El Informe 2025 sobre la relevancia socioeconómica del tabaco en España revela que esta industria sigue siendo un motor económico para el país. Casi la mitad de las personas afiliadas en el comercio mayorista de productos de tabaco son mujeres (46,4%), una cifra muy superior a la media del sector agrícola nacional. Además, los salarios en la industria tabacalera son un 34% más altos que el promedio industrial, lo que convierte al sector en uno de los más atractivos para la estabilidad laboral y la igualdad retributiva.
En regiones como Extremadura, donde se concentra el 99% del cultivo, y Canarias, que ha incrementado el empleo industrial en un 40% entre 2022 y 2024, el tabaco es sinónimo de cohesión territorial y desarrollo rural. Cada hectárea cultivada genera 14.000 euros, frente a los 1.000 del olivar, y cada trabajador aporta 142.000 euros en exportaciones, consolidando la proyección internacional del sector.
Sin embargo, la COP11 de la OMS plantea medidas que equiparan todos los productos de nicotina y endurecen las licencias, bloqueando la innovación en alternativas menos nocivas y frenando la inversión, dicen las empresas del sector. A esto se suman propuestas como la prohibición de fumar en terrazas y el etiquetado genérico, que podrían provocar el auge del comercio ilícito, amén de pérdida de empleo, inciden estas empresas.
El sector, que hoy genera más de 10.100 millones de euros en impuestos (3,8% de la recaudación estatal), advierte que estas políticas no solo ignoran su papel en la economía, sino también su contribución a la igualdad laboral y a la transformación hacia productos menos dañinos.
La OMS ha decidido tomar el camino prohibicionista en lugar de apostar por alternativas en la lucha contra el tabaquismo en un momento en el que la igualdad y la inclusión son prioridades globales y “con estas medidas pone en riesgo un sector que ofrece oportunidades reales para las mujeres y sostiene el tejido económico de regiones enteras”, afirman desde el sector.