El juicio de Begoña se retrasa por un “error técnico” de Peinado con los informes de la UCO

Begoña Gómez tiene pendiente un juicio con jurado popular por tráfico de influencias y malversación. En principio, se prevé que la mujer del presidente del Gobierno se siente en el banquillo de los acusados en el otoño de 2027. Si bien, un último error técnico del juez instructor de la causa, Juan Carlos Peinado, podría retrasar dicha fecha. Aún la causa no ha sido enviada a la Audiencia Provincial, un trámite que debería haber sido rápido tras el cierre de la instrucción.

Resulta que, en uno de sus últimos autos, el juez tuvo que admitir una petición del abogado de Gómez, Jaime Campaner. El letrado se percató de que el magistrado había permitido a la acusación popular, liderada por Hazte Oír, adjuntar informes de la UCO al completo. Algo ilegal en los procesos con juicio con jurado. Los ciudadanos anónimos que juzguen a Gómez por ley han de ir “vírgenes” de material sumarial y policial. Esto es, son ciudadanos que no pueden estar sesgados por interpretaciones que a lo largo de dos años de instrucción haya ido haciendo la UCO. Por eso, solo pueden enviarse extractos concretos de esos informes como tablas de datos o gráficos.

Peinado tuvo que acceder a esta solicitud en uno de sus últimos autos antes de jubilarse, y dejó encargado a un letrado de la administración de justicia esta criba de una instrucción que cuenta con numerosos informes de la UCO, 28 tomos y más de 5.000 páginas.

En estos momentos, el LAJ sigue filtrando documentación para enviar a la Audiencia Provincial el caso. Campaner ha solicitado que cuando termine el trámite, el juzgado “especifique qué concretos testimonios se van a remitir al órgano de enjuiciamiento” finalmente. El abogado no se fía de lo que vayan a enviar y no descarta introducir una cuestión previa en la fase intermedia por “una indebida inclusión en los testimonios de diligencias reproducibles”, reza uno de sus últimos escritos al que ha tenido acceso Artículo14.

La fase intermedia es en la que se asigna a un magistrado presidente del tribunal. Este juez es el encargado de resolver cuestiones previas y decidirá al mismo tiempo las pruebas que admite, quién pasará a testificar y cuándo será el juicio. Cabe recordar que Hazte Oír quiere que vaya Pedro Sánchez a declarar.

Es ahí cuando, si es pertinente, Campaner se quejará del material que se quiere enviar al jurado. Pero no va a ser la única reclamación que haga a la Sala antes del comienzo del juicio. Intentará en una última maniobra archivar el caso antes de que Gómez llegue al banquillo de los acusados.

Otra de las cuestiones previas clave para Campaner es intentar tumbar el escrito de acusación de Hazte Oír por un motivo similar al que venimos explicando en este artículo. El escrito de acusación es uno de los documentos con los que cuentan los nueve ciudadanos anónimos que pondrán la pena a la mujer del presidente. Campaner considera que no es válido porque incluye declaraciones que se han ido recogiendo a lo largo de la instrucción e informes policiales. Y precisamente esto es, según el abogado, lo que prohíbe la ley para evitar contaminar y sugestionar a las personas anónimas antes del juicio. Por tanto, el escrito en sí es técnicamente inservible porque no se puede presentar ante el tribunal.

Las fuentes consultadas aseguran que de esta forma se puede tumbar el escrito de acusación, aunque lo ven improbable: “Dependerá de a quién asignen como presidente de la Sala”, aseguran. En la mayoría de casos, esta cuestión no tendría trascendencia porque la acusación a la que se le tumba el escrito se adhiere a otra de las acusaciones. Pero en este caso solo hay un escrito de acusación a valorar porque la Fiscalía no acusa, sino que pide el archivo de la causa al no ver delitos. Por tanto, la causa depende de la acusación de Hazte Oír, que puede tumbarse y con ella caer el resto del caso antes de la celebración de juicio oral.

Cabe recordar que la acusación popular que ejerce Hazte Oír solicitó una pena de 13 años de prisión para Begoña Gómez y 6 años para Cristina Álvarez.

En el auto de apertura de juicio oral, Peinado deja claro que Gómez se valió de su condición de esposa del presidente del Gobierno para favorecer su trayectoria en la Universidad Complutense: “Habría venido aprovechando su proximidad al Presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo para ello una interlocución singular con responsables de una universidad pública, con empresas patrocinadoras y con entidades del sector tecnológico, al tiempo que recababa apoyo, financiación, colaboración y respaldo institucional y empresarial para la creación, desarrollo y expansión de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva y de los proyectos surgidos en su seno, extremo que, en su conjunto, presenta rasgos susceptibles de integración en el delito de tráfico de influencias”, zanja el juez tras dos años investigando.

Asimismo, cree que cometió malversación por dos aspectos. Por un lado, porque se valió de los servicios de su asesora en el Palacio de la Moncloa para buscar financiación para la cátedra. Resulta que Álvarez redactó correos electrónicos a empresas buscando dinero para la cátedra que dirigía la mujer de Pedro Sánchez. Por eso, cree Peinado que usó dinero público (el salario de Álvarez) para sus negocios privados. Por otro lado, cree que también hay malversación en el momento en el que quiso presuntamente adueñarse de un software que desarrolló la empresa privada como herramienta didáctica.

Por ello, la Complutense, que está personada como perjudicada, cree que tuvo un perjuicio económico de más de 100.000 euros. De ahí que Peinado haya decidido atribuir la responsabilidad civil a las dos acusadas para que paguen al ente público la multa correspondiente.