El abordaje de la Flotilla Global Sumud por parte de Israel no solo detiene una expedición humanitaria, sino que bloquea también una forma de protesta legítima, pacífica y simbólica e impide amparar a los miles de civiles que son víctimas de la barbarie israelí. Las 44 embarcaciones que zarparon con más de 500 activistas de todo el mundo no llevaban armas, sino alimentos, medicinas y un mensaje claro: Gaza no puede seguir siendo una cárcel a cielo abierto ante la pasividad internacional.
Desde el principio, la flotilla fue una iniciativa incómoda. Incomodó a gobiernos que prefieren mantenerse en la ambigüedad diplomática, a organismos internacionales que miden sus palabras con cálculo político, y a Israel, que ha respondido como suele hacerlo: con fuerza. Ningún barco alcanzó la costa de Gaza. Todos fueron interceptados. Sus tripulantes, de múltiples nacionalidades —entre los ciudadanos españoles se encontraban la ex-alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y varios diputados del Congreso y de los parlamentos catalán y valenciano, entre otros — están siendo trasladados a centros de detención, donde esperan ser deportados.
El gobierno israelí, a través de su ministro de Exteriores, Gideon Saar, se ha felicitado por el éxito de la operación. Pero la seguridad, en este caso, no estaba amenazada por una flotilla armada, sino por una flotilla cargada de solidaridad. La verdadera amenaza era el relato que estos barcos pretendían visibilizar: el de un pueblo asediado, empobrecido y al borde del exterminio.
En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que estudiará las medidas a tomar una vez los ciudadanos españoles regresen. José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, convocó a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en Madrid para expresar la preocupación española y reafirmó que los participantes de la flotilla eran pacíficos, solidarios y que contaban con protección diplomática y consular.
Las protestas ya han comenzado. Decenas de miles de personas se manifestaron ayer en Barcelona y Madrid en apoyo a la flotilla y contra el Gobierno de Netanyahu. Porque lo que está en juego no es solo la integridad física de quienes iban en esos barcos, sino el derecho de la sociedad civil a actuar cuando los estados callan.
Esta flotilla no fue un acto improvisado ni marginal. Entre sus filas había parlamentarios, médicos, periodistas, sindicalistas, ecologistas, figuras de renombre como Greta Thunberg. No iban a combatir, iban a denunciar y a forzar la apertura del canal humanitario. Su gesto remite a una tradición de desobediencia civil que, como antaño en el caso de Sudáfrica o Palestina misma, pone el cuerpo donde falla la política.
Algunos argumentarán que estas acciones no resuelven nada. Que son gestos inútiles, o incluso provocaciones. La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ridiculizó ayer la flotilla en la asamblea de Madrid, calificándola de “asamblea de facultad flotante”. Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, la calificó de “batucada por el Mediterráneo”, acusando a los organizadores de practicar el “turismo bélico para Instagram”. Pero en un mundo donde el dolor de Gaza se ha vuelto ruido de fondo, estas acciones recuperan el foco. Ponen nombre, rostro y voz a un sufrimiento que muchos prefieren no mirar. Y sobre todo, interpelan: ¿qué harás tú? ¿Hasta cuándo será aceptable que se impida la entrada de ayuda humanitaria?
La respuesta israelí se sitúa fuera de la ley, como viene siendo habitual desde el 7 de octubre de 2023. La Flotilla Global Sumud ha sido interceptada. Podríamos saborear la victoria moral de que su mensaje ha llegado. Pero esa victoria sabe a polvo. El objetivo no era solo llamar la atención, sino forzar la abertura del corredor humanitario y salvar vidas. Y eso, por desgracia, no se ha conseguido.