El Gobierno vive estas semanas el que se prevé el último pulso político a la interna antes del parón estival. El debate y las presiones se han agudizado estos días, pero PSOE y Sumar llevan arrastrándolos desde hace meses. El pacto de coalición firmado al arranque de la legislatura (2023) ya compromete la aprobación de dos de las tres grandes medidas que Yolanda Díaz aspira a instaurar con un real decreto ley el próximo martes.
Pero aún deben cerrar con los socialistas parte de la letra pequeña y el volumen de recursos a destinar, que suele suponer la parte del león en todas las negociaciones. Sumar calcula que las medidas sociales que plantea requerirán de una inversión de 8.000 millones de euros al año, aseguran a Artículo14 fuentes de la dirección de este espacio. Las mismas que reconocen que es una estimación de partida que a todas luces tendrán que rebajar.
El decreto que la vicepresidenta segunda abandera serviría para aprobar la remuneración de 4 de las 8 semanas de los permisos parentales de cuidados para niños y niñas de hasta 8 años, aprobado en la anterior legislatura. España, se expone a una multa de la UE de 9.000 euros al día, que pasarán a ser 43.000 desde el 2 de agosto, por incumplir la directiva europea sobre conciliación familiar y no remunerar, al menos, la mitad de estas semanas de permiso.
En segundo término, la norma incluye la ampliación de los permisos por nacimiento de las 16 semanas actuales a las 20 semanas. Estas dos medidas son las que ya están comprometidas en el acuerdo de coalición, negro sobre blanco.
El problema está en la tercera pata del real decreto, que tiene que ver con la exigencia de Díaz de incrementar la duración de los permisos de maternidad y paternidad de los que se benefician las familias monomarentales, para pasar de las 16 a las 34 semanas. Se equipararían así a los periodos máximos que estas madres pueden pasar con sus pequeños con el total de semanas que hoy se reparten las familias con dos progenitores (16 semanas por cada uno).
Esta propuesta no aparece en el acuerdo, y las dos alas del Ejecutivo manifiestan distintas aproximaciones, con epicentro en la vicepresidencia segunda y el Ministerio de Trabajo de Díaz, y en la vicepresidencia primera y el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero. Como aseguran fuentes de ambos lados del Gobierno a este diario, las dos almas del Ejecutivo libran hoy esta disputa política a cuenta de esta medida. Más allá de las habituales tensiones presupuestarias, en este caso existen además diferencias sobre el fondo de esta iniciativa.
En Hacienda discrepan de los planes de Díaz, y consideran que duplicar el periodo de permiso del que pueden beneficiarse las familias monomarentales y monoparentales podría desembocar en un incremento de la discriminación hacia las mujeres en el entorno laboral.
Al duplicarse el periodo de disfrute y cuidado de sus pequeños, las cabezas de familia de los hogares con un solo progenitor, mujeres en 8 de cada 10 casos, podrían exponerse a los recelos de las empresas empleadoras o potenciales empleadoras. Al menos, así es como lo perciben algunos interlocutores del ala socialista. Esta “equiparación”, como la refieren en Sumar, beneficiaría únicamente a los neonatos, pero perjudicaría a sus madres, esgrimen. En el Ministerio de Economía, por su parte, rechazan posicionarse sobre “debates abiertos” en el seno del Gobierno.
“Es un pensamiento de otro siglo”, aseguran fuentes de la dirección de Sumar sobre estos postulados. En las filas de Díaz entienden que es discriminatorio asumir que los recién nacidos que tienen dos progenitores pueden verse acompañados durante 34 semanas, mientras que en el caso de los hogares monomarentales apenas tengan cubiertas esas 16 semanas.
Y esgrimen la sentencia de octubre de 2024 en la que el Tribunal Supremo ya reconoció el derecho de las familias monoparentales a elevar el permiso de maternidad de las 16 a las 26 semanas para evitar la discriminación de los recién nacidos. A su entender, los motivos que mueven a sus socios son meramente presupuestarios, enmascarados en esta excusa política.
