Tal y como avanzó Artículo14, el juez Leopoldo Puente declinó la petición de libertad de Santos Cerdán. Pero no solo eso. En el auto de veinticinco páginas, echa por tierra toda la estrategia de defensa del dirigente socialista. Primero, la pericial presentada por el servicio de Criminalística de la Guardia Civil acredita la veracidad de los audios de Koldo García. Y, además, sigue manteniendo el riesgo de alteración de pruebas.
En concreto, el magistrado presenta las conclusiones de la pericial que determina que “no se han identificado trazas que evidencien alteraciones, manipulaciones o comportamientos anómalos en relación con los audios objeto de estudio”. Esto es, que las grabaciones halladas en el móvil de Koldo García son auténticas. En ellas, yace el contenido incriminatorio. Son conversaciones mantenidas entre los tres imputados de la trama, además de Koldo García, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, refiriéndose a la operativa para repartir las obras encargadas con el presupuesto del ministerio de Transportes a sus empresarios afines para conseguir a cambio mordidas millonarias.
La conclusión de la pericial supone un varapalo para la estrategia de defensa del exsecretario de Organización socialista, que desde que fue imputado en el caso ha tratado de defender su inocencia dudando de la autenticidad de estos audios. Pero fuentes de su defensa consultadas por Artículo14 califican de “débil e incompleta” la pericial presentada por el Supremo y anuncian que van a presentar una nueva.
Los abogados de Cerdán lamentan que el juez solo se haya fijado en las conclusiones del informe elaborado por la Guardia Civil, al que ven fallos. Aseguran que no hay “metadatos temporales que permitan fijar la fecha de creación de los archivos” y que los investigadores “eluden la atribución de voces a autores”. De hecho, apuntan que en relación al “estudio de escucha crítica, en tres de las cuatro evidencias no se ha culminado el proceso de investigación, con lo cual en el 75% de las evidencias la pericial no confirma su autenticidad”.
Por ello, los abogados de Cerdán aseguran que existen imprecisiones que “abren muchas posibilidades” y abundan en “su cuestionamiento de la validez material”. Y de ahí que insistan en que se debería acordar “la libertad” del reo y avanzan que trabajarán en hacer “más amplio” el contra informe pericial que presentarán a Puente próximamente.
Influencia en “terceras personas”
El otro argumento troncal para que el magistrado haya decidido dejar a Cerdán en prisión es el riesgo de destrucción de pruebas. En la petición de libertad, sus abogados mostraban desconcierto ante el hecho de que no se hubiera registrado su domicilio ni procedido al volcado de sus móviles.
El magistrado explica en el auto que no se ordenaron tales medidas porque estas tienen que llegar de forma sorpresiva para ser efectivas. Argumenta, en otras palabras, que de nada sirve realizar un registro que espera el investigado porque puede proceder a ocultar o destruir pruebas.
Tras ello, insinúa el juez que Cerdán pudo proceder a esta destrucción de pruebas en el lapso de tiempo que transcurrió desde que anunció a los medios que iba a dejar el acta de diputado hasta que la entregó oficialmente para dejar de estar aforado y, por tanto, poder ser investigado por el Supremo sin necesidad de que el Congreso de los Diputados aprobara un suplicatorio. “Se demoró varios días en renunciar a su condición de Diputado, después de conocida su posible imputación. Es decisión que solo a él correspondía, pero no es menos claro que con ello dio lugar objetivamente a una ventana temporal durante la que dicho registro no habría sido posible”, concluye el magistrado. Es por ello que descartó el registro posterior de su domicilio.
Pero, realmente, la razón por la cual sostiene que Cerdán ha de seguir en prisión es por las “posibles relaciones económicas y/o personales que él o la mercantil Servinabar 2000 pudieran mantener o haber mantenido con personas concretas que vinieran actuando en nombre de Acciona”. El magistrado anuncia que se están llevando a cabo “complejos análisis documentales” para dilucidar estas conexiones entre Cerdán, Servinabar y Acciona, las dos empresas con las que, presuntamente, consiguieron amañar la adjudicación de obra pública a cambio de comisiones millonarias.
También deshace por completo la idea del complot que arguye la defensa de Cerdán por ser “el responsable de la negociación de iniciativas políticas que no han gustado a una parte importante de los poderes del Estado”, según rezaba el último escrito presentado por sus abogados. Esta idea la resume el juez como una “artificiosa construcción”, y se queja de que no terminen de definir sus abogados “las líneas maestras” del complot