Extremadura (344) y Asturias (331). Las capacidades más reducidas corresponden a Cantabria (194), Navarra (223), La Rioja (107), Ceuta (27) y Melilla (28).
La fijación de estas capacidades pretende ofrecer previsibilidad a un sistema sometido a tensiones constantes, pero también abre un escenario de confrontación política. Algunas comunidades gobernadas por partidos contrarios al Ejecutivo central han mostrado su rechazo a recibir menores derivados, lo que anticipa un conflicto jurídico y político sobre la aplicación de un mecanismo que el Gobierno considera vinculante.
Una urgencia humanitaria
Para Ceuta y Canarias, que quintuplican y octuplican su capacidad oficial, la aplicación inmediata del protocolo es vista no solo como un reparto justo, sino como una necesidad humanitaria. Las autoridades locales insisten en que la saturación compromete tanto la calidad de la atención como la convivencia en centros que funcionan por encima de cualquier previsión.
Desde el Ministerio de Juventud e Infancia se subraya que el Ejecutivo ha cumplido con los plazos que le correspondían y que todo está preparado para poner en marcha el sistema. Las mismas fuentes advierten, no obstante, que la activación de los traslados exige el respeto al procedimiento y la coordinación de todas las partes implicadas.