El Ejército español es el que más mujeres tiene de Europa, con un 13%. Y, a día de hoy, una decena de ellas se encuentra en la escala más alta de las FAS.
Se trata de una de las instituciones que genera más respeto, a falta de escándalos, y la frase “estoy dispuesta a dar mi vida por España” se escucha a menudo entre las jóvenes vocacionales que ingresan en el Ejército con un puñado de ilusiones.
Sin embargo, ninguna organización está libre de conflictos y delitos, y por eso existe la Justicia que defiende los derechos del individuo. Hay en la actualidad innumerables leyes y protocolos que combaten el acoso y el abuso sexual o por razón de sexo, ¿pero qué sucede cuando el sistema judicial está integrado dentro del propio Ejército?
A diferencia de otras instituciones, desde tiempos de Carlos V, en que la nobleza se adhirió a las Fuerzas Armadas para estar cerca del Rey, el Ejército cuenta con su propio Tribunal Militar Central -desde febrero, presidido por primera vez por una mujer, Begoña Aramendía-. Compuesto por los mismos militares con carrera jurídica.
Tras aprobarse en 2015 el Código Penal Militar que incorporó el acoso sexual, para generar más protección a las denunciantes, se estableció la UPA –Unidad de Protección frente al Acoso– un año más tarde. Según se desprende desde el propio Observatorio de la Vida Militar, la UPA “tiene por finalidad prevenir y proteger ante cualquier cualquier conducta susceptible de ser acoso sexual por razón de sexo y profesional cuando derive de los anteriores, y se convierten en un cauce voluntario en el trámite de las denuncias, potenciando con ello la inmediatez en la respuesta, el apoyo integral en la víctima y la confidencialidad”.
Según ha podido saber este periódico, en la realidad no lo garantiza en muchos casos. Es más, fuentes jurídicas tramitadoras de expedientes disciplinarios del Ejército informan a este medio: “La UPA no funciona. Jamás aconsejo a una víctima que acuda allí”. Incluso, un militar que ha trabajado para la Unidad llega a afirmar que le supone un “un problema moral” inducir a la víctima a que se ponga en sus manos ya que, en sus propias palabras: “En realidad es ponerla a los pies de los caballos”.
Estas fuentes -que prefieren permanecer en el anonimato, ya que están en activo-, afirman que la mujer interpone una denuncia en un formulario en el que añade todos sus datos, incluidos DNI y teléfono. Este formulario lo recoge un militar que trabaja en la unidad, y que suele entregárselo al propio denunciado. El militar opera de este modo ante el “respeto” por el superior del que depende su futuro de manera directa o indirecta. “Son puestos de libre asignación, no quieren arriesgarse a no ser considerados de confianza”.
De este modo, la denuncia suele quedar archivada, informan, con una presión a la víctima que se produce de distintas maneras (hostigamiento por parte del equipo, acoso profesional…). La situación llega al punto que la mujer se da de baja psicológica y se le abre un expediente médico -un año después a las militares de carrera, seis meses después a las temporales- para demostrar la incapacidad de la mujer para formar parte de las FAS.
Para más INRI, “En este tribunal médico la junta medico pericial puede ser un traumatólogo, un otorrino o un médico de familia opinando de psicología“, afirman. Este medio ha tenido acceso al informe en el que tres médicos generalistas, entre ellos una alergóloga, firmaban el documento.
Las mujeres se sienten muy seguras inicialmente a la hora de poner sus denuncias, ya que desde el propio Ejército se dan charlas por todo el ámbito nacional para animarlas a utilizar esos canales. “Se ha establecido un sistema para demostrar que todo funciona. El Ejército funciona, los protocolos funcionan, y la UPA funciona. Pero es un sistema para que acudas a ellos y el tema se quede ahí”, explican. “Es una jurisdicción que mira mucho hacia dentro a la hora de abordar estos casos, porque lo que prima es la imagen pública, la víctima queda en un segundo plano siempre”.
