Durante años, la política migratoria de Estados Unidos se ha explicado con cifras: detenciones, deportaciones, cruces fronterizos. Pero hay momentos en los que los números dejan de servir. Momentos en los que la abstracción se rompe y aparecen nombres con rostros. Anadith Danay Reyes Alvarez, Renée Nicole Good, Heidy Sánchez y Génesis Ester Gutiérrez Castellanos no son estadísticas. Son mujeres y niñas cuyas vidas quedaron marcadas, o terminadas, tras su contacto con el aparato migratorio del Estado. Sus historias ayudan a entender por qué una parte creciente de la sociedad estadounidense observa hoy con inquietud, rechazo o abierta indignación el endurecimiento de la campaña migratoria impulsada por Donald Trump.
El caso de la pequeña Anadith Danay Reyes Alvarez
Antes de convertirse en un expediente, Anadith Danay Reyes Alvarez era una niña de ocho años. Había nacido en Panamá, hija de padres hondureños de origen garífuna, un pueblo afroindígena históricamente marginado en Centroamérica. Vivía con una enfermedad grave, la anemia falciforme, y con una cardiopatía congénita que la obligó a someterse a una cirugía a corazón abierto cuando tenía cinco años. Según su padre, era una niña alegre y afectuosa que soñaba con ser doctora.
En mayo de 2023, su familia emigró en busca de seguridad y atención médica. Tras cruzar la frontera sur, Anadith fue detenida junto a sus padres por la Patrulla Fronteriza. Las normas internas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) establecen que las familias no deben permanecer bajo custodia más de 72 horas. Anadith, sin embargo, pasó ocho días detenida.
Anadith Danay Reyes Álvarez died in government custody.
She had sickle cell and congenital heart disease but couldn’t access timely and adequate medical care.
We need to reform immigration detention. pic.twitter.com/dDsjHeql49
— Senate Judiciary Democrats 🇺🇸 (@JudiciaryDems) January 27, 2026
Durante ese tiempo, presentó fiebre alta, dolor intenso y dificultad para respirar. Su temperatura alcanzó los 40,5 grados centígrados. La respuesta de las autoridades se limitó a compresas de hielo y una ducha fría. Pasó la noche tiritando hasta que colapsó. Solo entonces fue trasladada a un hospital en el que murió poco después de llegar.
Para sus padres, la muerte de Anadith fue el resultado de una cadena de negligencias, no un accidente. Ante un juez federal han denunciado discriminación racial y desatención médica. Sus abogados sostienen que la lógica burocrática trató a la niña como un problema administrativo y no como lo que era: una menor gravemente enferma. El caso sigue abierto en los tribunales y ha motivado una revisión crítica de los protocolos médicos en los centros de detención migratoria.
La muerte a tiros de Renee Good
Tres años después, en enero de 2026, otra muerte volvió a sacudir el debate migratorio, esta vez lejos de la frontera. Renee Nicole Good tenía 37 años, era ciudadana estadounidense y madre de tres hijos. No era migrante ni objeto de una investigación migratoria. Murió a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en su vecindario de Minneapolis, en el marco de la expansión de las operaciones migratorias hacia el interior del país.
Hasta ese día, Good llevaba una vida común. Trabajaba, cuidaba de sus hijos, escribía poesía y participaba activamente en su comunidad. La mañana de su muerte había estado con su hijo de seis años en el colegio. El forense del condado de Hennepin determinó que su fallecimiento fue un homicidio causado por múltiples impactos de bala. La familia rechazó la versión oficial inicial y denunció que los agentes impidieron que recibiera atención médica inmediata.
El caso provocó protestas masivas y abrió un debate nacional sobre el uso de la fuerza por parte de ICE, una agencia concebida para hacer cumplir leyes administrativas, no para operar como una fuerza policial militarizada. Para muchos estadounidenses, la muerte de Renée Good supuso una línea roja. Una mujer sin antecedentes, sin vínculo con la inmigración irregular, muerta durante una actuación federal cuyas responsabilidades aún se investigan.
El caso de Heidy Sánchez, deportada a Cuba
La violencia no siempre adopta la forma de un disparo. A veces es administrativa, silenciosa, pero igual de devastadora. Heidy Sánchez lo sabe. Vivía en Florida, trabajaba como asistente de enfermería y estaba casada con un ciudadano estadounidense. No tenía antecedentes penales. En 2019 quedó atrapada en una maraña legal tras perder una cita judicial. Desde entonces, cumplía una orden de supervisión y acudía regularmente a sus controles con ICE.
Florida woman, Heidy Sanchez, 44, living in Tampa since 2019, deported to communist Cuba — separated from her one-year-old daughter (who was still being breastfed) and U.S. citizen husband — during regularly scheduled check-in at ICE office.
Her husband Carlos Yuniel Valle says… pic.twitter.com/SpXp947hOk
— Billy Corben (@BillyCorben) April 27, 2025
En abril de 2025, durante una de esas revisiones rutinarias, fue detenida y deportada a Cuba. Su hija, de 17 meses y nacida en Estados Unidos, quedó al cuidado de su padre. Heidy estaba amamantándola. La separación fue inmediata. Hoy, la niña vive en Florida y sufre convulsiones. Heidy permanece en Cuba, intentando obtener un permiso humanitario que le permita regresar. Legisladores y organizaciones de derechos humanos han denunciado el caso como un ejemplo extremo de deshumanización del sistema.
La deportación de Génesis Ester Gutiérrez Castellanos
La historia de Génesis Ester Gutiérrez Castellanos va aún más lejos. Tiene cinco años. Es ciudadana estadounidense. Nació y creció en Austin, Texas, donde asistía al jardín de infancia. Su madre, Karen, llegó a Estados Unidos en 2018 huyendo de la violencia doméstica y solicitó protección legal.
A comienzos de 2026, ambas fueron detenidas y retenidas durante casi una semana en un hotel a 130 kilómetros de su casa, sin acceso a abogado ni a un juez. Días después, fueron deportadas a Honduras.
Para Génesis, la deportación significó perder su escuela, su entorno y su país. Para muchos observadores, el caso simboliza la inquietante deriva inquietante de un Estado que trata a niñas ciudadanas como daño colateral aceptable. Como si fueran peligrosas. Como si su edad y su nacionalidad no importaran.
Un antes y un después tras el ICE
Los cuatro casos no son idénticos, pero comparten un patrón. Hasta su contacto con el ICE, sus protagonistas llevaban vidas comunes: niñas enfermas con sueños, madres trabajadoras, mujeres integradas en sus comunidades. Después llegaron el limbo, el duelo, la separación, el exilio o la muerte. El lenguaje administrativo con el que se justifican estas actuaciones, (custodia, remoción) resulta insuficiente para describir su impacto humano.
La campaña migratoria de Donald Trump se ha construido sobre la idea de la dureza como virtud. Poco a poco, estas historias han abierto una grieta en ese relato. Cada vez más estadounidenses se preguntan qué tipo de país considera aceptable que una niña muera por falta de atención médica, que una madre sea separada de su bebé, que una ciudadana estadounidense sea abatida durante un operativo federal, o que otra niña sea expulsada del país donde nació. Esto no va de inmigración. Se trata de piedad, empatía y humanidad. De si el Estado es capaz de ver a una niña como lo que es: una niña. Y no como una amenaza.