“La UPA garantiza en todo momento la confidencialidad de la víctima”. El Ministerio de Defensa defiende a Artículo14 los protocolos de actuación de la Unidad de Protección frente al Acoso, tras los testimonios recabados por este medio que los cuestionan.
Según informan estas mujeres militares, pese a que por ley se deba garantizar el anonimato de sus denuncias ante el acosador -ya sea sexual, por cuestión de sexo o profesional-, muchas de ellas terminan en manos del denunciado, que suele ostentar un empleo superior. A través de las declaraciones que ha publicado este medio, informan de que se produce en sus unidades de acuartelamiento una “campaña de hostigamiento” contra ellas, que provoca su baja psicológica, un expediente médico posterior que las declara “incapacitadas” para el Ejército y su consiguiente salida del mismo. La mayoría, con empleos de soldado o de cabo primero, sin reconocérseles los actos de servicio, y sin pensión.
“Las unidades de protección al acoso son pioneras. Se limitan a prevenir, proteger, y acompañar a la víctima. No juzgan”, explican desde Defensa. “A todos los jefes de personal se les imparten cursos periódicos sobre prevención por acoso sexual y por razón de sexo y acompañan a la víctima, sea hombre y mujer”.
Esta afirmación es la que niegan se esté produciendo tanto las mujeres -y algunos hombres- con los que ha contactado este medio, así como fuentes jurídicas pertenecientes al Ejército. “La UPA no funciona. Jamás aconsejo a una víctima que acuda allí”. Incluso, un militar que ha trabajado para la Unidad llega a afirmar que le supone un “un problema moral” inducir a la víctima a que se ponga en sus manos ya que, en sus propias palabras: “En realidad es ponerla a los pies de los caballos”.
Detallan que el militar opera de este modo ante el “respeto” por el superior del que depende su futuro, de manera directa o indirecta. “Son puestos de libre asignación, no quieren arriesgarse a no ser considerados de confianza”, añaden.
“Todos los casos se investigan”
“Todos los casos se investigan”, aseguran, por el contrario, desde el ministerio dirigido por Margarita Robles. “Luego son los órganos judiciales los que toman la determinación de cómo se hace el proceso”.
En el caso del Tribunal Militar Central, está integrado por tres miembros: dos pertenecen al Cuerpo Jurídico Militar, y y uno al de Armas o de la Guardia Civil. Esta composición, afirman, hace que en los juicios sea muy complicado garantizar la independencia que sí se consigue mediante la jurisdicción civil.
La solución más práctica que contemplan es que la UPA no la conformen militares, sino agentes externos a las Fuerzas Armadas. Según datos de Observatorio de Vida Militar, en los últimos dos años, de 84 denuncias interpuestas, ninguna ha terminado en condena. Y, en los últimos ocho años, de 265, apenas 43 sí lo han hecho.
Los canales de denuncia
Según explican desde el Observatorio de Vida Militar, las víctimas disponen de hasta cuatro canales diferentes de denuncia, que no son excluyentes entre sí: “1) denunciar por conducto reglamentario, 2) denunciar directamente a la autoridad con competencia sancionadora, 3) denunciar a través de la UPA, o 4) dirigirse directamente a la fiscalía o juzgado de la jurisdicción ordinaria o militar”.
Afirman que, desde el momento en el que se recibe la denuncia por cualquiera de las tres primeras vías “se activan todos los apoyos a la víctima que marca el Protocolo: inmediata adopción de medidas cautelares de protección y apoyo integral prestado por la UPA que resulte competente”.
Respecto a la actuación en caso de que la denuncie de presente por vía penal, afirman que “la víctima recibe igualmente protección y apoyos desde el momento en que la Fiscalía Togada comunica a la UPA la apertura del procedimiento judicial”.
Y citan un ejemplo, en cuanto a que en 2022 se realizó un apoyo a las mujeres denunciantes con la “incorporación de una terapia de psicotrauma para aquellas que lo requieren realizada por personal altamente especializado”. Según explican, “Esta terapia está siendo una ayuda muy importante para estas víctimas, pues así lo manifiestan continuamente”.
Pese a que no haya habido ninguna condena en los dos últimos años, aseguran: “Las denuncias tramitadas a través del Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo de las FAS están perfectamente regladas. Este protocolo lleva en funcionamiento 9 años, por lo que el grado de experiencia obtenido en su aplicación es elevado”.
E insisten en que el apoyo y protección a las mujeres denunciantes queda garantizado desde la presentación de la denuncia. “Incluso sin realizar ningún análisis previo, ya que cualquier militar que recibe un parte de este tipo está obligado a darle trámite en menos de 24 horas. Todas las denuncias, sin excepción, son remitidas a la autoridad disciplinaria”.
Sin reconocimiento del acto de servicio
Otro de los obstáculos que tendrá que asumir la denunciante es que les podrá denegar el acto de servicio, ya que necesitará demostrar que el acoso se produjo durante el mismo. Es decir, si tiene lugar mientras hace pruebas físicas, sí lo contemplará. Pero si el acoso se produce en un despacho, por ejemplo, no. Esto sucedió con el caso de una militar murciana, que fue expulsada en 2019 por no cumplir las condiciones “psicofísicas” para seguir en el Ejército. El precio que pagó por atreverse a grabar el miembro de su jefe mientras la acosaba, como llevaba haciendo durante dos años. Fue despedida sin indemnización, y sin reconocimiento del acto de servicio.