“No hay una democracia avanzada ni una economía sólida que pueda prescindir del cincuenta por ciento del talento”. Ana Redondo se estrenó como ministra de Igualdad abanderando ante el Consejo de Ministros el proyecto de ley de paridad (diciembre de 2023), el primer proyecto de ley del segundo Ejecutivo de coalición. Fue algo más de dos semanas después de la investidura de Pedro Sánchez. Tendría que esperar hasta julio de 2024 para verla aprobada.
Desde ese momento, Igualdad no ha logrado introducir en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ninguna otra norma, propia o en la que encabezase los trabajos junto con otros departamentos. Sólo la ley de paridad, entre las 55 aprobadas por las Cortes Generales (de las que 20 son proyectos de ley) en los más de dos años y medio transcurridos desde las últimas generales. De hecho, esa norma fue heredada de la anterior legislatura, y el anteproyecto lo presentó nueve meses antes la entonces vicepresidenta primera, Nadia Calviño.
Ni este año ni el anterior, la ministra de Igualdad llevó al Consejo de Ministros previo al 8-M una de sus propias normas, tampoco en primera vuelta (anteproyecto). En 2025 sí pudo presumir de la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia Machista, acordado entre todas las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados menos Vox, pero con Igualdad jugando un rol destacado.
Redondo sólo ha presentado un anteproyecto de ley a las puertas de un 8 de marzo: su iniciativa contra la trata, en 2024. Una norma ya comprometida por Sánchez en la anterior legislatura, y que dos años después de ser vendida por Redondo no ha pasado por segunda vuelta en Consejo de Ministros, para su remisión como proyecto de ley al Congreso.
Como la norma contra la trata, el anteproyecto de ley abolicionista de la prostitución, que inicialmente garantizó para septiembre aún sigue en trámite. La norma bebe de una iniciativa que el PSOE presentó en el Congreso en 2024 (a las puertas de las elecciones europeas), para estrellarse contra la mayoría de la Cámara y enfurecer a Sumar.
Igualdad afirma que la ley de violencia vicaria llegará pronto al Congreso
Fuentes del Ministerio argumentan que se está trabajando “en paralelo” en las dos últimas leyes, sin facilitar nuevos plazos. Y aseguran que próximamente sí aprobarán el proyecto de ley de violencia vicaria para su remisión a la Cámara Baja.
Este último, comprometido en el marco del pacto de Estado, es con diferencia el que más rápido se ha tramitado (el anteproyecto se aprobó el 30 de septiembre). Pese a la pugna entre Igualdad y Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, con Juventud e Infancia, que ha forzado a posponer su aprobación en segunda vuelta.
Igualdad es coproponente de normas como la ley del Ministerio de Sira Rego (Juventud e Infancia) para la protección de los menores en entornos digitales (en tramitación en el Congreso). Los planes anuales normativos (PAN) de 2024 y 2025 vinculan al Ministerio con 2 leyes orgánicas cada año, entre ellas una ley orgánica contra el racismo, de la que no constan avances.
La ley de eficiencia procesal del ministro Félix Bolaños (en el BOE en diciembre de 2024) ya estableció que los juzgados y secciones de violencia sobre la mujer asumirían las competencias sobre los delitos de violencia sexual que tuviesen como víctimas a mujeres. Es una de las aristas de una norma compleja, estructural, diseñada en su inmensa mayoría por el Ministro de Justicia.
Y la proposición de ley para castigar penalmente las terapias de reconversión a personas LGTBIQ+, impulsada por el grupo socialista en el Congreso (en tramitación), también aborda una materia relacionada con Igualdad.
Por otra parte, este departamento ha aprobado distintas estrategias, planes y desarrollos de anteriores normas. La puesta en funcionamiento en 2025 -junto con las CCAA- de 59 centros de crisis 24 horas (un año antes eran una veintena), o haber repartido entre las CCAA 142,5 millones de euros en el marco del plan Corresponsables, son algunos de los logros que reivindican.
Como presumen de haber dado el pistoletazo de salida a la mitad de las medidas del renovado pacto de Estado, que incluye 460 iniciativas (antiguas y nuevas), y tiene una dotación de 1.500 millones de euros a gastar en cinco años (un 51% más). Esto supone haber “iniciado la ejecución de un total de 235 medidas”, pero no que hayan concluido su implementación.
Sumar advierte: no avalará el texto para blindar el aborto que bendice el Consejo de Estado
También han protagonizado giros que no han sabido explicar: pasaron de rechazar el blindaje del derecho al aborto en la Constitución, que abanderaba Sumar, a aprobar un anteproyecto de ley de reforma constitucional siguiendo su receta (reforma del artículo 43 de la Carta Magna).
