La Casa de Correos de la Puerta del Sol ha sido testigo de tres siglos de historia española. Construida en el siglo XVIII, primero fue oficina postal, después centro de seguridad y, más tarde, sede del poder autonómico madrileño. Hoy, este edificio vuelve a ser noticia tras ser declarado Lugar de Memoria Democrática por el Gobierno central. Una decisión que no solo rescata del silencio un pasado oscuro, sino que ha abierto un nuevo frente político entre el Ejecutivo y la Comunidad de Madrid.
De oficina postal a centro de represión
La Casa de Correos fue levantada entre 1766 y 1768 bajo el reinado de Carlos III. A lo largo del tiempo ha albergado diferentes instituciones. Pero fue durante la dictadura franquista cuando el edificio adquirió una connotación más sombría. En su interior funcionó la Dirección General de Seguridad (DGS), uno de los organismos más temidos del régimen.
En esos sótanos y despachos, según numerosos testimonios históricos y judiciales, se practicaron detenciones arbitrarias, interrogatorios y torturas a disidentes políticos, sindicalistas y militantes antifranquistas.
El paso del tiempo no borró el eco de aquellos años. Las asociaciones de memoria llevan décadas reclamando que se reconozca públicamente lo que allí ocurrió. La nueva Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, ha permitido dar ese paso: convertir este edificio, que hoy alberga la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en un símbolo de reconocimiento y reparación para las víctimas de la represión franquista.
La declaración del Gobierno
El pasado 22 de octubre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el decreto por el que la Real Casa de Correos pasa a formar parte del Catálogo de Lugares de Memoria Democrática. Este listado incluye espacios significativos por su vinculación con la lucha por los derechos humanos, la represión o la recuperación de la democracia.
El Gobierno justificó la decisión afirmando que el edificio “desempeñó un papel central en la represión política y social durante la dictadura”. Y que reconocerlo es una forma de cumplir con la Ley de Memoria Democrática, que busca garantizar que los hechos del pasado “no se repitan jamás”. Según el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el reconocimiento no modifica el uso actual del edificio. Pero sí implica la instalación de placas o elementos informativos que recuerden su papel histórico y promuevan su conocimiento público.
La respuesta de la Comunidad de Madrid
La presidenta Isabel Díaz Ayuso rechazó de inmediato la medida. Desde su Gobierno calificaron la declaración de “aberración histórica”, argumentando que la etapa franquista representa “una parte mínima” de la larga historia del inmueble. Para Ayuso, el Ejecutivo central está utilizando la Memoria Democrática “como herramienta política” y aseguró que la decisión “reduce el edificio a un episodio del pasado para imponer un relato ideológico”.
El enfrentamiento entre ambas administraciones no es nuevo. En 2024, la Comunidad aprobó una ley autonómica que buscaba limitar la aplicación de la legislación estatal de memoria en su territorio. Eso llevó al Gobierno a recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional. En julio de 2025, el alto tribunal levantó la suspensión cautelar, permitiendo que la disputa siguiera su curso mientras se estudia el fondo del asunto.
Memoria Democrática: el marco legal
La Ley de Memoria Democrática establece la creación de un Catálogo Nacional de Lugares de Memoria, donde se inscriben aquellos espacios relacionados con la represión o la lucha por la libertad. La inclusión de un edificio en este listado implica el compromiso institucional de preservarlo, señalizarlo y difundir su valor histórico.
Según el texto legal, el objetivo es “honrar y reparar a las víctimas del franquismo y consolidar los valores democráticos”. España cuenta ya con varios lugares reconocidos, como el Valle de Cuelgamuros, la antigua cárcel de Carabanchel o el Campo de Concentración de Castuera. Ahora, la Casa de Correos se suma a esa lista con una carga simbólica especial: es la sede actual de un Gobierno autonómico, lo que multiplica el impacto político y social de la medida.