En la mañana gris de Norfolk, mientras los coches sin distintivos policiales atravesaban los caminos del condado hacia la finca de Sandringham, la noticia recorrió el mundo como un tsunami. Andrew Mountbatten-Windsor, antiguo príncipe Andrés, había sido detenido bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de cargo público. Justo en su 66 cumpleaños. Para la familia de Virginia Giuffre, el arresto significó “el alivio de unos corazones rotos que por fin sentían que nadie está por encima de la ley. Ni siquiera la monarquía”.
Giuffre no pudo ver este día. Murió en 2025, a los 41 años, en la granja donde residía en la región de Neergabby, a las afueras de Perth (Australia). Su muerte, por suicidio según confirmó entonces su familia, cerró una vida marcada por el trauma y por una obstinada determinación de denunciar los abusos que dijo haber sufrido cuando era adolescente. Durante años sostuvo que había sido víctima de una red de explotación sexual articulada por el financiero estadounidense Jeffrey Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell, y que en ese contexto fue forzada a mantener relaciones con el entonces príncipe Andrés cuando tenía 17 años.
Mountbatten-Windsor ha negado reiteradamente esas acusaciones. En una entrevista concedida en 2019 al programa Newsnight de la BBC, aseguró no recordar haber conocido a Giuffre y puso en duda la autenticidad de la célebre fotografía en la que aparece junto a ella y Maxwell en Londres. “Nadie puede probar si esa imagen ha sido manipulada”, dijo entonces. Aquella comparecencia televisiva, considerada desastrosa incluso por comentaristas monárquicos, precipitó su retirada de la vida pública.
Años después, en 2022, el duque de York alcanzó un acuerdo extrajudicial con Giuffre en Nueva York, por una cantidad que la prensa británica situó en torno a los 16 millones de dólares. El pacto no incluyó admisión de culpabilidad. Para muchos, fue un cierre bajo la manipulación del poder, porque la batalla judicial era desigual. Para Giuffre, que ya había dado la cara en múltiples foros internacionales, supuso un paso más en una cruzada que entendía no tanto personal, sino colectiva.
“Lo hizo por vosotras, por todas las que habéis sufrido abuso”, afirmó su familia en un comunicado al conocer la detención de Andrew. “Al fin, hoy, nuestros corazones rotos se han aliviado con la noticia de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza”. La familia agradeció de forma expresa la labor de la policía de Thames Valley por la investigación que ha conducido al arresto de Mountbatten-Windsor, en el marco de pesquisas sobre un presunto uso indebido de información confidencial cuando ejercía como enviado comercial del Reino Unido.
Las autoridades británicas confirmaron la detención de “un hombre de unos sesenta años” en Norfolk y la realización de registros en propiedades de Berkshire y Norfolk. El caso, activo y bajo secreto parcial, ha reabierto el escrutinio público sobre los vínculos del duque con Epstein, cuyo suicidio en una cárcel de Nueva York en 2019 impidió que fuera juzgado por tráfico sexual de menores. La reciente publicación de nuevos documentos judiciales en Estados Unidos, incluidos correos electrónicos atribuidos a Maxwell que aluden a la existencia de la famosa fotografía, ha alimentado la sensación de que la historia estaba lejos de cerrarse.
En uno de esos mensajes, fechado en 2015 y difundido por la BBC, Maxwell señalaba que en 2001 “se tomó una fotografía” en Londres cuando una joven, presuntamente Giuffre, conoció a varios amigos suyos, entre ellos el príncipe Andrés. Aunque la excolaboradora de Epstein añadía que no tenía conocimiento de “nada impropio”, el reconocimiento de la instantánea ha sido interpretado por la familia de Giuffre como una reivindicación. “Demuestra que no mentía”, declaró su hermano Sky a la cadena pública británica. “Es un momento de orgullo y también un recordatorio para creer a los supervivientes”.
Giuffre se convirtió en uno de los rostros más visibles de las víctimas de Epstein. Estadounidense, madre de tres hijos, relató su experiencia en demandas judiciales, entrevistas y, póstumamente, en el libro Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, publicado en octubre pasado. En esas páginas reiteró que mantuvo tres encuentros sexuales con el duque cuando era menor de edad. Describió al aristócrata como “entitled”, convencido, según escribió, de que tener relaciones con ella era su “derecho de nacimiento”. Las alegaciones, de una crudeza difícil de leer, conviven con un mensaje insistente sobre cómo el sistema protege a los poderosos y desalienta a las víctimas.
Este mensaje resuena ahora con especial fuerza. La detención de Mountbatten-Windsor no se produce por las acusaciones de agresión sexual, sino por una investigación distinta, relacionada con su papel institucional y un supuesto intercambio de información confidencial con Epstein cuando actuaba como enviado comercial. Sin embargo, en el imaginario público ambos planos se superponen. La sombra del escándalo sexual nunca se disipó del todo y, para quienes siguieron el caso, la imagen del antiguo príncipe entrando en un vehículo policial tiene una carga simbólica que trasciende el tipo penal que se le imputa.
La familia de Giuffre ha aprovechado el momento para redoblar su campaña a favor de una reforma legislativa en Estados Unidos que elimine la prescripción en delitos federales de tráfico sexual. “Que este sea el momento en que el país elija la rendición de cuentas frente a la negación”, declaró recientemente Amanda Roberts en una rueda de prensa. La causa de Virginia, sostienen sus allegados, no terminó con su muerte. Se ha transformado en una exigencia política y moral.
También ha reabierto el debate sobre el papel de la monarquía británica. El rey Carlos III, hermano mayor de Mountbatten-Windsor, expresó tras el arresto que “la ley debe seguir su curso” y ofreció la cooperación “plena y total” de la Casa Real con las autoridades. En 2025 ya había despojado a Andrés de sus títulos y honores militares, en un intento de proteger la institución del desgaste reputacional. La detención supone una prueba adicional para una monarquía que intenta proyectar modernidad y transparencia en tiempos de escepticismo ciudadano.
En este contexto, rendir homenaje a Virginia Giuffre implica reconocer la complejidad de su legado. No fue solo una denunciante en un caso de resonancia global; fue una mujer que convirtió su experiencia en bandera para otras víctimas. Asumió el coste personal, exposición mediática, campañas de descrédito, procesos judiciales prolongados, de enfrentarse a figuras poderosas. Lo hizo sabiendo que la balanza rara vez se inclina del lado de quien acusa.
Su historia incómoda porque interpela a estructuras establecidas que fomentan la cultura del silencio, la deferencia hacia el poder o la dificultad de acreditar delitos cometidos en la intimidad. “Él nunca fue un príncipe”, concluye el comunicado de la familia. La frase, más que una descalificación personal, parece una declaración de que la dignidad no se hereda, se ejerce. Virginia Giuffre no vio el desenlace de esta nueva etapa judicial, pero su nombre ha quedado asociado a una demanda simple y radical: que la ley alcance a todos por igual. En esa aspiración, compartida por millones de mujeres que han denunciado abusos, reside quizá el verdadero alcance de su legado.