Otra vez estamos no llamando a las cosas por su nombre. No toda violencia esconde una causa ni detrás de cada estallido callejero hay un diseño. Destruir escaparates y salir con una mochila vacía para llevarte mercancía no es protestar: es romper todo lo que encuentras a tu paso y robar. El balance de lo que paso el sábado en Barcelona corrobora estos datos. 134 comercios saqueados, 130 personas detenidas de las que 76 son menores de edad y mobiliario urbano destruido por valor de miles de euros. Barcelona fue atacada hace una semana de forma salvaje y la respuesta debe ser contundente y unánime sobre todo porque se han anunciado protestas para mañana. Lo mismo paso hace cuatro días en Bilbao donde se ha destruido inmobiliario urbano y se han quemado decenas de coches. Ha habido 19 detenidos y 11 de ellos son menores de edad.
Cuando atacan a una ciudad de esta forma, no se hace contra poderes públicos ni contra políticos. Estos ataques van contra todos los ciudadanos. Por eso la respuesta debe ser rotunda, coordinada, despolitizada y sobre todo policial y judicial para que estos hechos no sean impunes. La frustración y la falta de expectativas no conducen necesariamente a la violencia. Lo que inquieta es que algunos encuentren atractivo el caos. Esto que está pasando no es una protesta, sino el desprecio por las normas y la satisfacción de comprobar que se puede hacer lo que cada uno quiera: robar, destrozar y quedar inmune.
Lo más lamentable es lo rápido que han estado los partidos para convertir esta violencia callejera en munición de combate. Núñez Feijoo ha vinculado la violencia con el gobierno de Sánchez, al igual que el líder de VOX, Santiago Abascal. Los dos se presentan como el garante de la paz y de la seguridad al frente del Gobierno de España. Después de estos disturbios los populares han llevado el discurso al terreno de la seguridad, un asunto muy sensible para amplios sectores de la sociedad. En el otro lado el presidente del Gobierno que ha tardado 48 horas en condenar estos actos violentos. Si condenó y de forma enérgica además el líder del PSC y presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, al igual que miembros de su gobierno y el alcalde socialista de Barcelona, Jaume Collboni. Por su parte Ada Colau culpa a la extrema derecha y Gabriel Rufián apunta a una operación de Estado contra los gobiernos progresistas aunque también ha incidido en que la izquierda tiene que defender la seguridad porque existe el riesgo de que la violencia se apodere de la frustración social beneficiando a la extrema derecha. El consenso contra hechos vandálicos de este tipo debe ser amplio e inequívoco. Los grandes partidos están obligados a cerrar filas para condenarlos, y escapar de la tentación de usarlos como arma arrojadiza contra el rival. Por muy fea y enconada que esté la precampaña, es indispensable mantener la cabeza fría y, ante acontecimientos tan censurables como los de hace una semana, saber que es lo que se debe decir y lo que no.
A nivel operativo lo que ha sucedido ha puesto también de relieve varios errores. La policía tenía conocimiento de la convocatoria y envió efectivos infravaloró la dimensión del ataque, no dando la importancia adecuada a los 500 vándalos que pusieron patas arriba el centro de la ciudad un sábado por la tarde con turistas encerrados y muertos de miedo en el Corte Inglés refugiándose de los bárbaros. Exactamente igual que lo que pasó el lunes en el centro de Bilbao donde centenares de terroristas callejeros incendiaron decenas y decenas de vehículos. Es evidente que hubo un fallo en la inteligencia policial que se tiene que corregir para prevenir nuevas acciones y descubrir quién está detrás. También se falló en el aviso a comerciantes para que se prepararán. A partir de ahora va a ser necesario un análisis más afinado de este tipo de convocatorias y, por tanto, unos despliegues más reales que se adapten a las situaciones. Los altercados de esta semana podrían volver a repetirse teniendo en cuenta cómo está la sociedad de polarizada y teniendo en cuenta el actual clima de agitación social que tenemos.
La oleada de violencia callejera que hemos visto en Barcelona y en Bilbao está vinculado con los episodios de pillaje de Francia y con la capacidad de grupos antisistema para convertir el malestar en violencia. El PP propone exigir a los padres de los menores implicados responsabilidades causados por sus hijos. La fórmula la puso en marcha el expresidente del Gobierno José María Aznar para acabar con la kale borroka del país vasco y fue todo un éxito. Le llamaban el “impuesto del caserío” y funcionó. Bilbao además tiene un componente preocupante porque entre las llamas de estos delincuentes se escuchó el grito de “Gora ETA militarra”, una exaltación del terrorismo que devuelve a Euskadi las peores imágenes de la Kale borroka. Bildu ha condenado los actos vandálicos pero se ha negado a sumarse a la condena de los gritos a favor de ETA que han suscrito el resto de partidos políticos. Mal asunto. Hace 15 años que el Estado y la sociedad derrotamos a ETA y no vamos a permitir una marcha atrás por parte de menores que desconocen que fueron los años de plomo en Euskadi. Esto si que sería una involución de los derechos y libertades de todos. No debemos permitirlo.