Incluso en el ala del socio mayoritario asumen que sus planteamientos en esta materia pueden ser cuestionados en el PSOE. El partido de Pedro Sánchez registró hace apenas tres meses una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para reclamar nuevas “medidas de apoyo a las familias monoparentales”. En el registro no hay rastro de otras iniciativas del grupo socialista sobre la duración de estos permisos, y en esta legislatura sólo consta esta PNL, que no es vinculante.
En 2022, el PP abanderó en el Congreso elevar estos permisos de las 16 a las 26 semanas, y volvió a reivindicar esta propuesta a finales de 2024, en lo que se vino a denominar su giro social. Dos años antes, en la votación en la Cámara Baja, PSOE y Unidas Podemos se opusieron a la iniciativa de los conservadores.
1.944.800 hogares con un solo progenitor, el 81% monomarentales
La iniciativa no vinculante presentada por el PSOE ante la Comisión de Derechos Sociales alude, en genérico, a medidas para “facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de estas familias y mujeres, a través de servicios públicos como escuelas infantiles, ludotecas, programas de ocio y tiempo libre, servicios de apoyo para el cuidado infantil, que permitan una mejor distribución de los usos del tiempo de las personas que encabezan este tipo de familias y faciliten la participación de las mujeres en todos los ámbitos”.
Aunque aluda a la conciliación, no menciona en ningún caso la posibilidad de extender los permisos por nacimiento. Según la Encuesta Continua de Hogares (ECV 2020), citada en la PNL, en España existen 1.944.800 hogares monoparentales, de los cuales un 81,4% están encabezados por mujeres. Representan el 10,37% del total de los hogares españoles, según los datos de la European Anti-poverty Network (EAPN) correspondientes a 2021.
“En la actualidad, las madres que afrontan solas la crianza todavía luchan contra los estereotipos y las ideas preconcebidas sobre la maternidad en solitario y su encaje social, pero también luchan contra un sistema que hasta ahora no les ha dado suficiente reconocimiento mediante políticas públicas que visibilicen y recojan la especial protección que merecen”, reza el texto.
Una factura de 8.000 millones y un decreto por aprobar
En el documento elaborado hace dos años por Sumar para recoger sus exigencias antes de negociar la condición con el PSOE, se incluyeron las tres medidas sociales plasmadas en el real decreto ley pendiente de aprobar. Entonces se cifró en 336 millones de euros el coste que supondría financiar cada semana remunerada en los permisos de 8 semanas de cuidados (son al menos cuatro); en 237 millones la cantidad a invertir para costear la ampliación cada una de las cuatro semanas de permiso por nacimiento, y en 7,5 millones la cantidad necesaria para duplicar una semana de permisos a las familias monomarentales.
En total, sumarían más de 2.400 millones de euros, si bien desde la dirección de la coalición de Díaz hoy aluden a esos 8.000 millones de euros. También asumen que una cosa son sus posiciones de partida y otra lo que el PSOE, y especialmente la titular de Hacienda, acepten financiar.
En cualquier caso, la fecha en la que la norma aterrizará en Consejo de Ministros está por ver, y no pasó por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (CGSEYS) del jueves. Es el órgano que avanza el trabajo para el siguiente Consejo de Ministros. Tampoco está previsto hoy que sea debatida en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) el próximo martes. Su paso por estos órganos de trabajo no es absolutamente necesario, pero sí recomendable y habitual.
Fuentes de Moncloa sólo apuntan a que el decreto, en una configuración que todavía está por cerrar, previsiblemente será aprobado antes del inicio del próximo curso. Esto es: o lo hacen el próximo martes, o lo posponen para el siguiente Consejo de Ministros ordinario. En principio se celebrará el 26 de agosto, casi un mes después.
No creen que el presidente, en su comparecencia del lunes para evaluar y cerrar el curso, vaya a arrebatar esta bandera a su socio, anunciando su aprobación inminente. Sin asegurarlo con rotundidad, y salvo que las presiones de Díaz surtan efecto, apuntan a que el decreto tendrá que esperar hasta escasos días antes del arranque del nuevo curso. La vicepresidenta segunda quería poder celebrar una medida de calado antes del verano, pero tuvo que asumir el retraso del debate de totalidad de la reducción de jornada laboral por la falta de apoyos, y hoy se aferra a este decreto.