Fin a la recogida de firmas del Partido Popular apenas una semana después de anunciarla. La dirección nacional del partido dio orden a todas sus estructuras territoriales para que recogieran firmas en las calles por la subida de las pensiones. El plan lo hizo público Cuca Gamarra, que habló de una ofensiva social y política, junto a los portavoces parlamentarios de la formación. Este miércoles, se trasladó la directriz de interrumpirla.
La razón no ha sido otra que el giro de posición de Alberto Núñez Feijóo, que anunciaba a través de las redes sociales que el PP votará a favor del nuevo decreto ómnibus a pesar de que este incluye el polémico inmueble de París para el PNV.
En consecuencia, las estructuras territoriales, que tenían diseñada un plan de acción para montar mesas en los próximos días, han decidido abortar la recogida de firmas. “No tiene ningún sentido”, corroboran las fuentes consultadas.
Así lo comunicaba el PP de Madrid a sus cargos, según ha podido saber este periódico: “Queridos compañeros. Tras el anuncio de nuestro partido de votar a favor del decreto, paramos campaña. Así que estos días no es necesario que mantengáis las mesas que habíais programado”. El mensaje termina con una disculpa por parte de la dirección regional de la formación.
Públicamente, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, rehusó hacer declaraciones durante la jornada sobre la decisión de Feijóo, que ha generado un importante debate interno. Mientras destacados barones del PP defienden la decisión, otros cargos interpretan que esto hará aún más fuerte en términos electorales al partido decisión Santiago Abascal.
En concreto, el Partido Popular anunció este miércoles en las redes que votará a favor del decreto ‘ómnibus’ pactado entre Gobierno y Junts para revalorizar las pensiones y bonificar el transporte público, a pesar de que sigue “radicalmente en contra” de que el Estado traspase al PNV el palacete que alberga la sede del Instituto Cervantes en París y que está valorado en 15 de millones de euros.
De hecho, el principal partido de la oposición promete que llegará “hasta donde haga falta” para impedir que los nacionalistas vascos se hagan con este edificio situado en el paseo de Marceau. Sus servicios jurídicos ya analizan la posibilidad de que esta “donación” constituya un delito de “financiación irregular”, pero el PP permitirá con su voto que se convalide. Y lo hará “por los pensionistas, los valencianos y los usuarios de transporte”, según confirmó en un comunicado publicado en sus redes sociales.