El papel de una ministra de Igualdad en cuanto a la protección y atención a las víctimas se demuestra, fundamentalmente, en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Igualdad no es el ministerio que protege físicamente a las mujeres: el sistema VioGén, las órdenes de protección, la actuación policial y la seguridad inmediata dependen del Ministerio del Interior. Tampoco es el departamento que gestiona de forma directa la atención integral a las víctimas, una competencia transferida a las comunidades autónomas, responsables de los recursos sociales, psicológicos y asistenciales.
Del Ministerio de Igualdad depende de manera directa un ámbito muy concreto y especialmente sensible: el funcionamiento de las pulseras telemáticas de control conectadas al Centro Cometa, un sistema diseñado para prevenir agresiones y que en los últimos meses ha sido duramente cuestionado por fallos técnicos, desconexiones y alertas que no se activan. Más allá de este sistema, el margen de actuación material del ministerio es limitado.
Los derechos se consiguen legislando
Por eso, el verdadero valor político del Ministerio de Igualdad está en su capacidad legislativa. En las leyes que impulsa, en las reformas que logra aprobar y en los derechos que consigue convertir en norma jurídica. En lo que se anuncia, pero sobre todo en lo que finalmente se publica en el BOE.
Desde su nombramiento como ministra, en noviembre de 2023, Ana Redondo ha insistido en que su prioridad es “consolidar y ampliar” el marco legislativo contra la violencia machista. En sus primeras comparecencias públicas, a finales de 2023, avanzó que su mandato estaría centrado en tres grandes ejes: violencia vicaria, trata con fines de explotación sexual y refuerzo de los derechos sexuales y reproductivos. Con el paso de los meses, ese listado se amplió para incluir la violencia económica y la abolición de la prostitución.
“Prioridad absoluta”
Uno de los anuncios más reiterados ha sido el de la Ley integral contra la violencia vicaria. Redondo lo mencionó de forma explícita en enero de 2024, asegurando que se trataba de una “prioridad absoluta” del ministerio. En abril de 2024, Igualdad presentó el anteproyecto para reconocer a los hijos e hijas asesinados o instrumentalizados por los agresores como víctimas directas de violencia de género, con derechos propios a protección, reparación y acompañamiento. A día de hoy, la ley sigue sin haber llegado al Congreso.
Algo similar ocurre con la Ley contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En febrero de 2024, Redondo anunció que el Gobierno impulsaría una norma “ambiciosa” que superase el enfoque exclusivamente penal y pusiera el foco en las víctimas. En junio, el ministerio volvió a reiterar su compromiso, pero la ley continúa en fase de trabajo técnico y negociación interna, sin calendario público de aprobación.
¿Abolición?
La abolición de la prostitución ha sido otro de los grandes compromisos verbales del mandato. Redondo ha reiterado en varias entrevistas y actos institucionales —especialmente entre marzo y septiembre de 2024— que el PSOE mantiene una posición abolicionista y que el Ministerio de Igualdad trabaja para dar una respuesta legislativa. Sin embargo, la abolición no se ha traducido en un proyecto de ley concreto. El debate sigue bloqueado, tanto por resistencias internas como por la falta de una mayoría parlamentaria clara, y la promesa permanece, por ahora, en el terreno del anuncio.
En paralelo, la ministra ha puesto el foco en una de las violencias más invisibilizadas: la violencia económica. En mayo de 2024, Redondo defendió públicamente la necesidad de reforzar su reconocimiento jurídico, señalando que muchas mujeres permanecen atrapadas en relaciones violentas por dependencia económica. Aunque la violencia económica aparece mencionada en la legislación vigente, no existe todavía un desarrollo normativo específico que garantice reparación, protección y acceso efectivo a recursos. De nuevo, el anuncio no se ha materializado en una reforma concreta.
El contraste entre los anuncios y las leyes aprobadas se produce en un contexto especialmente delicado. Mientras el ministerio promete reformas, los sistemas de protección fallan, las víctimas denuncian desatención institucional y los datos judiciales muestran que la violencia no remite. En ese escenario, la ausencia de plazos, calendarios y compromisos verificables erosiona la credibilidad política del discurso.
Porque reconocer la gravedad de la violencia machista no es suficiente. Gobernar implica legislar. Y en el caso del Ministerio de Igualdad, el balance no se mide en declaraciones ni en comparecencias, sino en leyes aprobadas. En un BOE que, por ahora, sigue siendo más corto que la lista de promesas anunciadas.
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