Pedro Sánchez acudió al Congreso de los Diputados este miércoles para explicar el origen del apagón del 28-A. Y salió del Palacio de la Carrera de San Jerónimo sin desvelar un sólo dato relevante sobre por qué la España peninsular y Portugal quedaron totalmente a oscuras durante varias horas el último lunes del mes de abril.
En público y en privado, en el Gobierno repiten que diez días después aún no tienen un diagnóstico de lo ocurrido, y se preparan para resistir en silencio, hasta contar con información “fiable”, aunque para ello deban esperar meses. “Aguantaremos el tirón”, sostienen fuentes del Ejecutivo.
Lo harán “aunque nos acusen de ocultar información”, afirman. O aunque la oposición o los distintos actores que pueden haber tenido responsabilidad en los hechos aprovechen el vacío comunicativo y sigan ofreciendo sus propias explicaciones sobre lo que pudo ocurrir, con el daño que pueda provocarles no poder ni esbozar una explicación.
Por una parte, reconocen que temen que el relato “apocalíptico” de la oposición pueda calar. “La ofensiva es fuerte”; “quieren hacer creer que ocultamos datos”, aseguran desde el Gobierno. “A nadie le gustaría más que al Gobierno de España salir y poder decir que tenemos un indicio claro, o que podemos descartar” otro, afirman.
Por otro lado, asumen que toca mantener el silencio y dejar trabajar a la comisión de análisis del Ejecutivo, que vuelve a reunirse este jueves: “No vamos a inventar”. El presidente hizo este miércoles, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, un importante esfuerzo para desacreditar los mensajes de Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y hasta de Ione Belarra, que le acusan de guardarse la información.
Sánchez logró desplazar el eje de su comparecencia, que debía pivotar sobre el incremento del gasto en defensa y sobre por qué se produjo el apagón. En su lugar, consiguió centrarlo todo en el modelo energético.
Esto es: usó su comparecencia para revalidar su apuesta por las energías renovables y retratar a PP y PSOE como “lobbistas” del sector nuclear. Pero, cuando acabó la sesión plenaria, la incógnita sobre el apagón seguía ahí. El Gobierno podía vender que Sánchez había logrado sus objetivos pedagógicos, pero no había aportado nueva información.
El escenario temporal con el que juegan es largo, y puede extenderse a un máximo de seis meses. Este es el plazo que se ha dado la UE para desarrollar y culminar su propia investigación independiente. El periodo máximo para que el Ejecutivo entregue a Bruselas su informe con los avances de sus pesquisas -no tiene que ser “concluyente”, aseguran-, es de apenas la mitad.
El Gobierno es consciente del interés colectivo por conocer qué pasó, pero trabajará con estos máximos temporales e intentará que las prisas no le jueguen una mala pasada.
El Ejecutivo señala ahora a las energéticas
En apenas 10 días crisis el Gobierno ha tenido varios tira y afloja con Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica. Corredor, exministra socialista, pasó de verse muy cuestionada en los primeros días a que el Ejecutivo le expresara su apoyo y su respaldo. Por lo menos, hasta que se aclare lo ocurrido.
“No tenemos duda de que ha hecho un buen trabajo”, afirman fuentes de Moncloa. “Están convencidos de que el problema no es suyo”, redundan. Pese a que el Estado, a través de la SEPI, es el mayor accionista de Red Eléctrica (20%), repiten que no tienen mucho más margen para exigir respuestas: “No controlamos Red Eléctrica”.
Como ocurre con el operador, las energéticas esgrimen que tampoco ellas localizan un error propio. La cifra de 765 millones de datos a analizar sobre el 28-A, esgrimida por Sánchez en la tribuna de oradores del Congreso, da cuenta de la enorme complejidad del trabajo pendiente.
Y hay otro factor, que Moncloa señala cada vez con más contundencia, y que tiene que ver con las “indemnizaciones millonarias” que previsiblemente tendrá que costear quien se demuestre responsable del apagón. “Todos dicen que ellos no son”. “Por eso hemos pedido todos los datos”, apuntan. Los datos brutos, no sólo la información ya estructurada por cada un de los respectivos actores.
Por lo pronto, va perdiendo fuelle la hipótesis del ciberataque, que según las partes consultadas suele ser más fácil de detectar. Tampoco existe un diagnóstico preeliminar firme sobre el origen del fallo. Esta ausencia de respuestas genera preocupación, pero 10 días después del apagón se ven capaces de aguantar el tipo hasta que tengan claro qué ocurrió.
La factura puede encarecerse en mayo
El sistema sigue operando en modo “reforzado”, sin que el Ejecutivo sepa precisar cuándo dejará de proceder de este modo. “Se están reforzando el mix energético, y eso encarece la factura”, reconocen desde el Ministerio de Transición Ecológica, capitaneado por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen.
Aún no tienen estimaciones sobre cuánto se incrementará el precio de la luz. Ni saben hasta cuándo seguirán operando de esta forma, pero nadie quiere exponerse a nuevos errores cuando aún no se ha detectado dónde falló el sistema.
Tensión antes de la votación del decreto antiaranceles
Por otra parte, el Congreso de los Diputados votará este jueves el real decreto ley antiaranceles, el plan del Ejecutivo para movilizar algo más de 14.000 millones de euros en avales y créditos para ayudar a empresas que exportan a EEUU, ante la guerra arancelaria anunciada por Donald Trump, hoy sólo parcialmente en vigor.
La anunciada abstención de Podemos y el voto a favor de Junts y otros socios garantizan al Gobierno los votos necesarios, incluso si el PP acaba votando en contra. Esto, sobre el papel. Porque, después de año y medio de sobresaltos, hoy afirman que no están dispuestos a apostar nada cuando Junts está en la ecuación. Hasta que no se vota no se atreven a respirar con alivio.