El anteproyecto de ley de información clasificada constituye un paso necesario en algo que resulta vital en una democracia. Hay que tener normas claras sobre el manejo de la información delicada pero el texto que ha presentado el ejecutivo coarta en exceso el derecho a la información. Lo hace porque presenta puntos que son muy perjudiciales para el ejercicio profesional de periodistas y medios de comunicación. El anteproyecto es un paso más de madurez democrática porque permite conocer hechos muy relevantes del pasado más reciente pero el capítulo de sanciones es demasiado duro y elevado para un periodista. En esto coincidimos todos los profesionales porque podemos intuir que a partir de ahora va a ser muy complicado convencer a la dirección de un medio que la noticia no se puede quedar en el cajón aunque la sombra de la sanción este planeando por nuestra cabeza.
Se prevén multas de hasta 2,5 millones de euros para quien difunda o reproduzca información clasificada como secreto o alto secreto. Aunque lo más grave en mi opinión es que el texto especifica que a la hora de graduar las sanciones se tendrá en cuenta como atenuante pero no eximente “el ejercicio del derecho a la libertad de información”. Hablando en castellano esto significa que habrá delito. Tampoco resulta muy tranquilizador que se señale que “la autoridad competente acuerde motivadamente el cese de presunta actividad infractora”. Hablando otra vez en castellano se podría forzar a un medio a dejar de difundir la información. Y esto en arameo significa presión.
Es un ataque en toda regla a principios consagrados en la Constitución. El derecho ciudadano a la información y la libertad de prensa son principios imprescindibles en una democracia y no pueden quedar en manos de un gobierno. ¿No resulta paradójico sustituir una ley franquista por otra que coarta la labor de investigadores y periodistas? Estamos obligados a destapar los hechos que los dirigentes políticos no quieren que se conozcan y necesitamos el apoyo de los “de arriba” para que la información que no deja de ser un bien público se trabaje y salga adelante.
Todas las asociaciones y federaciones de periodistas están en pie de guerra. La Asociación de Periodistas de Investigación (API) de España denuncia que es el ejecutivo quien determina que documentos u operaciones quedan protegidos bajo las categorías de alto secreto, secreto, confidencial y restringido y que esta clasificación se puede utilizar como herramienta para impedir la publicación de informaciones incómodas o relevantes para el debate público. Totalmente de acuerdo y por eso sería bueno que el anteproyecto se revise en el Parlamento. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) es todavía más dura y asegura que la ley de secretos resucita la censura. Siempre con rigor y responsabilidad, pero el periodismo de investigación tiene que seguir siendo la herramienta esencial de control democrático. Por cierto ¿alguien me puede explicar por qué se tramita de urgencia en pleno mes de agosto un texto que afecta a los derechos fundamentales?