La Región de Murcia vive un enfrentamiento institucional inédito entre el poder Legislativo y el Ejecutivo. La Junta de Portavoces de la Asamblea Regional ha fijado que durante el curso político 2025-2026 los plenos se celebrarán los miércoles y los jueves, y que la sesión de control al Gobierno tendrá lugar en esa segunda jornada. Este cambio coincide exactamente con el día en que, cada semana, se reúne el Consejo de Gobierno en el Palacio de San Esteban. Para el Ejecutivo de Fernando López Miras, la decisión supone una alteración forzosa de su planificación y constituye una “deslealtad institucional nunca vista antes en democracia” en la comunidad, ya que tradicionalmente el Parlamento había respetado la agenda autonómica.
El Partido Popular señala directamente a PSOE y Vox como responsables de esta situación. Su portavoz, Joaquín Segado, denunció que “por primera vez en 43 años de Estatuto de Autonomía no se respeta ni al Consejo de Gobierno”, y afirmó que la “pinza PSOE-Vox ya no se esconde”, acusando a ambos partidos de coordinarse para perjudicar al Ejecutivo regional. Los populares también critican que el Grupo Mixto, integrado por los diputados de Podemos e IU-V, vaya a presentar tantas iniciativas como los grupos mayoritarios, algo que, en su opinión, “rompe la proporcionalidad surgida de las urnas”. Además, lamentan que se reduzca la actividad parlamentaria: de diez mociones semanales se pasará a seis, y los plenos dejarán de celebrarse en horario de tarde.
En el socialista, la portavoz Carmina Fernández defendió la decisión adoptada: “Hay tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y todos estamos a la misma altura”, recordó, reprochando al PP haber intentado “silenciar” al Parlamento retrasando el inicio del periodo ordinario de sesiones.
Vox, por su parte, también rechazó la acusación de pacto encubierto con el PSOE. Su portavoz, José Ángel Antelo, aseguró que fueron ellos quienes propusieron incluso tres plenos semanales y sostuvo que “el PP está muy nervioso”. El clima político anticipa una legislatura autonómica marcada por la confrontación institucional.