La Administración Trump ha anunciado la revocación de una guía federal que exigía a los hospitales ofrecer abortos de emergencia cuando fueran necesarios para estabilizar la salud de las mujeres embarazadas. Esta política había sido implementada en 2022 por la Administración Biden tras la histórica decisión de la Corte Suprema de anular Roe v. Wade, eliminando así el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos.
La guía revocada era un intento de la administración Biden por mantener el acceso a abortos en situaciones extremas, como cuando una mujer enfrentaba riesgo de pérdida de órganos, hemorragias severas u otras complicaciones médicas graves. Para ello, se apoyaban en la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto (EMTALA, por sus siglas en inglés), que obliga a los hospitales que reciben fondos de Medicare —la gran mayoría en EE.UU.— a proporcionar tratamiento de estabilización a cualquier paciente en situación de emergencia.
“Más confusión significa más peligro“
La decisión de la administración Trump ha sido motivo de preocupación para numerosos médicos, defensores de los derechos reproductivos y organizaciones de salud. Lawrence O. Gostin, experto en derecho sanitario de la Universidad de Georgetown, señaló que esta medida da “luz verde” a hospitales en estados conservadores para rechazar a mujeres embarazadas en situaciones críticas. Aunque la administración no dijo explícitamente que se podía negar atención médica, tampoco aclaró en qué circunstancias se permite realizar abortos de emergencia, lo que, según expertos, podría tener consecuencias mortales.
Mary Ziegler, historiadora del debate sobre el aborto en EE UU y profesora en la Universidad de California-Davis, advirtió que esta ambigüedad jurídica genera temor entre los médicos, quienes podrían evitar intervenir ante situaciones de emergencia por miedo a violar las leyes estatales antiaborto. Esto, según Ziegler, incrementa el riesgo para las mujeres, ya que “más confusión significa más peligro“.
“Trump prefiere que las mujeres mueran en salas de emergencia antes que recibir abortos”
Las reacciones no se hicieron esperar. Organizaciones defensoras del derecho al aborto, como el Centro por los Derechos Reproductivos, calificaron la medida como una amenaza directa a la vida de las mujeres. “La administración Trump prefiere que las mujeres mueran en salas de emergencia antes que recibir abortos que les salven la vida”, dijo Nancy Northup, presidenta de la organización.
🚨 BREAKING: Today, the Trump administration rescinded guidance meant to protect pregnant people in emergency rooms who need urgent abortion care. This guidance was ESSENTIAL for ensuring the safety of pregnant patients in crisis, especially those in states with abortion bans.
— Center for Reproductive Rights (@ReproRights) June 3, 2025
Alexa Kolbi-Molinas, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), también criticó la medida al señalar que, aunque la guía se haya revocado, la obligación legal de brindar atención de emergencia persiste gracias a EMTALA. En sus palabras, “la administración no puede borrar 40 años de legislación con un simple comunicado de prensa”.
Desde la comunidad médica, Jamila Perritt, presidenta de Physicians for Reproductive Health, expresó su preocupación por la señal que envía la administración: “que la salud y vida de las personas embarazadas no merecen ser protegidas”. Subrayó que los profesionales de salud ahora deben enfrentar un dilema ético: cuidar a sus pacientes o cumplir con leyes restrictivas que podrían poner vidas en peligro.
En contraste, grupos antiaborto aplaudieron la decisión. Marjorie Dannenfelser, presidenta de Susan B. Anthony Pro-Life America, acusó a la política de Biden de ser un intento encubierto de expandir el aborto en estados donde estaba prohibido. Según ella, “los demócratas han creado confusión para justificar su agenda radical de abortos en todos los trimestres”. Roger Severino, del conservador Heritage Foundation, calificó la revocación como una victoria para la promesa de Trump de desmantelar “el radicalismo abortista” de su antecesor.
The Trump administration has officially rescinded Biden guidance that twisted federal law to force ER doctors to perform abortions and spread misinformation about pregnant women’s ability to receive emergency care in states with pro-life laws.
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— SBA Pro-Life America (@sbaprolife) June 3, 2025
Contexto Legal
El corazón del debate legal radica en la interpretación de EMTALA. Aunque esta ley de 1986 no menciona específicamente el aborto, ha sido interpretada por distintas administraciones —incluidas las de George W. Bush y Biden— como aplicable en casos de emergencias obstétricas. Después de la caída de Roe v. Wade, el Departamento de Salud y Servicios Humanos recordó a los hospitales que EMTALA exige tratamiento incluso en estados con prohibiciones estrictas.
Uno de los ejemplos más destacados del conflicto legal fue el caso del gobierno federal contra Idaho. Este estado permite el aborto solo para salvar la vida —no la salud— de la madre. El caso llegó a la Corte Suprema, que finalmente lo desestimó por razones procesales, dejando sin resolver si los médicos pueden realizar abortos para evitar condiciones graves como infecciones, pérdida de órganos o hemorragias en estados con prohibiciones.
La administración Biden argumentó que las restricciones de Idaho chocaban con EMTALA, mientras que Texas, por el contrario, demandó al gobierno federal alegando que sus leyes estatales prevalecen. Esta batalla legal muestra la incertidumbre que ahora domina el panorama sanitario del país.
Trump se seguirá aplicando EMTALA
Aunque bajo la administración Trump se seguirá aplicando EMTALA en casos de emergencias médicas que comprometan la salud de la madre o el feto, los expertos temen que la falta de claridad provoque inacción por parte de los médicos. Esto no solo podría traducirse en demoras críticas en la atención, sino también en consecuencias irreversibles para la salud de las pacientes.
Con estados aplicando leyes cada vez más restrictivas y el gobierno federal retrocediendo en su orientación, las decisiones médicas en emergencias obstétricas podrían quedar más marcadas por la política que por la ciencia o la ética médica.