Nada ha cambiado a pesar de la presión. Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán mantienen desde hace meses un pacto de no agresión en sus estrategias de defensa. De hecho, en muchos de los puntos coinciden y, pese a que tienen abogados diferentes, este periódico ha podido saber que existe interlocución entre ellos. Tanto es así que los últimos escritos presentados por unos y otros demuestran esta sintonía en sus defensas.
Este mismo lunes, el exasesor de Ábalos ha presentado un escrito denunciando una investigación prospectiva. Su abogada sospecha que se empezó a investigar a Koldo García en 2021, años antes que se iniciara su causa. Para ello se fija en unas conversaciones incautadas por la UCO sobre el fraude de los hidrocarburos.
En ellas, un confidente que pasaba información al oficial de la Guardia Civil Juan Vicente Bonilla le dice que tiene algo sobre Koldo García “delicadísimo”. Días después, tras una reunión presencial, le escribe Bonilla: “Muy estimulante lo que nos contaste. Ve manteniéndome informado porque sería gozoso un achuchón de ese tipo, que nuestras hostias siempre se las llevan los mismos tontos y habría que cambiar de bando de vez en cuando y creo que es el momento idóneo”.
De ahí que Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, alega esa investigación prospectiva porque se inició “sin un indicio sólido de la comisión de un delito específico y sin la existencia de un sospechoso determinado, con la única finalidad de a ver qué se encuentra”, arguye el escrito al que ha tenido acceso Artículo 14. Es por ello que pide al juez Leopoldo Puente una auditoría en la Guardia Civil para que aclare cuándo se empezó a tratar con información relativa a su defendido.
Denunciar una investigación prospectiva no es nuevo para ninguno de los tres investigados. Santos Cerdán también sostiene esta tesis porque asegura que se le empezó a investigar cuando aún tenía aforamiento, antes de que dejara el acta. Mismo argumento que ha esgrimido Ábalos en varios escritos.
Además, recientemente, De la Hoz introdujo otro escrito en el Tribunal Supremo dudando de la auditoría que se realizó en el ministerio de Transportes, relativa a los contratos de mascarillas por los que está imputado Koldo García.
Considera que el informe se hizo “con intención política de manera sesgada” con el mero propósito de que la cartera de Óscar Puente se desligara de la gestión de Ábalos, contradiciendo incluso al Tribunal de Cuentas. “Mientras el informe del MITMA cuestiona el cumplimiento de los requisitos y la justificación del volumen de la compra, el Tribunal de Cuentas, como órgano superior de fiscalización, valida la legalidad y justificación material del procedimiento de emergencia en el contexto de la crisis sanitaria”, explica la abogada de Koldo García.
Es por ello que pide al magistrado que llame a declarar a María Belén Villar Sánchez, quien ostentó el cargo de Directora General de Organización e Inspección del ministerio, y a Belén Roel de Lara, subdirectora general de Inspección de los Servicios y Atención a la Ciudadanía de Transportes, para que aclaren si dicha auditoría cumplió con los “garantías procedimentales esenciales”. La auditoría es clave porque, en parte, la imputación de Koldo García está basada en ese informe.
Asimismo, pide de nuevo la testifical de altos cargos de Transportes para comprobar si ratifican en el alto tribunal lo que dijeron sobre la auditoría. Solicita las comparecencias de Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de Adif también imputada en el caso; Michaux Miranda, quien fuera director general de gestión de personas de Adif; y de Javier Sánchez Fuente Fría, ex director general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes.
El escrito presentado en la causa se suma a la querella que tanto Koldo García como Ábalos interpusieron contra el ministerio de Óscar Puente por presunta falsedad documental y falso testimonio.
El suplicatorio del Congreso
Otra de las piedras angulares de las defensas de Cerdán, Ábalos y García es la formulación del suplicatorio en el Congreso de los Diputados. De hecho, intentan anular la causa a raíz de este “error” que, aseguran, cometió el magistrado.
La defensa de Cerdán sostiene que se empezó a indagar en sus conversaciones antes de que dejara el acta, sin el visto bueno de las Cortes. Lo mismo arguye Ábalos y a esta tesis se acaba abonando Koldo García porque, aunque él no tuviera aforamiento, considera su defensa que había ciertos hechos que afectaba a Ábalos y, en consecuencia, se tendría que haber pronunciado el Congreso.
También hay que añadir que los tres investigados comparten la tesis de una causa política. Santos Cerdán dice que se le investiga penalmente por ser el urdidor de un Gobierno de coalición progresista y que hay una suerte de “reacción de determinadas fuerzas” políticas, tal y como señaló al juez en su declaración.
Algo que denuncian los otros dos protagonistas de la trama. De hecho, Ábalos presentó la semana pasada un escrito pidiendo que se expulse al PP de la causa porque dice que están haciendo un “uso perverso de la acusación popular”. Y alegó que “los partidos acaban teniendo presencia en los procesos con finalidades últimas extraprocesales”.