A Carles Puigdemont no le quedan muchos ases en la manga. Tras un año de su llegada y huida exprés a Barcelona para la sesión de investidura, sigue empeñado en volver a pisar suelo español sin pasar por los tribunales. “Va a presionar al Gobierno. Su plan es venir para octubre noviembre”, desvelan fuentes de su entorno a Artículo14.
La única vía para ello es que se le aplique la ley de amnistía y quede exento de historial delictivo. De esta forma se retiraría la orden de arresto interpuesta por el juez Pablo Llarena. La empresa se antoja difícil. La ley de amnistía de Pedro Sánchez dejó fuera expresamente los delitos de malversación en los que hubiera habido enriquecimiento personal. De ahí que el Supremo rechazara amnistiarlo al considerar que para el referéndum ilegal del 1-O usó recursos públicos para promover su proyecto político ahorrándose este dinero de su bolsillo personal.
Ahora la pelota está en el Tribunal Constitucional. Ante la negativa del Supremo, su abogado, Gonzalo Boye, presentó un recurso de amparo ante el tribunal de garantías al considerar que se estaba atentando contra sus derechos fundamentales por no aplicarle la ley en una interpretación de la misma que consideró “aberrante” por parte de los magistrados. Pidió también a través de una medida cautelarísima que se le levantara la orden de detención.
Esta cuestión la empezarán a discutir los magistrados del TC después de verano pero fuentes del Supremo consideran que supondría invadir sus competencias al ponerse a interpretar el alcance de las leyes. Aunque dado el precedente de modificar la sentencia del caso de los ERE de Andalucía lo ven “factible”, lamentan.
“Si están dispuestos a suplantar al Tribunal Supremo como en los ERE, podríamos encontrarnos con una decisión ordenando el decaimiento de la orden de arresto”, afirman las fuentes del Alto Tribunal.
Pero para esto apuntan a que es clave la figura de Cándido Conde Pumpido, el presidente del Tribunal Constitucional, afín al Gobierno de Sánchez. Ahora mismo hay una mayoría progresista -siete frente a cinco- que avaló hace unas semanas la ley de amnistía al considerar que su finalidad fue mejorar la convivencia en Cataluña.
La línea de Pumpido es cumplir con los deseos del Gobierno de Sánchez, que necesita al partido de Puigdemont para poder seguir gobernando. Es por ello que el expresident fugado de la Justicia quiere apremiar en los plazos e insistirá al Gobierno para que Pumpido resuelva su recurso de amparo antes de fin de año.
Tal y como publicó este periódico, resulta que el mandato de Pumpido se agota en diciembre junto con el de otros tres vocales. Es el Senado quien tiene que aprobar la renovación de los nombramientos. Ahí el PP tiene mayoría aunque para su renovación necesitan ganar la votación por tres quintos.
Lo normal sería que PSOE eligiera a dos vocales y PP a los otros dos, pero dada la posición de los de Alberto Núñez Feijóo podrían abonarse a un bloqueo y esperar a las elecciones generales para intentar ganar la mayoría de tres quintos que necesitan para hacer suyos los cuatro nombramientos y cambiar el equilibrio dentro del Tribunal de Garantías.
Pasarían a ser siete magistrados conservadores frente a cinco progresistas. Situación que quiere evitar Puigdemont a toda costa porque le agotaría una de sus últimas balas.