Las aportaciones del Consejo de Estado en su informe sobre esta propuesta no cuadran con las expectativas del socio minoritario del Ejecutivo. Lo anunció la portavoz de Sumar, Verónica Barbero, en entrevista con Artículo 14, anticipando una nueva batalla en la coalición. Si Redondo acaba impulsando su ley abolicionista, habrá un segundo frente que atender.
El histórico de los Consejos de Ministros desde que Sánchez es presidente ( junio de 2018), además, expone que sus predecesoras (Irene Montero y Carmen Calvo, en calidad de vicepresidenta primera), solían reservarse iniciativas de postín para anunciarlas antes del Día Internacional de la Mujer. Calvo presentó un real decreto ley de medidas para la igualdad de trato en 2019, con Sánchez gobernando en solitario.
Montero (Podemos), por su parte, fue excluida de la rueda de prensa del Consejo de Ministros en la que Calviño presentó el anteproyecto de ley de paridad, tras la polémica por las rebajas de penas a agresores sexuales en aplicación de la ley del sólo sí es sí. En 2022, la respuesta a la guerra de Rusia en Ucrania casi monopolizó el Consejo; en 2021 llevaron el Plan Corresponsables (190 millones). Y en 2020 Montero se estrenó con el anteproyecto de la ley del sí es sí, su entonces ley estrella.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo
“Hay que convencer a los hombres de que el feminismo no es una amenaza”
Desde la dirección del PSOE asumen que el Ministerio tenía mayor visibilidad y potencia legislativa durante la etapa de Montero como ministra, en la anterior legislatura. Pero la convicción de que su época al frente de Igualdad “ha hecho daño”, ha derivado en el convencimiento de que toca recuperar “el feminismo tradicional”, como aseguran fuentes de Ferraz.
Redondo sí ha defendido la ley trans aprobada por su antecesora, que generó una profunda grieta en las filas del PSOE, y que precipitó el divorcio con algunas de las feministas clásicas.
Hoy, en la cúpula socialista afirman que toca “recuperar” lo perdido, mientras la izquierda alternativa critica que el discurso machista y negacionista de la ultraderecha va calando. Y que la actual inquilina del Ministerio evita dar la batalla cultural con la intensidad y la fuerza que requiere. Para las dirigentes del socio mayoritario, toca “convencer a los hombres de que el feminismo no es una amenaza”, recuperar votos entre los sectores masculinos progresistas. Otra tesis impugnada desde su izquierda.
Entre sus prioridades, Redondo insiste en redoblar esfuerzos contra la violencia digital que sufren las mujeres -al último Consejo de Ministros sólo llevó un informe sobre esta materia-, o en pelear contra la violencia vicaria. La regulación de la violencia económica contra las mujeres, reconocida en el pacto de Estado, es otra de sus bazas.
En el último congreso de su partido, en diciembre de 2024, fue apartada de su cargo como secretaria de Igualdad del PSOE en favor de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en Valencia. Redondo dejó esta cartera apenas un año después de que Sánchez la nombrara ministra.
Políticamente, incluso en sus filas reconocen que es una de las ministras más cuestionadas. Su nombre aparece en las quinielas cada vez que hay rumores de crisis de Gobierno. Hasta hoy, Sánchez ha repetido que se siente “orgulloso” del trabajo de todos sus ministros.
Los escándalos y la sustitución de pulseras telemáticas por tobilleras
En su etapa al frente del Ministerio, Redondo ha sido cuestionada por los fallos sobre los que alertó inicialmente la Fiscalía General del Estado en las pulseras telemáticas que portan los maltratadores y sus víctimas, y por los posteriores errores detectados en estos dispositivos. En enero, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo contrato (71 millones de euros) para cambiar estos dispositivos por tobilleras, que la ministra consideró “menos manipulables”, además de reforzar las condiciones del servicio.
Que Redondo considerara “ejemplarizante” la respuesta del PSOE a las denuncias por supuesto acoso sexual contra Paco Salazar, exalto cargo de Moncloa y del partido, levantó ampollas entre sectores feministas del partido.
Tras marcar perfil bajo durante la primera quincena de diciembre, mientras afloraban otras tantas denuncias a cargos públicos y militantes por presunto acoso sexual, la titular de Igualdad reapareció en el Consejo de Ministros de mitad de mes.
No se refirió explícitamente a que Ferraz mantuvo en el limbo durante cinco meses la investigación de las dos denuncias de supuesto acoso contra Salazar. Apenas aludió a que han reconocido su “responsabilidad” ante sus errores a la hora de gestionar esta crisis, y presumió de “autocrítica”. Los comentarios de propios y extraños no han impedido que este domingo cumpla su tercer 8-M como ministra.