El accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), en el que han colisionado un tren AVE de Renfe y otro de Iryo, ha abierto dos líneas de trabajo prioritarias: determinar qué provocó el choque e identificar a las personas fallecidas. El balance provisional asciende a 68 muertos, mientras los equipos de emergencia y los investigadores continúan trabajando sobre el terreno.
Para esclarecer lo sucedido, los especialistas deberán reconstruir los minutos previos a la colisión, comprobar el funcionamiento de los sistemas de seguridad y examinar las decisiones tomadas durante la gestión del tráfico ferroviario. Paralelamente, los equipos forenses trabajan para identificar a las víctimas y facilitar información a sus familiares.
Las cajas negras, bajo la lupa
Los registradores jurídicos, conocidos como JRU y popularmente llamados cajas negras, serán una de las principales fuentes de información. Sus datos permitirán examinar parámetros del funcionamiento de los trenes y reconstruir aspectos de su circulación antes del impacto.
El análisis deberá aclarar a qué velocidad circulaba el AVE de Renfe cuando alcanzó al convoy de Iryo, que permanecía detenido en la vía. Los investigadores también tendrán que contrastar los datos con las comunicaciones entre los maquinistas y el centro de control.
A esta información se sumarán los registros de Adif, gestor de la infraestructura ferroviaria, y los datos que proporcionen Renfe e Iryo. La comparación de estas fuentes permitirá establecer una cronología de los acontecimientos y comprobar si las instrucciones transmitidas a los trenes se ajustaron a las condiciones reales de la vía.
¿Qué ocurrió con el sistema de señalización?
Una de las hipótesis que se estudian apunta a una posible combinación de una incidencia técnica y un error en la gestión del tráfico. Según las primeras informaciones, una avería en el sistema LZB habría obligado a modificar las condiciones de circulación y habría dejado varios trenes detenidos en la zona.
Los investigadores deberán determinar por qué el tren de Iryo no reanudó la marcha y qué procedimiento se aplicó para permitir que otros convoyes continuaran circulando. También tendrán que comprobar qué información manejaba el centro de control cuando se ordenó al AVE de Renfe avanzar.
La Guardia Civil ha interrogado al operario que gestionaba el tráfico ferroviario en ese momento. No obstante, las circunstancias de la autorización y su posible relación con el accidente deberán establecerse mediante el análisis conjunto de las comunicaciones, los registros técnicos y las declaraciones de los implicados.
Una investigación técnica y otra judicial
El accidente está siendo examinado desde dos perspectivas diferentes. La investigación técnica busca determinar las causas y circunstancias del siniestro, así como identificar posibles medidas preventivas. No tiene como finalidad atribuir responsabilidades penales.
En esta labor participan tres investigadores de la antigua Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), integrada ahora en la nueva autoridad independiente encargada de investigar accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.
En paralelo, la investigación judicial debe esclarecer si existen responsabilidades penales. La Guardia Civil recopila indicios que podrán incorporarse a las diligencias judiciales, mientras los órganos competentes valoran las pruebas conforme avance el procedimiento.
El precedente de Adamuz, donde un accidente ferroviario causó 46 víctimas mortales, permite apreciar la complejidad de este tipo de investigaciones. La reconstrucción de los hechos exige contrastar numerosas pruebas y puede prolongarse durante meses.
¿Cómo se identificará a las víctimas?
Mientras se investigan las causas, los equipos forenses trabajan para confirmar la identidad de los fallecidos. El procedimiento se rige por el protocolo nacional para sucesos con víctimas múltiples, que coordina la actuación de médicos forenses y fuerzas de seguridad.
Los especialistas reúnen primero información sobre las personas desaparecidas, como sus datos personales, antecedentes médicos y características físicas. Después la contrastan con los datos obtenidos durante el examen de los cuerpos.
La identificación mediante huellas dactilares es una de las primeras opciones. Cuando no resulta suficiente, se recurre a otras técnicas, como los estudios odontológicos o los análisis de ADN. Para estos últimos se recogen muestras biológicas de familiares que permitan comparar los perfiles genéticos.
Se han habilitado oficinas para tomar muestras y recoger información de los allegados en Madrid, Sevilla, Córdoba y Toledo. La información se centraliza en un centro de integración de datos, que coordina los registros ante mortem y post mortem para agilizar las identificaciones.
La prioridad inmediata es completar este proceso y atender a las familias. Al mismo tiempo, el análisis de las pruebas técnicas y las diligencias judiciales deberán esclarecer cómo se produjo la colisión y qué circunstancias permitieron que dos trenes acabaran implicados en una tragedia de esta magnitud.