Día clave para David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. La Audiencia Provincial de Badajoz ha resuelto los recursos en contra de la decisión de la jueza de instrucción Beatriz Biedma de sentarle en el banquillo, tal y como avanzaron fuentes del caso a Artículo14. Finalmente, se sentará en el banquillo de los acusados.
Sánchez será juzgado por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por las supuestas irregularidades en su contratación por la Diputación de Badajoz.
En dos autos dictados este martes, la Audiencia Provincial pacense considera que este asunto “han de ser objeto de debate en juicio oral, sin que sea este el momento, a la vista de lo actuado en la instrucción que se ha completado, para considerar procedente el sobreseimiento instado y realizar ahora todo un análisis de lo actuado como si de una valoración probatoria se tratara”.
Por tanto, añade que “no se justifica el archivo del procedimiento en el juzgado de instrucción por la existencia de una duda razonable, que sí puede, sin embargo, determinar que se dicte una sentencia absolutoria”, apunta la Audiencia Provincial. “En nuestro caso existen indicios suficientes expuestos por el Auto recurrido sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas y, por tanto, la consecuencia es la de proseguir el procedimiento”, señala el auto.
En concreto, se le acusa de haber accedido a un puesto en la Diputación de Badajoz como coordinador de conservatorios por enchufe al ser familiar del presidente. Además, la jueza instructora cree que prevaricó al no ejercer las funciones que requería el puesto. También considera que influyó para que su amigo y ex asesor de la Moncloa, Luis Calero, entrara a trabajar en la Diputación años después.
Tanto la Fiscalía como el abogado de David Sánchez recurrieron el auto de apertura de procedimiento abreviado de Biedma, que dio por terminadas sus pesquisas al considerar que había recabado indicios suficientes para pensar que obtuvo su puesto por la intermediación que obtuvo de diferentes cargos socialistas gracias, precisamente, a ser el hermano de Pedro Sánchez.
“Se permitió que accediesen a los puestos de trabajo personas cuya elección no era el resultado de un proceso selectivo justo y transparente, llevado a cabo sin cumplir los requisitos constitucionales. De esta forma, se omitió la necesidad de dar satisfacción a una demanda de la sociedad, que lógicamente quiere que quien va a estar a su servicio sea el mejor en las funciones que se le reclaman, con independencia de su parentesco o amistad con otra persona”, reza al auto.
Además, Biedma considera que tienen que ser procesados todos los cargos que contribuyeron a otorgar la plaza a David Sánchez entre los que están el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, y otros ocho cargos de la Diputación.
La Fiscalía, con el hermano de Sánchez
Sin embargo, para el ministerio público, Biedma se basó en “conjeturas” y sostienen que no se puede concluir que el puesto se creó ex profeso para David Sánchez. Creen que la convocatoria de la plaza cumplió con los trámites ordinarios porque no ha quedado acreditado que ninguno de los procesados conociera al hermano del presidente del Gobierno con anterioridad a su contratación en 2016. “Y, mucho menos, que fueran conscientes de su voluntad de incorporarse profesionalmente a la Diputación Provincial de Badajoz o, por supuesto, de que este u otras personas de su entorno hubieran contactado con cualquiera de las autoridades o funcionarios encausados”.
Además, desde el ministerio público recuerdan que, en ese momento, Gallardo apoyó la candidatura de Susana Díaz en las primarias del PSOE, siendo contrincante político del hermano al que en teoría ayudó con un enchufe.
La posición de David Sánchez
El abogado de David Sánchez también respondió a la jueza con más sarcasmo: “¿Qué tendría que haber hecho David Sánchez Pérez-Castejón para acceder a la función pública en el Reino de España, sin que fuera controvertida su toma de posesión y poder ganarse la vida?”, se preguntaba en el escrito. Y se contestaba: “Muy sencillo, sentarse delante del mapa de este país y fijar, tras un proceso de descarte, qué municipio no ha visitado su hermano en condición de secretario general del PSOE”.
El letrado basa su argumentario en los motivos que la Fiscalía y tilda la decisión de la jueza de “mezcolanza desconcertante”, “motivación irracional” y “sesgo hipotético”.
Las acusaciones redactan sus escritos
Por su parte, las acusaciones populares representadas por Manos Limpias, Vox, Hazte Oír, Iustita Europa y PP han redactado ya sus escritos de acusación para que Biedma pueda abrir juicio oral rápidamente si la Audiencia le da la razón y le permite seguir adelante. Algo que ya ha ocurrido en varias ocasiones a lo largo de la instrucción. Piden tres años para el hermano de Sánchez por tráfico de influencias, una multa diaria de 180 euros durante seis meses por haber aceptado un cargo público que no le correspondía y la inhabilitación.
Las acusaciones arguyen que David Sánchez sabía que el puesto se había creado para él y se presentó a la convocatoria “a conciencia de que las entrevistas al resto de candidatos eran un mero paripé”. Y señalan que para más inri: “No desempeñó su puesto de trabajo, no trabajando habitualmente”.
Otro de los asuntos polémicos de este caso es el aforamiento exprés de Miguel Ángel Gallardo, el líder del PSOE extremeño. Quiso obtener el acta de diputado en el parlamento extremeño para que así lo tuviera que juzgar el Tribunal Superior de Justicia y no un juzgado ordinario. Eso hubiera implicado que todo el caso y a todos los investigados los asumiera este tribunal arrebatando la instrucción a Biedma. Sin embargo, la estrategia no funcionó. El TSJ tildó este aforamiento de “fraude de ley” y de maniobra “torticera” para evitar ser procesado por la magistrada Biedma.