Cuando las cortes de Castilla reunidas en Madrid proclamaron en 1419 la mayoría de edad de Juan II, el nuevo rey pidió a Dios “seso y entendimiento” para poder regir y gobernar a sus súbditos. Más de seiscientos años después, dan ganas de seguir pidiendo lo mismo para nuestros gobernantes y servidores públicos, porque a veces da la impresión de que vivimos rodeados de orates más preocupados en seguir en sus puestos que en procurar el bien común.
No es normal, por ejemplo, que, por primera vez en democracia un fiscal general se aproveche de un vacío legal para seguir en su puesto cuando se va a sentar en el banquillo, sobre todo porque la Fiscalía es una institución jerarquizada. Así pues, ¿cómo van a perseguir los delitos unos fiscales cuando su propio jefe asegura que es inocente? “A las órdenes de mi primero”, dirán. No hay que olvidar, además que, cuando comience el juicio contra él, a Álvaro García Ortiz lo defenderán su propio abogado, el fiscal y la abogacía del Estado. Parece una broma, pero es que, cualquier subordinado suyo que se viera en su situación, sería apartado por él mismo de sus funciones hasta que se dictara sentencia, y lo mismo pasaría con un juez. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial suspendió en 2010 a Baltasar Garzón de forma cautelar cuando se le abrió juicio oral por un presunto delito de prevaricación.
Siete jueces de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidirán probablemente a partir de noviembre si el fiscal es culpable o inocente, pero, mientras tanto, la institución que él preside continuará siendo desprestigiada y es que, no hay que olvidar que este no es el primer revés que sufre el fiscal general que, eso sí, va rompiendo records: por primera vez en la historia, el Consejo General del Poder Judicial le declaró no idóneo para ocupar el cargo, y el Tribunal Supremo anuló dos ascensos irregulares que había aplicado a su antecesora en el cargo, Dolores Delgado.
Pase lo que pase al final, el Gobierno y una horda de opinadores acabarán diciendo que, en este caso, claro, ha habido lawfare, como en el caso de Begoña Gómez y en el del hermano del presidente, David Sánchez, y en el caso Ábalos, donde hay acusados que no reconocen ya su propia voz proponiendo a otros cometer chorizadas escandalosas. Si verdaderamente lo piensan, los afectados o el propio gobierno deberían dejarse de discursos tremendistas y presentar una querella contra esos jueces presuntamente prevaricadores. Así es como se actúa en democracia, y no azuzando divisiones y discursos que no ayudan en nada a la convivencia y que hacen que los ciudadanos cada vez nos sintamos menos representados por los políticos.
Al final, la cosa es simple, respetar la separación de poderes y trabajar para el bien común, que es para lo que los elegimos. Lo demás sólo servirá para erosionar nuestro sistema democrático y para alimentar opciones políticas que proponen soluciones mágicas a algunos de los problemas que llevamos arrastrando durante décadas. Si no es tan difícil, digo yo. Ya saben, “seso y entendimiento”.