La salida de prisión los etarras vista a través de las víctimas

Hay algo que no ha cambiado en Euskadi y es la constatación de que el silencio sobre algunos cuestiones derivadas del final de ETA y los presos de la banda que aún permanecen en prisión sigue imperado. De vez en cuando, novedades sobre terroristas mediáticos y o víctimas que han decidido manifestarse públicamente al respecto, despiertan de ese letargo social, mediático y político frente a la rutina de mejor no tocar determinados asuntos.

La salida de la exjefa de ETA Soledad Iparraguire, conocida como ‘Anboto’, y del que fuera jefe militar de la banda terrorista ETA, Garikoitz Azpiazu “Txeroki” ha sido uno de esos revulsivos que ha traído a la conversación pública la gestión de los tiempos sin ETA y el tratamiento de los condenados y su evolución penitenciaria.

Según datos reciente del Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, unas diecisiete personas condenadas por pertenencia a ETA han obtenido un régimen flexible o de semilibertad en virtud al artículo 100.2 en el primer trimestre de 2026. Esta figura jurídica permite flexibilizar la situación carcelaria sin llegar a ser un tercer grado o régimen abierto, pudiendo salir durante el día a trabajar o participar en actividades de voluntariado para luego volver a dormir a prisión. Es decir, un paso intermedio para fomentar la rehabilitación social del interno en un contexto controlado.

Marisa Guerrero, es víctima de ETA. A principios de los 2000 recibió un paquete bomba que afortunadamente no explotó. Responsable de aquel envío fue precisamente Txeroki, y debido al cambio de situación penitenciaria, las víctimas vascas reciben la notificación del cambio de condición de los victimarios desde que el Gobierno Vasco asumiera la transferencia de prisiones.

Guerrero ha alzado la voz frente a lo que le parece injusto, sin embargo, ha decidido no pronunciarse más sobre el cambio régimen de manera pública. Nos traslada que se mantiene a la espera del curso de los acontecimientos y de la decisión que tome el juez de vigilancia penitenciaria.

La ex delegada de Antena 3 en el País Vasco cuando sufrió el atentado pertenece a la Asociación de Víctimas Covite cuya presidenta, Consuelo Ordóñez, ha sido prolija al denunciar el fraude en la concesión de la semilibertad recubierta con la legalidad del artículo 100.2.

Ordoñez, hermana del concejal del PP asesinado por ETA, alerta de la trampa que a su juicio permite este artículo en la que se requiere arrepentimiento, aceptar las responsabilidades civiles, haber trabajado en talleres personalizados restaurativos… pero que basta una simple carta para acreditar la contrición. Algo a su juicio completamente insuficiente y un coladero para adelantar las salidas de prisión.

La presidenta de Covite señala directamente a Sortu, al incidir en que solo los presos que siguen vinculados a la izquierda abertzale están siendo amparados por este artículo. Desde ese entorno se está facilitando los destinos laborales o de voluntariado a los presos que siguen apareciendo en las reivindicaciones de sus pancartas y carteles, en los que se abogan por sus derechos y el vaciado de las cárceles. “Son una mafia”, afirma Ordóñez sin rodeos.

Covite cree en las segundas oportunidades, pero en las de verdad. Añade “no hay nada que deslegitime más que un etarra realmente arrepentido”, indicando que los semi excarcelados no solo aparecen reivindicados en los los entornos de Sortu, sino en las listas de Etxerat, asociación vinculada a la izquierda abertzale de familiares de presos.

Las víctimas de ETA no son un bloque monolítico. Hay diferentes asociaciones, incluso quien no figura en ninguna, a las que acudimos para saber qué piensan sobre este debate social y político.

La primera reacción es el silencio. La que sigue a continuación es solicitar el anonimato y una reflexión sobre no querer generar más controversia a raíz de opiniones personalísimas. “Mejor no contribuir a generar más ruido”, afirma una de las víctimas consultadas. Señala a los que creen que necesitan el odio para justificarse políticamente esperando réditos del dolor, especialmente cuando no se conocen los procesos que permiten las progresiones de grado o los regímenes de trabajo como el 100.2.

En relación con la excarcelación de Txeroki, la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, la socialista María Jesús San José, ha fijado la posición del Ejecutivo autonómico desde la tribuna del Parlamento Vasco al ser interpelada por el grupo de los populares vascos. “Estoy aquí para cumplir la ley, no para juzgar de nuevo a las personas”, sentencia San José.

Las excarcelaciones y progresiones de grado corresponden al ámbito judicial en aplicación de la legalidad vigente y de las resoluciones de los tribunales por lo que la consejera no se va a referir a la condición particular de un recluso, trasladan desde su gabinete.

Recientemente se celebraba el XXVI In memorian por los asesinatos del político socialista Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez. En el acto promovido por la Fundación Buesa en el Palacio de Congreso de Europa de Vitoria-Gasteiz, la hija del ex presidente del los socialistas de Álava y vicepresidenta de la Fundación, Sara Buesa, tomo la palabra y precisamente hizo una alusión a las recientes cambios penitenciarios de los victimarios, entre ellos los de su padre. “Somos conscientes de que ese momento tendría que llegar. Para la familia fue muy importante que se hiciera justicia, que se conociera quiénes planearon el atentado y quiénes lo ejecutaron. Que hubiera un juicio y una condena” afirmó.

Mencionó por su nombre a los asesinos de su padre y el ertzaina que le protegía: Asier, Luís, Diego. Y lanzó a una pregunta al aire, si serán capaces de haber aprendido quiénes fueron Fernando y Jorge y conectar con el dolor de los familiares.

Igual que Consuelo Ordoñez, interpeló a quienes han denunciado -en relación a los etarras- que están naciendo niños cuyos abuelos siguen en prisión para recordarles que ninguno de los siete nietos de Fernando conocieron a su aitite (abuelo). Buesa se lamenta de que 30.000 personas se manifiestan para exigir el fin de la política de excepción para los presos de ETA y que nunca esas reivindicaciones han venido acompañadas de un mensaje de empatía a las víctimas.