Las agresiones a sanitarios en Cataluña se ceban con las mujeres. La mayoría de víctimas son mujeres, médicas o enfermeras, jóvenes y de atención primaria. Según los datos del Observatori per a Situacions de Violència en l’Àmbit Sanitari de Catalunya (OSVASC), de las 3.039 agresiones a personal sanitario registradas en Cataluña durante 2025, en el 78% de los casos las víctimas fueron mujeres. Las trabajadoras de la atención primaria fueron las más agredidas, un 61,17% de los casos, frente al 29,42% de la atención hospitalaria y las urgencias extrahospitalarias (9,71%). El tramo más agredido fue el personal sanitario de 25 a 35 años (un 33,6%) —seguido de los grupos de 36 a 45 años y de los 46 a los 55 años, ambos con un 23,99%—.
Es una realidad cruda: la salud pública ya no sólo enfrenta tensiones estructurales por listas de espera o falta de recursos, sino también un nivel de violencia que, o bien va en aumento, o bien se denuncia más. La mayor parte de estas agresiones —casi nueve de cada diez— no implican contacto físico y se manifiestan como agresiones verbales o conductuales en el contexto de la atención presencial. Pero en los últimos años, las agresiones a médicos han adquirido formas nuevas, como el ciber ataque o los conflictos generados por la IA.
Algunos pacientes llegan con un diagnóstico o tratamiento ya dictaminado por herramientas de inteligencia artificial y, cuando el profesional no valida esa propuesta, reaccionan con insultos, amenazas o incluso violencia física. La frustración por la discrepancia entre la información proporcionada por la tecnología y el criterio clínico se traduce en conflictos. Casi el 40% de las agresiones ocurren en el marco de una consulta.
Por otro lado, muchos sanitarios sufren ciberataques, recibiendo mensajes agresivos por correo electrónico laboral o redes sociales, lo que amplifica la sensación de inseguridad y afecta su salud mental y la calidad de la atención.
Lo que nos dicen las cifras es que la violencia ha trascendido el umbral de lo anecdótico. La tensión asistencial no es excusa, pero sí es contexto: la presión de listas de espera, la complejidad clínica y la sensación de impunidad alimentan un caldo de cultivo donde las agresiones se normalizan.
La respuesta institucional está en marcha: la Generalitat trabaja en un registro unificado que permita integrar todos los centros sanitarios, tanto públicos como concertados y privados, para monitorizar con más precisión esta violencia y diseñar estrategias preventivas. Además, está en trámite una ley ante el Parlament que facilitaría sanciones contundentes a agresores, inspiradas en modelos de otras comunidades donde multas administrativas pueden llegar hasta los 600.000 euros en casos graves.
Sin embargo, el desafío no sólo es sancionador. La violencia en la sanidad habla también de un problema de percepción social: cuando pacientes o acompañantes sienten que no se les escucha, cuando los ritmos de atención son imposibles de sostener o cuando se invierte en tecnología sin una mejora paralela de la comunicación paciente-profesional, se crea un caldo de frustración que puede derivar en agresión. Por eso, las soluciones puramente punitivas serán insuficientes si no van acompañadas de mejoras en la organización asistencial, mayores recursos humanos y un reforzamiento del respeto hacia quienes trabajan para preservar la salud colectiva.
Es imprescindible abordar las agresiones al personal sanitario desde todos los frentes. El punitivo y el pedagógico. Urge recobrar el respeto a médicas y enfermeras y garantizar la seguridad de las jóvenes profesionales que empujadas por la vocación de cuidar, acaban atrapadas en violentas situaciones en el ejercicio de su profesión. No estaría de más, tampoco, profundizar en la alfabetización digital de la ciudadanía, para que entienda que lo que vomita chatgpt no puede imponerse al criterio profesional.