El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha dado un nuevo impulso a la causa por la que mantiene imputada a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez por varios delitos y ha rechazado archivarla, así que tanto ella como su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez; el exsecretario general de la Presidencia del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, y el empresario Juan Carlos Barrabés deberán continuar con su defensa. Además, ha decidido convocar una nueva vistilla el próximo 12 de noviembre con el propósito de imputar a un nuevo cargo de Presidencia del Gobierno, en este caso la directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica, Judith Alexandra González, para esclarecer el hipotético delito de malversación de caudales públicos.
A lo largo del auto, el juez Peinado argumenta con particular detenimiento el posible delito de malversación de caudales públicos (uno de los cinco por los que está siendo investigada la mujer del presidente del Gobierno). Según el auto, “se ha comprobado la dedicación intensa y extensa” de Cristina Álvarez para apoyar a Begoña Gómez desde la creación de la Cátedra de Trasformación Social Competitiva en la Universidad Complutense, “de manera no sólo en manifestación expresa de una relación de amistad (…) parece que, aprovechando la figura de “asistente de la esposa de presidente de Gobierno”.
Añade, en este sentido, el auto del juez que Cristina Álvarez “tiene una destacada y directa colaboración con todas las actuaciones relacionadas con la cátedra, que, se crea, podría decirse que ad hoc para Begoña Gómez” —y así lo confirma el entonces Vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio Villarejo—.
Considera, por tanto, el juez que debe continuar el procedimiento judicial para dilucidar si Cristina Álvarez pudo haberse “extralimitado en el desempeño de sus funciones públicas para favorecer el plan delictivo de la investigada (Begoña Gómez), en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos, puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados”. Recuerda en este punto el juez que esa posible extralimitación supondría “una clara y palmaria desviación de las labores de un funcionario público respecto de lo que debieran ser sus funciones de ayuda, de mera colaboración y acompañamiento institucional, de seguridad y protocolo” propias de una asistente de la mujer del presidente del Gobierno.
Nuevos requerimientos
Tras exponer estos argumentos, el juez acuerda una serie de diligencias que considera necesarias:
- Requerir a Presidencia del Gobierno las agendas de Begoña Gómez y Cristina Álvarez, y su posterior análisis de las mismas por la UCO, a fin de determinar si las citas, reuniones, traslados, viajes, etc. realizadas por ambas a la vez, o solo por la investigada Cristina Álvarez , estaban en relación a actividades personales o profesionales de la otra investigada, Begoña Gómez.
- Requerir a las investigadas Begoña Gómez y Cristina Álvarez para que aporten sus pasaportes con el fin de precisar fechas, duración, circunstancias y coincidencias de los viajes al extranjero realizadas por ambas.
- Requerir a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno para que remita, de forma íntegra y debidamente documentada y detallada, toda la información relativa a los viajes de Cristina Álvarez sufragados con fondos públicos, así como la identificación de los destinos de todos los viajes, desplazamientos y misiones de servicio desde su contratación, el 16 de julio de 2018 hasta la fecha actual.
- Requerir a las empresas MINSAIT, INDRA BUSINESS CONSULTING S.L., TELEFONICA S.A., DELOITTE S.L. y Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) para que remitan todos los correos, WhatsApp o cualquier otra comunicaciones escritas que pudieran existir desde el 16 de julio de 2018 hasta fecha actual, en el que figurara como emisora o destinataria, o simplemente en copia Cristina Álvarez.
Según el auto del juez, el secretario general de la Presidencia, Francisco Martín Aguirre, no desempeñó las labores de supervisión y control sobre Cristina Álvarez para evitar que esta última realizase funciones distintas para las que fue contratada.
Tráfico de influencias
Respecto al posible delito de tráfico de influencias, el juez Peinado afirma en el auto que Begoña Gómez, con la asistencia operativa de Cristina Álvarez, prevaliéndose de su situación (mujer del presidente del Gobierno), envió cartas de recomendación a RED.ES en apoyo de la UTE Innova Next-The Valley, que fueron incorporadas a los expedientes de contratación y que contribuyeron a la adjudicación de contratos a sociedades vinculadas a Juan Carlos Barrabés.
Considera, en este sentido, que existen indicios objetivos que apuntan a la intermediación en la concesión de subvenciones en las que podría haber mediado algún tipo de contraprestación, al menos, respecto de los hechos concretos referidos a la U.T.E. formada por Innova Next S.L.U. y la Escuela de Negocios The Valley.
Apropiación indebida
Respecto al posible delito de apropiación indebida, el juez escribe en el auto que “el software desarrollado para la Cátedra de Transformación Social Competitiva, elaborado con recursos públicos y privados canalizados a través de los convenios que elaboró la Cátedra, fue registrado como marca a nombre de Begoña Gómez, con la participación de Cristina Álvarez, la cual gestionó un contrato de cesión de derechos en la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad Complutense de Madrid, para la cesión del software a la UCM, sin que conste dicha transferencia“.
Intrusismo profesional
Y respecto al posible delito de intrusismo profesional, el juez afirma en el auto que “queda acreditado que Begoña Gómez firmó la propuesta del pliego de cláusulas administrativas particulares relativas a la Cátedra de TSC, hecho que incluso su defensa admite en el escrito de fecha 25/11/2024, así como suscribió documentos y pliegos técnicos del Contrato con Deloitte”.