El Gobierno ha dado el pistoletazo de salida para blindar el derecho al aborto en la Constitución, aunque sabe que el Partido Popular no pretende prestarle los votos necesarios para culminar esta reforma. Y pese a que hay dirigentes del PSOE que ya anticipan que el PP no cambiará de tercio. Pero sí creen que este debate servirá para ahondar en la división que genera esta materia en el partido, y para “retratarles”, afirma un dirigente.
En este escenario, el socio minoritario de la coalición, Sumar, que fue quien inicialmente peleó por esta modificación, aspira a lograr cambios en la redacción de la reforma que lanzaron el martes desde el Consejo de Ministros. Toca recabar informes como el del Consejo de Estado, cuya presidenta, Carmen Calvo, deslizó el viernes que preferiría que el blindaje de la interrupción voluntaria del embarazo se incluyera dentro de los capítulos que recogen los derechos fundamentales, como ha planteado el Ejecutivo.
“Tiene que estar protegido de manera certera”, recetó durante la presentación de la Memoria 2024 del Consejo de Estado. Por si había dudas, precisó que, a su entender, este derecho pertenece “al tronco de la libertad, que está fundamentado en el artículo 10 de la Constitución”. Su informe no es vinculante, pero sí preceptivo, y el Gobierno debe recibirlo antes de llevar la reforma al Congreso, previsiblemente en enero.
Sumar no discute que se introduzca en el artículo 43 de la Carta Magna, como recoge el texto, negociado con los socialistas casi hasta el minuto previo a su aprobación en Consejo de Ministros. Lo que reclama es “una propuesta más amplia y garantista”, según fuentes del socio minoritario. Y esto pasaría por incluir los conceptos de “integridad” y “dignidad” en la redacción del nuevo artículo, para garantizar su efectividad.
El debate sobre si debería blindarse como derecho fundamental sigue vivo entre sus aliados parlamentarios y entre distintos expertos, aunque no en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Entre otras cosas, porque requeriría de una convocatoria electoral y de la disolución de las Cortes Generales, un escenario que el presidente no tiene previsto afrontar hasta 2027.
La intención de la formación de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, es concentrar esfuerzos en “pulir” el texto de una reforma que empezaron a plantear en 2024. Recibieron un portazo del Ministerio de Igualdad. Retomaron esta propuesta exactamente un año después, a las puertas del 8-M.
Y la reavivaron hace escasas semanas, como anunció la portavoz de su grupo parlamentario, Verónica Martínez Barbero, en una entrevista en estas páginas. Seis días después, consciente del desgaste que suponía para el PP, Sánchez decidió dar cumplimiento al mandato de su último congreso federal (diciembre de 2024) y mover ficha en esta dirección.
Los datos sobre los abortos practicados en 2024 en la sanidad pública y en la privada, así como las diferencias incluso entre comunidades gobernadas por el PP, o las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso negándose a crear un registro de sanitarios objetores de conciencia, han servido como gasolina para que el Ejecutivo abra una nueva batalla cultural contra los conservadores. Saben que el voto femenino es vital para el PSOE, y creen que es un debate ganado en la calle.
Dirigentes del PSOE plantean un referéndum consultivo
El martes, en su segunda entrevista en un medio nacional este año (Cadena SER), Sánchez dejó la puerta abierta a celebrar un referéndum ciudadano que pueda probar que el aborto es concebido como un derecho más allá de la sentencia del Tribunal Constitucional que así lo establece. O de las leyes que lo asientan.
“De momento no está sobre la mesa, ni tampoco fuera de ella”, despejan desde el Ministerio de Igualdad, donde apuestan por aguardar para ver “cómo se desarrollan los acontecimientos”. En el PSOE, hay dirigentes que apuestan por la convocatoria de este referéndum consultivo, que serviría para que el PP tenga que afianzar y explicar sus posiciones. “Caretas fuera”, pide un dirigente con asiento en la Ejecutiva.
Una líder regional asume que éste es “un espacio que hay que explorar”. Recuerda los intentos del exministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón (PP) por aprobar una norma regresiva, que logró aglutinar en su contra a cientos de miles de mujeres.
“Siempre vuelven ahí”, recuerda. Gallardón cayó (2014), y el Gobierno de Mariano Rajoy tuvo que “flexibilizar” sus posiciones. “Siempre que pueden, vuelven a cuestionar el derecho al aborto”, apostilla. A su juicio, “la única manera de que se blinde y no haya cuestionamiento es que sea la ciudadanía la que diga que el aborto es un derecho y que no se toca”, zanja.
En Sumar, hoy por hoy, no quieren posicionarse sobre la opción de convocar esta consulta. Sólo insisten en que el texto es mejorable, sin querer avanzar más pantallas.