Nada hacía sospechar al comienzo de la legislatura que la regulación del aborto fuera a ocupar el debate público. Ni los programas electorales, ni el debate en las calles llevaban a pensar que, de pronto, la interrupción voluntaria del embarazo estaría en boca de los partidos políticos.
Una encuesta de Metroscopia publicada por Artículo14 en abril de 2024 —en la primera semana de vida de este periódico— revelaba que el 60% de las mujeres españolas se posicionaba a favor de que el derecho al aborto estuviera incluido en la Constitución, todo ello a raíz de que Francia se convirtiera en marzo de 2024 en un país pionero al garantizar la libertad reproductiva y sexual en su Carta Magna. Sin embargo, los grandes partidos, PSOE y PP, se pusieron de perfil en aquel momento. Los socialistas porque no veían la oportunidad política de dar esa batalla y los populares porque se sentían ante un terreno resbaladizo en sus filas (divididas históricamente a ese respecto).
Pero la reciente decisión del Ayuntamiento de Madrid, tras una propuesta de Vox respaldada por el PP, de anunciar una nueva medida pública para informar del “síndrome post aborto” propició una sacudida a la cuestión del aborto. El PSOE, que pisa terreno firme en este debate, no dudó en anunciar acciones legales para evitar que los funcionarios municipales tuvieran que informar de tal síndrome (no descrito científicamente), mientras que el PP, arrepentido de haber dado al “síndrome post aborto”, trató al poco de deshacer el laberinto en el que se había metido.
“Una trampa”
“Es un incendio innecesario“, lamentan dentro de la dirección nacional del PP, tal y como explicó Artículo14. “Es un debate complejo para nosotros y es un error caer en la trampa”, dicen.
Pero ya era demasiado tarde. La dirección del PSOE vio la oportunidad política de dar, ahora sí, una batalla ideológica para frenar “la ola reaccionaria” que amenaza España. Una ocasión única para polarizar siguiendo la estrategia que mejor funcionó a Pedro Sánchez para mantenerse a flote en las generales de julio de 2023: la de advertir que se aproximaba una ultraderecha a las instituciones apadrinada por el PP.
Así que los socialistas se han cargado de munición política impulsando una modificación de la Constitución para blindar el derecho del aborto (exactamente la medida que ignoraba hace un año y medio) y promoviendo mociones por todo el territorio nacional.
El PSOE presentará mociones en todos los territorios para blindar el aborto y fiscalizará los cribados de cáncer.
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— PSOE (@PSOE) October 16, 2025
Al fin y al cabo, no hay que irse tan atrás el tiempo para traer de vuelta una lección histórica. Fue entre 2013 y 2014 cuando el Gobierno de España, entonces dirigido por Mariano Rajoy, acusó un notable desgaste con la ley Gallardón (titular de la cartera de Justicia). Alberto Ruiz Gallardón redactó un proyecto de ley que eliminaba los plazos para el aborto libre hasta la semana 14. Y establecía que la interrupción del embarazo solo debía contemplarse en dos supuestos: por violación o por un “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica” de la mujer (una gravedad que tenían que certificar dos médicos).
La sociología del PP
Una encuesta de Metroscopia de la época se reveló demoledora: el 80% de los encuestados rechazaba la ley Gallardón, el 68% de los votantes del PP sostenía que la mujer debe decidir libremente y el 78% temía que la reforma provocara más abortos clandestinos.
El proyecto tan siquiera llegó a debatirse en el Congreso porque Rajoy frenó en seco. Gallardón, que pasó a ser el ministro peor valorado, perdió la confianza del presidente del Gobierno y ahí acabó su carrera política, nada más y nada menos que la de todo un expresidente de la Comunidad de Madrid y exalcalde del Ayuntamiento de Madrid.