No se esperaba que el archivo de la causa penal contra Félix Bolaños fuera a llegar tan pronto. Pero la Sala que ha resuelto la exposición razonada del juez Juan Carlos Peinado vio claro desde el principio el corto recorrido de la investigación al ministro de Justicia. “El fallo ha sido por unanimidad y se intentará evitar la demora hasta septiembre”, afirman fuentes de la Sala a Artículo 14.
En un duro auto para Peinado, el Supremo ve una “absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud” en los delitos de malversación y falsedad documental que quería imputar Peinado a Bolaños.
El tiempo siempre pone todo y a todos en su sitio.
— Félix Bolaños (@felixbolanosg) July 15, 2025
“El tiempo siempre pone todo y a todos en su sitio”, celebró el ministro en su cuenta de X al conocer el carpetazo a su imputación. Un claro varapalo para Peinado que, según fuentes de su entorno, se tomó esta imputación como una “prueba de fuego” para poder ir más allá y poder terminar su instrucción contra Gómez enviando una exposición razonada de su marido, el presidente del Gobierno.
Sin indicios probatorios
El Alto Tribunal no aprecia “indicios probatorios, más allá de meras hipótesis, sin el suficiente sustrato fáctico” en el delito de malversación que quería imputar a Bolaños por ser el máximo encargado de la contratación en el Palacio de la Moncloa en el momento del nombramiento de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez. Peinado sospechaba que Álvarez había utilizado un cargo público para ayudar a la mujer del presidente en su actividad privada.
El Supremo explica que el delito de malversación es un delito doloso. Es decir, se incurre en él de forma intencionada. La Sala argumenta que ocupar el cargo de Bolaños no implicaba que tuviera que ser consciente de que “los caudales públicos se estuvieran destinando a un fin para el que no estaban previstos”. Es decir, Bolaños por ser Secretario General de Presidencia en 2018 no tenía por qué saber a qué se estaba dedicando Cristina Álvarez con un sueldo público.
De ahí, que si hubo malversación de fondos públicos no se la puede atribuir al ministro porque desconocía tal circunstancia: “Se advierte en la exposición razonada una imputación de delito suficientemente individualizada, ni se expresa con un mínimo respaldo indiciario que permita acordar la incoación de causa penal contra el aforado”, sentencia el Tribunal.
Tampoco ve la Sala que se se pueda abrir una investigación a Bolaños por falso testimonio porque el único indicio de Peinado fue encontrar una contradicción entre dos testigos: Bolaños dijo que el encargado directo del nombramiento de Álvarez fue Raúl Díaz Silva y este último dijo que fue una funcionaria de Moncloa. Así que precisa el Alto Tribunal que no se puede considerar mentira algo sin que “se haya dictado sentencia o resolución judicial firme que haya declarado una verdad judicial o forense”.
Exposición no exhaustiva
Además, le afea a Peinado que se haya saltado a la Fiscalía para enviar esa exposición razonada: “Es extraña a la forma de proceder habitual en la jurisdicción penal que aconseja una audiencia al Ministerio Fiscal”. Razón que explicaría que la exposición razonada no sea “suficientemente exhaustiva”. Y añade que de haberlo hecho “hubiera posibilitado al instructor un cabal conocimiento de la forma de proceder cuando eleva una exposición de hechos a esta Sala”, le recriminan los magistrados.
Por último, desestiman la ampliación de la exposición razonada que Peinado presentó hace unos días adjuntando un fallo de la Audiencia Provincial en la que se avalaba en parte su investigación contra Cristina Álvarez y veía una “clara y palmaria” desviación de fondos públicos en el nombramiento de la asesora. El Supremo cree que este último documento “sigue sin aportar indicios que relacionen al aforado con la comisión del delito de malversación de caudales públicos”.
Por todo ello, archivan la causa. Eso sí, se circunscriben a lo relativo al ministro no hacen ninguna mención en cuanto a si Cristina Álvarez sí pudiera haber incurrido en delitos al haber excedido en sus competencias y haber ayudado a Begoña Gómez, supuestamente, a encontrar financiación para su cátedra.