El Gobierno opta por jugarlo todo a una carta, el pacto de Estado contra la emergencia climática, en los primeros compases del curso político. Pedro Sánchez anunció la apertura de este sendero hace menos de una semana, y fuentes de Moncloa admiten que aún están ante “un folio en blanco” que tienen que rellenar de contenido.
Incluso, otras voces del Ejecutivo reconocen que no ven “ninguna” posibilidad de que el PP se sume al pacto de Estado, que además ha sido recibido con escepticismo por parte de ERC y Podemos. Pero aluden a la gravedad de los fuegos que les han llevado a declarar zonas catastróficas en territorios de todas las comunidades autónomas menos Euskadi para aferrarse a esta hoja de ruta.
Este rumbo permite también dejar en segundo plano cuestiones con aristas afiladas, como la enorme dificultad para aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2026, después de dos años prorrogando los del ejercicio 2023.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ni siquiera quiso moverse un ápice de las palabras de Sánchez un mes atrás, en julio. “Pantalla a pantalla”, rechazó. El compromiso que esbozó el presidente es aprobar el proyecto de ley en el Consejo de Ministros, pero ni siquiera garantizan su presentación en el Congreso si no atan previamente una mayoría que se antoja muy difícil de lograr.
La principal responsable de la elaboración de las cuentas y de pilotar las negociaciones para buscar apoyos es la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también candidata en Andalucía.
Montero se ha cuidado de marcar distancia con el pacto sobre la “financiación singular” catalana, que previsiblemente iniciará su tramitación ya como ley a partir de las próximas semanas. Y acaba de ser designada para liderar la comisión interministerial que pilotará el plan contra la corrupción que impulsa el Ejecutivo tras el caso Santos Cerdán.
El Gobierno asumió hace semanas que habrá novedades sobre la investigación por la presunta corrupción de Cerdán y de José Luis Ábalos, también exnúmero tres del partido, a la vuelta de las vacaciones. Como acepta que la esposa del presidente, Begoña Gómez, tendrá que declarar como imputada ante el juez Juan Carlos Peinado el 11 de septiembre, tras su nueva citación por supuesta malversación de caudales públicos.
Ya la próxima semana, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, participará en el acto de apertura del año judicial junto al Rey, Felipe VI, pese a su procesamiento por un presunto delito de revelación de secretos. El hermano del presidente, David Sánchez, también se sentará en el banquillo, junto con el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.
La idea del Gobierno es seguir vendiendo gestión, aún limitado por su fragilidad parlamentaria. Este martes logró tumbar por la mínima todas las solicitudes de comparecencia del PP, que reclamaba que Sánchez, dos vicepresidentas y seis ministros acudieran a la Cámara Baja con urgencia.
Quienes trabajan codo con codo con el presidente afirman verlo “bien”, “tranquilo y animado”. “Viene con fuerzas”; “Ha desconectado un poco”, asegura uno de los integrantes del Gabinete.
También aseguran que estos días han trabajado con intensidad para responder a los incendios, que forzaron al jefe del Ejecutivo a interrumpir sus vacaciones en La Mareta (Lanzarote). Y que el Gobierno y el PP han utilizado como nuevo campo de batalla política. Aunque en la primera rueda de prensa del Consejo de Ministros tras el verano intentaran bajar el tono.
“No todos hemos crispado igual”
Fuentes de Moncloa insisten, sobre la disputa por la responsabilidad sobre la prevención y la extinción de los fuegos, en que “la verdad” está de su “lado”. “Tenemos los datos, las cifras y las horas”, advierten. Afirman que si el PP quiere seguir confrontando con esta situación, darán respuesta. “No compartimos la equidistancia de que todos hemos crispado igual”, apuntan.
Después de la titular de Defensa, Margarita Robles, este martes, otros tres ministros están llamados a comparecer en el Senado. Y los presidentes autonómicos empiezan a hacer lo propio ante sus respectivos Parlamentos. Por lo pronto, se abren a debatir sobre un posible incremento de los medios destinados a estos fines, aunque diagnostican que el Partido Popular ha decidido “ir al choque”. “Le corresponde al PP lidiar con la presión de Vox en esto”, apostillan.
Tampoco hay fecha aún para la elaboración del “borrador” del pacto de Estado, ni para los contactos con los partidos políticos. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, advirtió durante la Diputación permanente de que este acuerdo “no valdrá para nada”. “Se gastan el dinero que tendría que ir a reforzar servicios en el plan de rearme más grande que ha tenido el país”, reprochó.
Teresa Jordá, de ERC, les afeó que más que un pacto de Estado que tampoco Sumar ve viable -por el rechazo del PP- sería mejor crear un fondo forestal que nutra a los territorios. El Ejecutivo salvó el día en la Cámara, pero no dio un solo detalle sobre sus planes para un pacto de Estado que se antoja casi imposible.