El pulso político entre Junts y el Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en una fase de contención estratégica. Aunque el partido de Carles Puigdemont estudia cada semana si romper o no con el Ejecutivo, las circunstancias judiciales y el calendario político hacen prácticamente imposible una convocatoria electoral antes del verano de 2026. Moncloa lo sabe y confía en que la larga tramitación de la amnistía mantendrá a raya cualquier intento de desestabilización.
Junts y la espera de una amnistía plenamente efectiva
El gran obstáculo para Junts es que la amnistía aún no es plenamente efectiva. El regreso de Carles Puigdemont a Cataluña depende de una cadena de resoluciones judiciales que se entrecruzan en tres frentes: el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Hasta que no se cierren todos esos procesos, el expresidente catalán no podrá regresar libre de cargos.
Según estimaciones de fuentes jurídicas y del Gobierno, el conjunto de trámites no concluirá antes de la primavera de 2026 y podría alargarse incluso más. Este calendario judicial frena cualquier movimiento inmediato de Junts, ya que una convocatoria anticipada de elecciones generales suspendería temporalmente las decisiones de los altos tribunales. En Moncloa, como recogen desde El Español, están convencidos: el partido de Puigdemont no puede forzar un adelanto sin poner en riesgo su propia estrategia.
Puigdemont y la presión interna en Junts
Mientras tanto, Junts vive con tensión interna las horas previas a la reunión de su Ejecutiva, presidida por Puigdemont en Perpiñán. En ella deben decidir si rompen definitivamente con Pedro Sánchez o si se limitan a gestos simbólicos, como poner fin a las reuniones fuera de España con un mediador internacional.
La opción más probable, según fuentes del entorno independentista, es que Junts opte por mantener una posición intermedia: estudiar caso por caso el sentido de su voto en el Congreso. Esta estrategia permitiría presionar al Gobierno sin dinamitar del todo la legislatura. En la práctica, haría más difícil el día a día de Sánchez, pero evitaría un adelanto electoral que podría favorecer al PP y a Vox.
Un Congreso bloqueado y un Gobierno con margen limitado
El desgaste parlamentario es evidente. Desde que se retomó la actividad en septiembre, solo ha habido un pleno de los jueves (el día reservado a la votación de proyectos de ley y decretos). El resto de las sesiones se han centrado en mociones sin valor normativo. En este contexto, Junts actúa como árbitro del ritmo legislativo, bloqueando o permitiendo avances según convenga a sus intereses.
Entre las leyes paralizadas figuran reformas clave para el Ejecutivo, como la conocida “ley Bolaños”, que modifica la carrera judicial y fiscal y ha suscitado protestas en el sector. Ante este escenario, el Gobierno ha optado por impulsar actuaciones que no dependan del Parlamento: gestos diplomáticos, campañas institucionales o reformas simbólicas, como la constitucional sobre el aborto, que no llegarán a aprobarse pero mantienen actividad política.
En la práctica, Junts ha obligado a Sánchez a filtrar con más cuidado cada iniciativa, calibrando su impacto parlamentario y su coste político.
El papel del PP y el interés compartido
Paradójicamente, también el Partido Popular necesita que la aplicación total de la amnistía avance. Solo cuando Junts esté políticamente “rehabilitado” podría forzar el final de la legislatura y abrir un nuevo ciclo electoral en el que los populares aspiren a gobernar, incluso con apoyo de Vox.
Fuentes de Moncloa consultadas por El Español aseguran que el Ejecutivo considera inevitable la aplicación plena de la ley. Aunque los tiempos judiciales se estén dilatando más de lo previsto. Según los enviados del Gobierno a Puigdemont —encabezados por José Luis Rodríguez Zapatero—, el mensaje es claro: la amnistía se aplicará a todos, pero los plazos dependen de instancias judiciales que el Ejecutivo no puede controlar.
El laberinto judicial de la amnistía
Los avances de Junts dependen de una compleja red judicial. En el Tribunal Constitucional, todos los recursos de amparo sobre la ley de amnistía se abordarán en el Pleno, pero el próximo no tendrá lugar hasta mediados de noviembre. La última reunión fue el 7 de octubre, cuando el tribunal admitió a trámite la demanda de Puigdemont contra la decisión del Supremo de no amnistiar su delito de malversación.
El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha decidido no mover ficha hasta que el TJUE se pronuncie sobre las cuestiones prejudiciales presentadas por el Tribunal de Cuentas y varios órganos judiciales. Las conclusiones del abogado general europeo, Dean Spielmann, se conocerán el 13 de noviembre, pero la resolución definitiva del TJUE tardará semanas más.
Esto implica que el Constitucional no empezará a debatir los recursos antes de marzo. Además, el primero en tratarse no será el de Puigdemont, sino el de Jordi Turull, actual secretario general de Junts. En el tribunal, los magistrados ponentes —José María Macías y César Tolosa, ambos del sector conservador— marcan el ritmo de los asuntos, y las fuentes admiten que “no habrá prisa”.