La situación es inédita en la historia de la democracia de nuestro país. Nunca antes un fiscal general había tenido abierta una causa penal y nunca antes había estado tan cerca del banquillo de los acusados. Este martes, la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo avaló la instrucción del juez Ángel Hurtado al ver suficientes indicios de un delito de revelación de secretos sobre Álvaro García Ortiz.
Considera la Sala que el fiscal general pudo ser el filtrador del correo del 2 de febrero intercambiado entre la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal de Delitos Económicos Julián Salto. Y ello a pesar de que el correo estuvo en un buzón genérico de la Fiscalía días antes. Pero el tribunal dice que nadie “advirtió de la importancia de este” hasta que dos horas antes de la filtración García Ortiz reclamó los correos. Por eso cree la Sala que resulta “irrazonable” considerar que la filtración procediera de “fuentes ajenas a la Fiscalía General” porque “nadie, desde luego, lo había filtrado con anterioridad”, reza el auto.
Eso sí, de los tres magistrados solo dos sustentan esta tesis. El magistrado Andrés Palomo discrepa de plano de esta argumentación, y en su voto particular considera que el correo fue filtrado por periodistas antes de que llegara al poder de García Ortiz, así como que “no está justificado” que haya podido ser el filtrador. Por eso pide el archivo del caso.
Sin embargo, la mayoría de la Sala aboca a que el juez instructor redacte el auto de apertura de juicio oral para procesar al fiscal general definitivamente y sentarlo en el banquillo de los acusados. García Ortiz ya ha dicho que no va a dimitir, el Gobierno le mantiene el apoyo y tampoco tiene competencias para destituirlo, por lo que acudirá a su juicio siendo fiscal general. Una situación cuanto menos incómoda para el fiscal del Tribunal Supremo al que le toque asumir la acusación de su propio jefe.
Por eso, y por la situación en la que deja la institución, hay malestar creciente entre los fiscales del Supremo, que creen que García Ortiz está actuando como “un delincuente y un militante político”. Fuentes del Alto Tribunal ven imposible apartarlo del cargo con el auto del juicio oral porque atiende a una cuestión “administrativa y no jurisdiccional”. Y precisan que solo “la podría acordar la fiscalía general del Estado y no la va a aprobar”.
Tampoco se podría suspender temporalmente al fiscal general con el auto de apertura de juicio oral como una medida cautelar porque solo se acordaría esta medida para asegurar “la eficacia de una eventual sentencia”, y no es el caso, aseguran las fuentes consultadas.
Por tanto, a la cúpula fiscal solo le queda pedirle la dimisión en la Junta de fiscal de Sala en la que García Ortiz tiene mayoría de afines, que la rechazarán, según las fuentes consultadas. De hecho, recientemente, ha nombrado a tres fiscales de la Unión Progresista de Fiscales, asociación de su sensibilidad política. Por tanto, “doce firmaríamos la petición de dimisión frente a diecinueve que irían en contra”, asegura uno de los fiscales a Artículo14.
Pese a que en la cúpula fiscal cuenta con el apoyo de sus afines, la mayoría de la carrera fiscal quiere García Ortiz se aparte. Recuerdan que la ley del Poder Judicial dispone en su artículo 511 que todo funcionario quedará suspendido temporalmente del ejercicio de sus funciones “cuando por cualquier delito doloso el instructor dicte auto de prisión, de libertad bajo fianza, de procesamiento o de apertura de juicio oral en el procedimiento abreviado”.
Es por ello que fiscales del Supremo consultados por este periódico creen que García Ortiz “debería ser suspendido de sus funciones como cualquier fiscal. Lo contrario es colocarse por encima de la ley y quebrar el principio de igualdad ante la ley”, denuncian.
En cambio, y a ello se acoge García Ortiz, el Estatuto Fiscal -la normativa por la que se rige la institución- no contempla la posibilidad de que un fiscal general sea procesado. Lo que sí recoge es la suspensión de otros fiscales -artículo 145 del reglamento- “cuando se dicte auto de apertura de juicio oral o de prisión por delito cometido en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas”.
Por tanto, hay un limbo normativo al que García Ortiz se puede agarrar para seguir en el poder pese a todo.