Esta semana se ha hecho oficial una nueva instrucción del Ministerio de Justicia que prohíbe inscribir directamente en el Registro Civil español a menores nacidos por gestación subrogada en el extranjero. Ya no vale con presentar el documento extranjero reconociendo la filiación: ahora los padres que quieran “recuperar” al bebé tendrán que iniciar un procedimiento judicial.
La gestación subrogada no es solo un tema de buenas intenciones y padres desesperados por tener hijos. Es, también, una industria. Una industria que opera entre ricos y pobres, entre quien puede pagar y quien necesita cobrar. A veces se disfraza de altruismo, pero la mayoría de las veces es puro negocio. Y como en todo negocio, hay alguien que vende y alguien que compra. Y en este caso, lo que se compra es la capacidad de una mujer para gestar —y luego desprenderse de— un bebé que no criará. A cambio de una suma de dinero, claro.
Los defensores de esta práctica suelen hablar del derecho a formar una familia. Pero ¿desde cuándo el deseo justifica cualquier cosa? Tener hijos no es un derecho absoluto. No puedes, por ejemplo, robar un niño porque llevas años queriendo ser madre. Y, sin embargo, con la subrogación, lo que estamos legitimando es una lógica peligrosa: la del deseo convertido en contrato.
¿Consentimiento?
Y luego está el contexto. Se ha repetido hasta la saciedad que esto es una “decisión entre adultos libres”. Pero ¿qué libertad tiene una mujer ucraniana o india que acepta gestar a cambio de una cantidad de dinero que no ganaría en diez años? ¿Qué consentimiento es ese, en un entorno donde la necesidad económica aprieta más que cualquier otra cosa? Cuando una mujer no tiene otra opción, ¿realmente está eligiendo?
Lo que sorprende es que en los últimos años hemos visto cómo se endurecían normativas para evitar la cosificación de la mujer en la publicidad, el cine o incluso los cuentos infantiles, pero cuando se trata de gestar un bebé por encargo, ahí parece que todo vale. Porque claro, esto va de amor, de familia, de sueños. Y eso nos desactiva el sentido crítico.
Por no hablar de la prostitución, que parece acarrear un rechazo mayor y más generalizado en nuestra sociedad, pero comparte patrones muy similares con la gestación subrogada: desigualdad, dinero y cuerpos alquilados. Y lo más preocupante, es que mientras parece que hemos empezado a cuestionar seriamente la primera, la segunda sigue pasando de aceptable como si fuera un gesto de progreso.
Los derechos de todos
¿Significa todo esto que los padres que recurren a la gestación subrogada son malas personas? Por supuesto que no. Seguro que muchos lo hacen desde el deseo más sincero de formar una familia, y creen de verdad que están actuando bien. Pero una cosa es la intención, y otra las implicaciones. Y si vamos a hablar de derechos, hablemos de todos. Y no solo de los de las mujeres gestantes, sino también de los de los bebés. Porque ¿y si la protección de los menores pasara precisamente por no facilitar la inscripción automática de este tipo de nacimientos?
Los bebés también tienen derechos. Y vínculo. Y memoria. No es lo mismo nacer y ser colocado inmediatamente sobre el pecho de la mujer que te ha gestado que ser retirado, entregado, llevado en brazos por desconocidos. La ciencia lleva años hablando del impacto que tiene la separación temprana en los recién nacidos: afecta a su estabilidad emocional, a su desarrollo neurobiológico, incluso al sistema inmunológico. El vínculo con la madre no es solo emocional: es biológico. Y romperlo de forma programada no es neutro.
La psiquiatra Ibone Olza lo explica con claridad: esa interrupción forzada puede derivar en trastornos del neurodesarrollo, ansiedad, depresión y enfermedades metabólicas. La OMS, por su parte, recomienda el contacto inmediato piel con piel entre madre e hijo porque es clave para su adaptación a la vida fuera del útero. Pero claro, todo eso se olvida si lo que importa es que la entrega se haga rápido y sin complicaciones, como en Amazon.
No todo vale
En el fondo, lo que hace esta instrucción del Ministerio no es castigar a nadie, sino frenar una legalización de facto que llevaba años produciéndose en silencio. Lo que está prohibido en España no puede permitirse simplemente porque pase fuera. Y lo mínimo que podemos exigir es que se someta a un análisis judicial, que haya garantías, que no se trate como un trámite más de ventanilla.
Porque si de verdad queremos proteger a los más vulnerables, igual lo primero que habría que hacer es dejar de romantizar un sistema que se basa en comprar lo que no deberíamos poder comprar: el cuerpo de otra persona y el principio mismo de la vida humana.
Y sí, entiendo que esto pueda generar enfado, confusión o rechazo. Pero lo que está claro es que la arbitrariedad —esa que permite que cada uno interprete la ley a su gusto o que quien tiene más recursos pueda sortearla— no nos protege.
Quien tenga dinero y determinación seguirá buscando los atajos. Pero al menos, esta decisión pone un límite claro: no todo vale. No todo puede resolverse con un billete de avión y un contrato firmado. Y aunque el cambio sea pequeño, marcar el principio de lo que no debería normalizarse ya es, en sí mismo, un paso necesario.