Alberto Núñez Feijóo comunicó a Zarzuela que no acudirá a la apertura del Año Judicial antes de hacerlo público a través de los medios de comunicación. Así lo desvelaron a Artículo14 fuentes autorizadas de Génova, y confirmó después la Casa del Rey. “Por supuesto lo sabían”. Una decisión “personal” del jefe de la oposición para “no lavar la cara” al Fiscal General del Estado, a punto de sentarse en el banquillo de los acusados. “Como partido, no vamos a participar en esta anomalía institucional”, exponen desde su entorno.
Así, por primera vez, el Partido Popular no estará representado en un acto tan relevante como la apertura del Año Judicial. Esto es, no acudirá Feijóo ni tampoco ningún miembro de la dirección nacional. “Lo anómalo no es que no vaya Feijóo, es que el fiscal general haya decidido asistir a pesar de estas procesado por el Tribunal Supremo”, se reafirman en la decisión, de gran calado político.
“La fotografía de hoy en Zarzuela es impropia”
Feijóo es consciente de que su plantón supone un punto de inflexión, pero argumenta que “el culpable” de esta situación es Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, por “no forzar” el cese de Álvaro García Ortiz. De hecho, creen que ya este miércoles se traspasó una línea roja “al condenar” al jefe del Estado a recibir en Zarzuela al fiscal general. “Es una fotografía también impropia”, subrayan en el equipo de Feijóo.
Para el principal partido de la oposición, Moncloa está ejecutando una operación de “desprecio” a la Corona que suma ya varios capítulos. “Lo que estamos viviendo no tiene precedentes. A Sánchez no se le exige ser monárquico, se le reclama respetar las instituciones del país”.
Así, para el PP, “lo que perturba” la apertura del Año Judicial no es la ausencia de Feijóo en el acto sino el procesamiento de García Ortiz y las críticas vertidas a algunos jueces por Pedro Sánchez este lunes, en una entrevista en TVE. “Es una barbaridad y no vamos a participar en ello”, sentenciaron las fuentes consultadas.
Mensaje a los barones
Un mensaje rotundo de Feijóo que también es un aviso a los cuadros de su partido, y en concreto a los barones territoriales más moderados que suelen reivindicar la institucionalidad del PP. “No somos nosotros los que estamos rompiendo la institucionalidad, lo está haciendo Sánchez. Es el Gobierno el que ha manchado el acto del viernes”. Una tesis compartida por algunos presidentes autonómicos consultados por este periódico. “No se rompe lo que ya está destrozado”, en palabras de un barón territorial.
Así, en paralelo al acto convocado por el Poder Judicial en el Supremo, Feijóo participará el viernes en la inauguración del curso político del PP de la Comunidad de Madrid junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que está convocado para “el mismo día y a la misma hora”.
Reforma del estatuto del fiscal
En paralelo, tal y como avanzó Artículo14, el Partido Popular prepara cambios en la normativa del ministerio fiscal para que escenarios como el actual, con el Fiscal General del Estado negándose a dimitir pese a estar imputado, no se pueda producir. Una propuesta ya pulida por un grupo de expertos y que conllevaría la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Actualmente, la ley que regula las competencias del fiscal general del Estado no permite que el Ejecutivo cese al fiscal general. En el artículo 31 de la citada norma se recogen los casos en los que un Gobierno puede dar ese paso. Existen cinco supuestos: que sea a petición propia del fiscal, que este haya incurrido en alguna incompatibilidad, en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones o cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto.
Precisamente, en Génova se atan al cuarto supuesto, que se reformaría o reformularía, para el cese inmediato del fiscal general en caso de imputación. “Que se le esté procesando por filtrar datos de la pareja de una dirigente política es un incumplimiento grave de sus funciones”, argumentan fuentes de la dirección nacional.
Es Cuca Gamarra, la vicesecretaria general de Regeneración Institucional, la encargada el denominado plan de calidad democrática, que este periódico ya avanzó en exclusiva la pasada semana, y que incluirá también una reforma legal para ir a elecciones si el Ejecutivo prorroga los Presupuestos Generales dos veces seguidas.