En un momento crucial para los derechos reproductivos en Reino Unido, los diputados británicos votaron este martes propuestas para despenalizar el aborto en Inglaterra y Gales. El debate se centró en dos enmiendas rivales al proyecto de ley sobre delincuencia y policía, presentadas por las diputadas laboristas Tonia Antoniazzi y Stella Creasy, ambas con el objetivo de reformar un marco legal que se remonta a la época victoriana.
El aborto se ha considerado durante mucho tiempo una cuestión de conciencia en Westminster. Por ello, los diputados no estuvieron sujetos a la disciplina de partido y fueron libres de votar según sus creencias personales. La primera votación fue sobre la enmienda de Antoniazzi. Al aprobarse, ya no se consideró la alternativa de Creasy.
Así, con 379 votos a favor, frente a 137 en contra, la enmienda Antoniazzi salió adelante y ahora continuará su trámite parlamentario en la Cámara de los Lores hasta su votación definitiva antes de convertirse en ley.
La ley bajo escrutinio
A pesar de que el aborto es legal en Reino Unido hasta las 24 semanas —con la aprobación de dos médicos—, interrumpir un embarazo fuera de esas condiciones sigue siendo un delito penal en virtud de la Ley de Delitos contra las Personas de 1861. La ley prevé una pena máxima de cadena perpetua, aunque los enjuiciamientos reales han sido poco frecuentes.
Solo tres mujeres han sido condenadas por abortar ilegalmente, hasta que recientemente se ha producido un aumento de las investigaciones. Según los datos recopilados por los principales proveedores de servicios de aborto de Reino Unido, más de 100 mujeres han sido investigadas en los últimos cinco años, y seis de ellas han comparecido ante los tribunales. Esto ha coincidido con unas tasas de aborto récord —según las últimas cifras, se han realizado casi un cuarto de millón de intervenciones—, lo que pone de relieve lo que, según los críticos, es un creciente choque entre las prácticas reproductivas modernas y una legislación obsoleta.
La propuesta de Antoniazzi: fin a la criminalización de las mujeres
Tonia Antoniazzi, diputada laborista por Gower, propuso una enmienda que protegería a las mujeres de ser detenidas, procesadas o encarceladas por interrumpir sus embarazos. Su propuesta, respaldada por el Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos (RCOG) y los principales proveedores de servicios de aborto, tiene como objetivo poner fin a lo que ella denomina “investigaciones policiales deshumanizantes y prolongadas”.
“Estas mujeres suelen ser extraordinariamente vulnerables”, afirmó Antoniazzi, citando casos de violencia doméstica, trata de personas o partos prematuros tal y como recoge la BBC. Su enmienda mantiene las sanciones para los profesionales médicos o las parejas violentas que interrumpen ilegalmente embarazos, pero elimina la amenaza legal para las propias mujeres.
Durante el debate, Antoniazzi aseveró que “este es el cambio correcto en el momento correcto”. La diputada británica imploró a sus señorías “que quieran proteger a mujeres, niñas y los servicios de aborto a votar por la nueva cláusula. Asegurémonos de que ninguna mujer soltera y desesperada se enfrente nunca más a una investigación criminal y traumática en el peor momento de su vida”.
La propuesta de Creasy: un enfoque más amplio de los derechos humanos
Stella Creasy, diputada laborista por Walthamstow, presentó una enmienda más amplia que consagraría el acceso al aborto como un derecho humano. Su propuesta ofrecía una protección jurídica más amplia a las mujeres y a las personas que participan en la facilitación de abortos, incluidos los proveedores de atención sanitaria.
Creasy sostiene que el enfoque de Antoniazzi deja “lagunas peligrosas”, señalando que aún se podrían iniciar investigaciones contra parejas, médicos o enfermeras, lo que podría arrastrar a las mujeres a procedimientos legales para aportar pruebas. Su enmienda había recibido el apoyo público de 108 diputados, aunque encontró resistencia por parte de algunos proveedores y activistas que la consideran demasiado amplia o inoportuna.
El Servicio Británico de Asesoramiento sobre el Embarazo (BPAS), uno de los principales proveedores de servicios de aborto, ha expresado públicamente su preocupación por que la enmienda de Creasy pueda no ser la forma más eficaz de lograr lo que ellos describen como un “cambio generacional”.
Oposición de los grupos antiabortistas
Ambas propuestas suscitaron duras críticas por parte de la Sociedad para la Protección de los Niños No Nacidos (SPUC), de acuerdo con la BBC. El grupo calificó la enmienda de Antoniazzi como una “propuesta extrema y peligrosa” que despenalizaría efectivamente todos los abortos, y describió el enfoque de Creasy como “aún más extremo”.
La SPUC advirtió de que, con la enmienda de Creasy, las parejas abusivas que causen la muerte de un feto podrían eludir la justicia, ya que los mecanismos legales para perseguir tales actos podrían verse debilitados.
Finalmente, ha sido la enmienda Antoniazzi la que ha salido adelante. El resultado del debate determina así el futuro del acceso al aborto en Inglaterra y Gales, y rompe finalmente con una ley redactada en el siglo XIX sólo por hombres.