Mientras un sector de la sociedad española ha decidido casi por unanimidad que no existe científicamente el síndrome postaborto, otra parte de las mujeres que han sufrido un aborto espontáneo reclama sin alboroto su derecho a que se validen los cambios hormonales que siguen a esta pérdida. La hormona del embarazo (gonadotropina coriónica humana o HCG) continúa activa durante varios días. Además, hasta un mes después, la mujer puede sentir sensibilidad en los senos u otros síntomas físicos y tardará varias semanas en regularizar sus ciclos emocionales.
El controvertido síndrome postaborto
La interrupción de la gestación hace que se liberen varias hormonas, como la noradrenalina y cortisol, vinculadas con el estrés y la depresión. Es un tiempo de duelo muy complejo, más o menos desgarrador según las circunstancias de cada mujer. Evidentemente, no es un trastorno, tal vez ni siquiera un síndrome, pero existe y hay una razón biológica. Es posible que médicamente no sirva para apoyar un argumento político en contra del aborto, pero tampoco se puede negar una realidad para izar los derechos sexuales y reproductivos femeninos.
“La mujer para tomar decisiones debe estar informada verazmente. La decisión de abortar tiene consecuencias graves para el hijo, que no nace, y puede tener consecuencias físicas y psicológicas para la madre, que debería conocerlas”, advierte Amaya Azcona, directora de la Fundación Redmadre.
Estos días se ha convertido en un fenómeno político después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobase con los votos a favor del PP y Vox que las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo recibiesen información sobre el “síndrome postaborto”. El partido de Santiago Abascal lo describe como una condición que provoca “depresión, un profundo sentimiento de culpa, aislamiento, imágenes recurrentes, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia, bulimia, disfunciones sexuales, autolesiones, agresividad y una tasa de hospitalización por problemas psiquiátricos que duplica a la de las mujeres que no han abortado”.
José Luis Martínez Almeida rectificó: no quiso llamarlo así y no se obligará a ninguna mujer a recibir información. El Gobierno, además calificar este falso síndrome de extorsión a la mujer, ha decidido blindar el aborto incluyéndolo en la Carta Magna, de manera que quede recogido expresamente como un derecho constitucional, con toda la protección jurídica que tendría dentro de la Constitución.
El modelo francés
Se trata de una de las cuestiones morales más controvertidas para una sociedad democrática. Francia, que, según Eurostat, ostenta el récord de la Unión Europea en número de abortos realizados cada año, es el único país del mundo en proteger el derecho al aborto en su Constitución, a pesar de que estaba consagrado por ley desde 1975. El Parlamento votó a favor de modificar la Constitución de 1958 en nombre de la “libertad garantizada” de las mujeres a abortar.
Según las encuestas, alrededor del 85% de la población apoyó la reforma, pero también hay un porcentaje elevado – el 73%, según el Instituto Francés de Opinión Pública (IFOP)-, que opina que la sociedad debería ayudar a las mujeres a evitar el aborto. “No puede haber un derecho a quitar una vida humana”, reaccionó el Vaticano en un comunicado.
Realmente, lo que hizo Francia fue consolidar este derecho en la Carta Magna, sin alterar las condiciones de acceso o las prácticas médicas asociadas. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, la reforma constitucional no constituyó una modificación sustancial de la situación. Su alcance, como sucedería en España, no sería tanto jurídico, sino político y sumaría como un hito feminista.
Pobreza y aborto
Los comités de bioética llevan tiempo analizando el derecho al aborto desde un punto de vista sociológico: las tasas de aborto voluntario aumentan cuanto más pobre y aislada está la mujer. Un estudio del servicio público de estadística francés DREES concluyó que las mujeres solteras tienen un 37% más de riesgo que las mujeres en pareja de someterse a un aborto. También el porcentaje es un 40% más alto en las mujeres más pobres. Sus resultados son confirmados por una encuesta de IFOP que muestra que la mitad de las mujeres francesas están convencidas de que la situación económica es la primera influencia que empuja a una mujer a recurrir al aborto. El 92% de las mujeres también declara que el aborto deja huellas difíciles de vivir; el 96% entre las personas de 25 a 34 años.
En España, el debate está centrado en la política. Yolanda Díaz asegura que “es hora de votar en el Congreso” y denuncia la “hipocresía” de quienes impiden el aborto en la sanidad pública mientras lo permiten en la privada. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha declarado que blindar el aborto en la Constitución es defender una conquista social. Desde Vox, Ignacio Garriga acusa a Sánchez de ser el “mayor enemigo de las mujeres” y critica la reforma como una distracción de problemas más graves.
En España es legal
El PP rechaza la reforma y argumenta que el aborto ya está regulado. No ve, por tanto, necesario elevarlo a rango constitucional. Las españolas contamos con una ley que permite a la mujer decidir hasta la semana 14 de gestación si quiere o no interrumpir su embarazo. De forma libre y sin necesidad de justificación.
Por patología fetal o materna (física o psíquica), hasta la semana 22. Asimismo, la actual legislación en España contempla la posibilidad de interrumpir el embarazo más allá de esta semana 22 (sin límite) “cuando exista una patología fetal incompatible con la vida, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico”.
Desde la reforma de 2023, las menores de 16 y 17 años pueden interrumpir su embarazo sin necesidad de consentimiento de sus representantes legales en la mayoría de los casos, aunque al menos uno de los progenitores debe ser informado salvo situaciones de conflicto grave como violencia, coacciones o desarraigo. El aborto en cualquiera de estos casos es una prestación incluida en el sistema público de salud, por lo que no tiene coste para la mujer si se realiza en centros públicos o privados concertados.