Por tierra, mar y aire -prensa escrita, radio y televisión, en este caso- destacadas figuras del periodismo claman contra la propuesta de Pedro Sánchez de regular la función de los medios de comunicación a través de los poderes ejecutivo y legislativo con un principio claro: estos no deben controlar qué es y qué no es una noticia. Entonces ¿hay alguien que lo deba hacer? Las diversas opiniones recogidas coinciden en que deben ser los propios medios quienes asuman esta función.
En primer lugar, la cuestión clave que emana de esta idea -el control del poder ejecutivo a la hora de legislar el periodismo- “de inicio sólo me genera rechazo”, señala Ana Pardo de Vera, directora corporativa de Público. En una línea similar se posiciona María Llapart, cronista parlamentaria de La Sexta, que duda sobre si esta es una labor que le corresponde al Ejecutivo. Y sentencia que “evidentemente los gobiernos no tienen legitimidad para decidir lo que es o no es noticia”.
¿Y qué pasaría si se efectuara? Una consecuencia de esta acción legislativa, advierte María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y presentadora del programa 120 minutos de Telemadrid, podría ser el traslado a la población de que los medios “no son fiables o que no hacen su trabajo”. Un hecho que le quitaría la credibilidad para así finalizar su función de mediación entre la política y la ciudadanía y que plantearía una pregunta “que tiene mucho peligro”. “¿Para qué necesito al intermediario que cuente lo que pasa?”.
El origen de los bulos
Ahora bien, esa regulación de los bulos no es improbable. Cristina López Schlichting, presentadora de Fin de Semana en COPE, cree que esta se llevará a cabo en la medida que exista una educación social. Es decir, cuando “seamos capaces de entender” que muchas de las noticias “no están autorizadas y no tienen fuente fidedigna”. Además, incide, que estas también “se irán controlando en la medida en que los mecanismos técnicos vayan revelando la composición de los textos y su procedencia”.
Con ello no proclama que las informaciones falsas no existan. De hecho, agrega López Schlichting, “han existido siempre”, aunque ahora lo hagan, “quizá”, con más potencia. Curiosamente, es aquí donde señala que “la máxima preocupación” de los periodistas “no son los bulos que nacen de la gente ni de los medios, sino los que generan las distintas potencias y los distintos poderes”.
Llapart, por su parte, concluye este bloque resaltando que para combatir la desinformación “ya hay empresas independientes especializadas que lo hacen y lo hacen muy bien”.
Ahora bien, Sánchez plantea un control gubernamental que, en palabras de algunas de las periodistas consultadas, existe y ha existido. Es cierto que no tiene la misma idiosincrasia -controlar las informaciones falsas- pero sí comparten características similares. Como indica Pardo de Vera, los medios son receptores de “llamadas y quejas” políticas para corregir determinados errores humanos. El problema aparece cuando se traspasan “líneas rojas y la llamada para comentar un contenido se convierte en una amenaza directa o indirecta”.
Un punto que Ana Rosa Quintana, conductora de TardeAR, resume con lo siguiente: “Yo quiero libertad de información para los críticos. Sin periodistas libres, sin jueces libres no hay democracia”.
Asimismo, Ana Terradillos, presentadora de La mirada crítica, señala que “todos los gobiernos” han intentado “de una u otra forma” que los medios “contemos las noticias tal y como ellos quieren trasladarlas a la opinión pública”. A lo que añade: “Nuestra misión es no dejarnos influenciar y preguntar siempre que nos lo permitan”.
¿Existe castigo a quienes publican bulos?
Cabe preguntarse si las publicaciones periodísticas falsas, como ha dejado caer el Gobierno, circulan sin que sus creadores sean penalizados. Para Terradillos la respuesta es no. Y es que para dar forma a su argumento referencia a los códigos Penal y Civil, los cuales, señala, regulan la actuación de los medios de comunicación y contempla “límites” a la libertad de expresión con penas para quien publique “bulos e insultos”. A lo que añade: los jueces “pueden incluso inhabilitar a periodistas” a la hora de ejercer la profesión.
Una tesis en la que coincide Susana Griso, presentadora de Espejo Público. Griso indica que si alguien sintiera atacado su honor o es víctima de un bulo, “encontrará el amparo que demanda en los tribunales ordinarios”. “No me sirven las críticas ad hominem a lo que Sánchez llama pseudomedios”, agrega.
Regulación de la financiación pública
Otra cuestión, vinculante a la regulación mediática, en la que Pardo de Vera y Llapart coinciden es la relativa a la financiación pública de las cabeceras. En este sentido, la directora de Público es clara: “Lo que hay que regular no son los medios, sino el dinero público que se les destina, cuyos fines deben ser honestos y transparentes”.
Para opinar sobre esta cuestión concreta, la cronista parlamentaria de La Sexta toma como referencia la reciente ley europea sobre medios de comunicación. De ella destaca la regulación que hace sobre la publicidad institucional que se plasman en los medios públicos y privados. “Todos los medios tendrán que informar sobre los fondos públicos que reciben en concepto de publicidad o en forma de subvenciones”, indica.
Por último, hace referencia a que esta legislación también regula que todos los fondos públicos concedidos a los medios de comunicación deberán asignarse mediante criterios “públicos, proporcionados y no discriminatorios”. Un punto que, según Llapart, podría chocar con la ley de publicidad institucional española por el hecho de si se está cumpliendo o si de verdad hay un interés porque se cumpla.
