La votación sobre la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea, prevista inicialmente para ayer, se ha pospuesto. Pero las tensiones políticas y sociales que han rodeado el reconocimiento de estas lenguas en el ámbito europeo se mantiene y dejan al descubierto la inequidad en el trato a las lenguas periféricas que, siendo todas de España, no son compartidas por todos los españoles.
La realidad es que hay millones de españoles que ven sus derechos lingüísticos mermados. Según la Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos de 2021, el 11,4% de la población española habla catalán, lo que la convierte en la lengua cooficial más hablada en el país. Le siguen el valenciano, con un 5,3%, el gallego, con un 4,8%, y el euskera, con un 2,4%. En España se estima que alrededor de 12 millones de personas hablan lenguas de la periferia territorial.
En este sentido, resulta más urgente que nunca superar el enfoque defensivo y limitado que muchas veces domina el tratamiento de las lenguas cooficiales. Es importante entender por qué sería beneficioso enseñar fuera de sus comunidades las lenguas cooficiales. No se trata solo de justicia cultural, sino de una apuesta pedagógica, social y política inteligente para reforzar la cohesión y el respeto mutuo dentro del Estado español.
España no es solo un país multilingüe, sino que está constituido por varias comunidades históricas con lengua propia. Estas lenguas son también lenguas españolas, reconocidas en la Constitución. Pero no todas gozan del mismo nivel de uso, ni de las mismas oportunidades de ser conocidas y aprendidas por el conjunto de la ciudadanía. Por ello, merecen no solo reconocimiento, sino protección activa.
Las lenguas minorizadas no son simplemente “lenguas minoritarias” —que designa lenguas habladas por poca gente—, sino lenguas que han sufrido un proceso de marginación o subordinación respecto a una lengua dominante, como es el castellano en España. Su situación de desigualdad no es una fatalidad natural, sino el resultado de siglos de políticas centralistas o, en el mejor de los casos, de negligencia institucional. Y lo que requiere esta situación no es indiferencia disfrazada de “neutralidad”, sino medidas de acción positiva que equilibren la balanza.
Una propuesta concreta y constructiva sería incorporar en la enseñanza primaria —el momento más receptivo para el aprendizaje lingüístico— una asignatura optativa sobre lenguas y culturas españolas. ¿No tiene sentido que los españoles tengan conocimientos básicos de las lenguas que se hablan en España? El alumno, en una comunidad de habla castellana, podría escoger entre catalán, gallego o euskera. Dado que en muchos casos el contacto con estas lenguas es real (por razones turísticas, laborales o familiares), un aprendizaje inicial —aunque básico— podría servir de puente y de estímulo para practicar y valorar esas lenguas más adelante. En el caso del gallego y el catalán, por su cercanía al castellano, la asimilación podría lograrse en pocos meses.
Este planteamiento educativo tendría además una potente dimensión cívica: contribuiría a desmontar prejuicios, a reconocer la pluralidad interna del país, y a sembrar una cultura del respeto y del interés por la diferencia. Si una parte de la población española comprendiera mejor lo que significan estas lenguas para sus hablantes —no solo como herramientas de comunicación, sino como vehículos de identidad, memoria y afecto—, la convivencia sería más rica y el marco común más robusto.
Finalmente, volver al debate europeo: ¿cómo vamos a exigir a la UE que reconozca nuestras lenguas diversas si no somos capaces de promover su aprendizaje dentro de nuestras propias fronteras? La oficialidad europea del catalán, el gallego y el euskera sería una victoria simbólica, sí, pero más importante sería que fueran lenguas verdaderamente compartidas, valoradas y protegidas por todos los españoles.