La crisis del CNIO vuelve a sacudir el corazón de la investigación biomédica española. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades conocía desde hace meses la existencia de una denuncia sobre graves irregularidades vinculadas al exgerente del centro, Juan Arroyo. Pero no trasladó esa información detallada al patronato, que se reúne este martes de urgencia. Este silencio ha avivado las críticas internas y ha impulsado una nueva ola de desconfianza en torno al mayor centro oncológico del país.
La crisis del CNIO estalló después de que un ex alto cargo de la institución comunicara en agosto la existencia de una denuncia de más de 120 páginas presentada ante la Fiscalía Anticorrupción. Según esta documentación, el exgerente y varios extrabajadores habrían articulado una presunta red de empresas capaces de desviar entre 20 y 25 millones de euros del presupuesto destinado a la lucha contra el cáncer. Pese a que en agosto se advirtió al Ministerio de la gravedad de estos hechos, la actuación no llegó hasta que el escándalo se hizo público.
Las advertencias que nadie atendió y la escalada de la crisis del CNIO
El denunciante envió dos cartas clave durante el mes de agosto. Una al secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz Cigudosa. Y otra a la presidenta del patronato, Eva Ortega Paíno. En ambas advertía de represalias, aportaba información documental y detallaba la denuncia presentada en junio ante la Fiscalía. Aun así, las comunicaciones se limitaron a recordar la falta de competencias del Ministerio en materia laboral, ya que el denunciante estaba inmerso en un expediente disciplinario que terminaría en su despido.
La crisis del CNIO se intensificó cuando, en la reunión del 4 de septiembre, la presidenta del patronato aseguró que había dos expedientes disciplinarios abiertos. Pero no mencionó ni la denuncia penal ni la gravedad de las irregularidades económicas. Días después, el canal con el denunciante quedó totalmente cerrado. Lo que ha generado una sensación de opacidad que vuelve a colocar al Ministerio en el centro de la polémica.
El patronato del centro —integrado por el Ministerio, el Instituto de Salud Carlos III, el CSIC, comunidades autónomas y fundaciones privadas— llega a la reunión extraordinaria prácticamente a ciegas. Varios de sus miembros aseguran haber recibido únicamente un orden del día mínimo, sin documentación previa, a pesar de que la crisis del CNIO implica decisiones que pueden determinar el futuro del centro.
La denuncia, adelantada por El Mundo, detalla pérdidas millonarias, facturas infladas, servicios no prestados y contratos adjudicados a empresas vinculadas a ex altos cargos. Según diversas filtraciones, solo en 2024 podrían haberse desviado alrededor de seis millones de euros. En paralelo, el Ministerio recuerda que las cuentas del CNIO son auditadas anualmente y que el Tribunal de Cuentas revisa ahora los ejercicios 2022, 2023 y 2024. Pero ni esa supervisión contable ha impedido que la crisis del CNIO vuelva a explotar con fuerza.
Un pasado que vuelve: la crisis del CNIO reabre viejas heridas
Este nuevo episodio resucita la tormenta que hace meses provocó la salida de la directora científica, María Blasco, y del propio Juan Arroyo. Entonces, la crisis del CNIO estuvo rodeada de denuncias cruzadas, acusaciones de corrupción y una fractura interna que dejó al organismo en uno de sus momentos más delicados. Blasco, tras más de una década al frente del centro, volvió a su laboratorio molecular. Arroyo regresó a un puesto administrativo en la institución.
En septiembre se incorporaron un nuevo director —Raúl Rabadán— y un nuevo gerente —José Manuel Bernabé Sánchez—, llamados a reconstruir la estabilidad interna. Pero las revelaciones de estos días demuestran que la crisis del CNIO no estaba cerrada. Al contrario. Se estaba incubando en silencio mientras la Fiscalía estudiaba una denuncia con un impacto patrimonial que podría alcanzar los 25 millones de euros.
El Ministerio insiste en que esta es una “nueva etapa” para el centro. Pero la realidad es tozuda: la crisis del CNIO vuelve a dañar la imagen de una institución clave en la investigación contra el cáncer. El escándalo no solo pone en cuestión la gestión interna, sino que golpea directamente la confianza de la comunidad científica y de los donantes privados que sostienen parte de su actividad.