Estas descripciones podrían explicar el hecho de que, según datos del propio Observatorio de Vida Militar, en el periodo de 2022-23, de 84 denuncias no ha habido ninguna condena. Y, en los últimos ocho años, de 265, 43 han terminado en condenas.
Testigos de la “poca eficiencia” de la UPA, estas fuentes informan de que aconsejan a la víctima que vaya directamente al juzgado militar togado, no a la UPA. Hay tres requisitos necesarios: que el acoso sea dentro del recinto militar, que sean los dos militares, y que haya dicho acoso. Normalmente, si cumples dos de los tres requisitos puede salir hacia adelante.
La indefensión añadida que provoca la UPA a la denunciante, es que no es una parte procesal, por lo que no tiene conocimiento de las actuaciones que tienen lugar después de entregar el formulario con todos sus datos y no puede presentar pruebas. Además, salvo que haya algo flagrante no le van a aplicar medidas cautelares para garantizar su protección.
Cada vez, un número mayor de mujeres denunciantes asesoradas, o conocedoras de otros casos, prefieren optar por una denuncia civil antes que verse en un Tribunal Militar, en aras de conseguir una mayor imparcialidad.
La negación del acto de servicio
Otro de los obstáculos que tendrá que asumir la denunciante es que les podrá denegar el acto de servicio, ya que necesitará demostrar que el acoso se produjo durante el mismo. Es decir, si tiene lugar mientras hace pruebas físicas, sí lo contemplará. Pero si el acoso se produce en un despacho, por ejemplo, no. Esto sucedió con el caso de una militar murciana, que fue expulsada en 2019 por no cumplir las condiciones “psicofísicas” para seguir en el Ejército. El precio que pagó por atreverse a grabar el miembro de su jefe mientras se masturbaba delante de ella, como llevaba haciendo durante dos años. Fue despedida sin indemnización, y sin reconocimiento del acto de servicio.
Asimismo, este nexo causal también se puede romper en caso de la intervención de un tercero, un caso de fuerza mayor lo la culpa de la víctima, lo que justificaría si los informes médicos acreditan que un trastorno adaptativo nervioso, que puede ser considerado inherente a la denunciante si se considera que existe “predisposición”.
“Aquí no hay igualdad de armas”
La ley 38/2007 de la carrera militar establece el organigrama de mandos en la cadena militar, una estructura jerárquica que se sustenta en el mando y la obediencia. “En la calle, ya puede ser el director del BBVA denunciado por la cajera del Mercadona que llegan en igualdad de condiciones. En el Ejército no. Aquí no hay igualdad de armas, la propia ley militar lo dice”.
Según su propia experiencia, explican que en caso de ser la víctima un sargento o un suboficial, la denuncia podrá ir hacia adelante, “o si tiene un padrino”. En la mayoría de los casos, además, las víctimas ni siquiera conocen sus derechos, porque, según explican, al generar un clima de máxima confianza a través de las conferencias no lo ven necesario. “No saben que pueden ir al estatuto de la víctima del delito”.
Un agente externo dentro de la UPA
¿Cuál sería la solución? A criterio de estas fuentes, la UPA tendría operaría con mayor rigor y, en definitiva, justicia, si estuviera integrada por profesionales ajenos a la institución, como un abogado independiente, o el Defensor del Pueblo.
Incumplimiento de la ley
“Defensa se compromete a salvaguardar el derecho a la intimidad y confidencialidad ante la presentación de todo parte militar o denuncia en materia de acoso”, establece el protocolo en su punto 3.7. Asimismo, la ley de Igualdad de 2007 obliga en su artículo 67 a que se aplique de igual manera en el ámbito de las Fuerzas Armadas.
No sólo la jurisdicción del ámbito nacional protege el anonimato de las víctimas, sino que también la Directiva Europea de Protección de Denunciantes 1937/2019. Según la Comisión Europea, España encabeza el listado negro de los Estados más incumplidores de la normativa europea. En total, 91 casos activos.
