Presuntos corruptores y corruptos llevan la misma estrategia ante el juez: negar mordidas y adjudicación de obra pública ilícita. Terminada la ronda de declaraciones en el Tribunal Supremo, ninguno se ha desmarcado de la táctica de reivindicar su inocencia y evitar perjudicar al resto de imputados que, presuntamente, formaban parte de una organización criminal liderada por Santos Cerdán. Para ellos, no existió ni el amaño de obra pública, ni el pago de mordidas a cambio. Eso sí, no niegan la relación que mantuvieron durante años.
Este lunes, declaró ante el juez uno de los principales corruptores de la trama, Antxón Alonso, socio y amigo de Cerdán. Es el dueño de Servinabar, la empresa mediante la cual, supuestamente, se asociaba con Acciona para concurrir juntas en adjudicaciones de obra pública que están bajo la lupa.
Formaban Uniones Temporales de Empresas (UTES) y gracias a la intermediación del triángulo que incluía a José Luís Ábalos y Koldo García conseguían esos proyectos. Alonso admitió este vínculo con Acciona y que confluyeron en 20 licitaciones de las que fueron adjudicataria “en 5 o 6”. Servinabar se ocupaba de la prevención de riesgos laborales.
Alonso solo respondió a las preguntas de su defensa. Y se limitó a especificar los detalles de la primera vez que confluyó su empresa con Acciona, en una obra de una mina que no contó con dinero público. Tildó de “despropósito” que se le sitúe como el inicio de la trama y se quejó de la situación que atraviesa su familia, que lamentó “estaba muy afectada” por la relevancia mediática de la causa.
El empresario ratificó su amistad con Santos Cerdán, al que conoció cuando el PSOE estaba en la oposición en Navarra. Siguiendo la versión del ex secretario de Organización socialista, restó valor al contrato de compraventa que encontró la UCO en su domicilio mediante el cual le transfería a Santos Cerdán el 45% de las acciones de Servinabar. “No fue hacia delante, no fuimos al notario, él rompió su papel yo el mío no porque me gusta guardar estas cosas y la uco verá que tengo documentos de más de 20 años”, afirmó.
La UCO presentó como una posible mordida el pago de una casa a Santos Cerdán por parte de Servinabar en Madrid. Sin embargo, Alonso dijo que la pagaba su compañía, pero que la disfrutaron ambos porque durante un tiempo “fueron compañeros de piso”.
Donaciones a la fundación de Ábalos
Además, reconoció donaciones a Fiadelso, la fundación ligada a José Luis Ábalos: “Fue una donación aislada que se deduce fiscalmente pero hacemos muchos más: a un equipo femenino de futbol, de rugby, a Save the Children etc. Es por compromiso social”, explicó.
Y también admitió haber hablado con Koldo García de obras, aunque aseguró que se trataba de proyectos privados cuando el ex asesor de Ábalos no tenía ningún cargo público.
Versión a la que el juez Leopoldo Puente no dio ninguna validez. En el auto para interponer como medida cautelar la comparecencia en sede judicial cada quince días y prohibición de salir del país, subrayó que “no se explica tampoco fácilmente”.
Merino también lo niega todo
Por su parte, Fernando Merino, el ex director de Acciona en Navarra, siguió la misma estrategia ante el juez de negar delitos, si bien respondió a las preguntas tanto del magistrado como del fiscal. Merino dijo conocer a Koldo García porque en 2015 era comercial de Geolcali, una empresa que también trabajó en el proyecto de la mina para “los servicios auxiliares”. Y reconoció pagos al ex asesor de Ábalos porque “a veces hacía servicios para Acciona por ejemplo en proyectos de ubicación y hacía falta sondeos o catas, y él se acercaba con su coche y hablaba con el propietario de la parcela”.
Merino no fue preciso explicando la necesidad de que un gigante como Acciona se tuviera que asociar con una pequeña empresa como Servinabar para conseguir adjudicaciones. Aseveró que es “una práctica habitual tener un socio local, y Servinabar ya estaba trabajando para la mina, por eso se constituyó la UTE porque ya tenía experiencia”. Eso sí, apuntó a los altos cargos de Acciona para materializar la unión de ambas compañías: “No constituí nada. Las UTES siempre las firmaban mis superiores”, aseveró ante el juez.
Además, desmintió que las facturas del bar Franky fueran para lavar dinero: “Todas las facturas son reales de comidas reales, yo iba allí”, aseguró.
Admitió que introdujo a sus cuñados, los hermanos Fernández Menéndez, dueños de otra de las empresas clave en la trama, en el ministerio de Transportes “para facilitarles el acceso a que conocieran al Sr. Koldo”. Y enmarcó en la normalidad el propósito: “Sólo le pedí un poco de ayuda para agilizar la agenda, para tener acceso a los organismos con los que trabaja”, relató ante el juez.
También restó importancia a las conversaciones incautadas por la UCO en las que hablaba con Koldo García de la obra pública: “Sin más, no tenía ningún interés específico”, dijo. Y rechazó que estuviera involucrado en el reparto de cargos dentro del ministerio tras la llegada de Ábalos. En este sentido, aseguró que fue “un error” que Koldo García le enviara la tabla con las personas que la trama quería que ocupara ciertos cargos para, presuntamente, facilitar la adjudicación de obra pública.
Por último, reconoció conocer a Santos Cerdán pero volvió a enmarcarlo en la normalidad de su actividad como ex directivo de Acciona: “Suele ser habitual conocer a los agentes sociales cuando llegas a un sitio, era el jefe de la oposición”, apuntó ante el juez.
Al igual que con Alonso, el juez no se creyó a Merino que salió del Alto tribunal con las medidas cautelares: comparecencia quincenal y prohibición de salir del país.
