Ser primera dama es “el trabajo no pagado más duro del mundo”, sentenció Pat, la mujer de Richard Nixon. Tan duro que Margaret, esposa de Zachary Taylor, duodécimo presidente de Estados Unidos, pidió cada noche en sus oraciones la victoria del rival. Y Jane Pierce se desmayó al conocer que su marido, Franklin Pierce, había sido nominado para liderar el país. Ya en España, a Amparo Illana le disgustó la idea de cambiar su vida sencilla por la servidumbre que significaba ser esposa del presidente Adolfo Suárez.
Habrá pocas figuras tan ambiguas como la de la primera dama, aunque en nuestro país, dado que tenemos a nuestra Reina Letizia, lo dejaremos simplemente en mujer del presidente. No manda y tampoco opina, pero se le exige estar. No es elegida, pero acompaña a su esposo en su función de representante del Gobierno. Su cometido es una mixtura social, estética, sentimental y moral que va tomando forma a medida que avanzan las respectivas legislaturas.
Un limbo ventajoso
En el que caso que nos ocupa, el de Begoña Gómez, no parece que haya sido un poder en la sombra. Acusada de delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas sin un marco regulatorio claro, ha desatado, para una parte de la sociedad, la urgencia de clarificar y legislar el rol de la primera dama en España. A ese limbo se agarra su defensa, que excluye que pueda considerarse funcionaria pública a los efectos de la comisión del delito de malversación. “Es indiscutible que como cónyuge del presidente del Gobierno ni tiene mando o jurisdicción propia ni participa en el ejercicio de funciones públicas”, dice en el recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Nunca se había dado en nuestro país una situación conflictiva similar. No había, por tanto, una necesidad de plantear límites y reglas definidas para este papel, como sí hacen otros países que regulan con códigos éticos o cartas de transparencia. España ha tenido esposas presidenciales muy discretas y con maneras distintas de gestionar su vida en Moncloa, pero sin sobrepasar ningún límite. Amparo Illana se dedicó a hacer del Palacio un hogar. También Pilar Ibáñez, muy interesada por los asuntos públicos, fue el pilar silencioso del presidente Leopoldo Calvo Sotelo.
Carmen Romero mantuvo su trabajo como profesora de lengua y literatura, con reducción de jornada. Ana Botella solicitó una excedencia en la Administración Pública y se dedicó a la gestión de sus fundaciones. A punto de concluir el mandato de Aznar, inició su propia carrera política en el Ayuntamiento de Madrid, primero como concejala y después como primera mujer alcaldesa de Madrid. Sonsoles Espinosa también continuó con su carrera como soprano y profesora de música. Elvira Fernández pidió una excedencia en Telefónica durante la presidencia de Mariano Rajoy.
La presencia institucional de la mujer de Pedro Sánchez, con varias líneas de investigación abiertas y la imputación de diferentes delitos (malversación, tráfico de influencias, corrupción apropiación indebida e intrusismo profesional), no tiene precedentes en España. Su caso ha provocado un acalorado debate político y mediático sobre la falta de regulación clara en torno a las funciones y límites.
La población está dividida. Una parte argumenta que, al usar recursos públicos y funciones públicas, debería tener un marco legal que defina sus límites y responsabilidades y evite su expansión arbitraria. Los detractores opinan que su regulación, sin ser un rol electo, podría traer burocratización innecesaria. La postura que empieza a ganar fuerza es la desaparición de esta figura como tal, que no existan funciones que puedan generar confusiones o conflictos de intereses.
Transparencia y ética
Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, aboga por regular por ley sin detallar el mecanismo legal exacto. Su partido presentó una proposición no de ley para endurecer incompatibilidades de cargos políticos y familiares directos, buscando transparencia y ética. Otros socios de gobierno como Bildu y PNV también apoyan incluir códigos de conducta ética para familiares directos de cargos públicos.
El Partido Popular ha propuesto que las parejas de presidentes rindan cuentas ante el Gobierno y declaren actividades y patrimonio, siguiendo recomendaciones de la Unión Europea para mayor transparencia. Por su parte, el Gobierno no contempla la regulación. “No está en ninguno de los planes en este momento”, ha afirmado el ministro de Transformación Digital, Óscar López, en rueda de prensa. Recordó que la pareja del presidente del Gobierno “no es un cargo público, no es un funcionario, no tiene sueldo público ni firma para resolver contratos o resoluciones”. El Ejecutivo considera suficiente la normativa actual y el régimen de incompatibilidades.
Sin necesidad de normativa específica, hay asuntos que está bien reglados. Por ejemplo, los regalos. Ninguna personalidad pública, tampoco sus parejas, puede recibir nada más allá de lo que se considera protocolario o cortesía, como un libro o un pequeño detalle. Están prohibidos los de elevado valor económico, los que arrastran un interés publicitario o aquellos que les puedan comprometer. Cuando son regalos institucionales, se incorporan al patrimonio público y se declaran públicamente. La legislación prohíbe también la concesión de préstamos bancarios en condiciones ventajosas.
Pero lo que ha desatado la controversia actual es el uso de recursos públicos vinculados a su actividad: personal, presupuesto, medios materiales, influencias… ¿Es el momento de cambiar las leyes administrativas y de transparencia? ¿Habría que incluir la regulación en la Ley del Estatuto del Gobierno o en una norma específica para que esta actividad quede formalmente integrada en la estructura administrativa estatal? ¿Bastaría con mecanismos de control judicial o administrativo para posibles abusos?
“Lo mejor es enemigo de lo bueno y la intención loable de evitar que en el entorno de los presidentes de Gobierno las personas más próximas (mujer, padre, hijo, hermano…) tengan actividades que induzcan a confusión sobre el grado de aprovechamiento de su posición puede acabar cercenando las posibilidades de desarrollo personal de esos entornos”, señala a Artículo 14 Montserrat Nebrera, profesora de universidad y exdiputada popular en el Parlamento de Cataluña.
“Me parece que la actitud reactiva ante una situación sospechosa es preferible en este caso a la que obligaría a una auditoría de trabajos aceptables o no. Ello sin perjuicio de lo que ya viene determinado por las leyes de transparencia y por los procesos de compliance de las organizaciones públicas”, zanja.