Dos relatos separados por décadas y fronteras vuelven a poner en el centro una misma discusión: cómo las leyes y las decisiones judiciales impactan en la vida de las víctimas de violencia sexual y en la de sus hijos.
Uno de estos fallos ocurre hoy en Reino Unido; el otro se remonta a la Italia de los años sesenta. Ambos están sumidos en contradicciones que ponen sobre la mesa la forma en que la justicia protege —o no— la dignidad de las víctimas.
“El apellido es identidad y patrimonio familiar”
En Reino Unido, una niña de seis años está obligada a mantener el apellido de su padre a pesar de que este haya sido condenado por agredir sexualmente a su madre. La pequeña es fruto de esa violación y no ve a su progenitor desde 2021.
La decisión corresponde al Tribunal Superior de Justicia, que considera que el apellido forma parte esencial de la identidad y del patrimonio familiar de la menor. El fallo judicial, que ha provocado una fuerte reacción pública, sostiene que ese vínculo nominal debe preservarse incluso en un contexto marcado por un historial probado de violencia sexual.
La madre de la niña solicitó eliminar el apellido paterno con el objetivo de proteger a su hija de un lazo impuesto que, según argumentó, no solo carece de valor afectivo, sino que representa una fuente constante de dolor y trauma.
En su relato ante la justicia, explicó que su hija fue concebida como resultado directo de la violación y que obligarla a portar el apellido del agresor contradice el principio del interés superior del niño.
El juez, sin embargo, confirmó el fallo de primera instancia, señalando que la gravedad de los hechos —aunque reconocida— no justificaba romper el vínculo nominal. La sentencia mantiene que la identidad de la menor no puede evaluarse únicamente desde el daño sufrido por la madre, una afirmación que ha prendido la mecha entre juristas y organizaciones de derechos humanos.
La abogada de la mujer, Charlotte Proudman, fue tajante al valorar la resolución: a su juicio, el sistema legal ha vuelto a fallar a las víctimas de violencia sexual al priorizar los derechos simbólicos del agresor por encima del bienestar emocional de la niña.
Como único avance parcial, el Tribunal Superior extendió hasta 2027 una orden de alejamiento contra el padre, impidiéndole cualquier contacto con la menor. No obstante, para la madre y su entorno legal, esta medida resulta insuficiente frente al peso diario de un apellido que perpetúa el vínculo con el origen del trauma.
Ante la falta de una solución en los tribunales nacionales, la familia ha iniciado una campaña para reunir fondos https://goodlawproject.org/crowdfunder/the-law-has-failed-a-woman-and-her-child-fight-back/ con el objetivo de llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Italia: el precedente de Franca Viola
Más de medio siglo antes, en Italia, una joven llamada Franca Viola protagonizó un punto de inflexión histórico. En un contexto en el que la ley y la presión social empujaban a las mujeres a aceptar un llamado “matrimonio reparador” con su agresor, Franca se negó públicamente a hacerlo y decidió llevarlo ante la justicia.
Franca nació en Alcamo en 1948, un pequeño pueblo agrícola de Sicilia. Su familia se dedicaba a la agricultura. A los 17 años, Filippo Melodia, un hombre de la zona con vínculos en la mafia, pidió la mano de Franca. El padre de ella rechazó la propuesta debido a sus antecedentes, lo que fue seguido de un intento de acoso insistente, intimidaciones y violencia. Franca sufrió amenazas constantes, destrucción de viñedos familiares y un ataque directo a su hogar.
Durante la madrugada de 1965, un grupo de jóvenes entró en su casa y secuestró a la joven junto a su hermano menor. Ella fue retenida durante ocho días y sometida a agresiones sexuales en un intento de forzarla a aceptar un destino que la sociedad entonces consideraba normal: casarse con su agresor sexual.
Bajo la excusa de restaurar el “honor perdido”, este artículo del código penal convertía un crimen grave en una ofensa social menor, siempre que acabara en boda.
La negativa de Franca se convirtió directamente en un desafío a una cultura jurídica y social que veía a las mujeres como portadoras de un honor que debía ser protegido incluso a costa de su dignidad.
Con el apoyo de su familia, Franca decidió llevar su caso ante la justicia. Se convirtió en un juicio histórico y lo ganó. El hombre que la secuestró fue condenado a 11 años de prisión, una sentencia pionera que marcó un antes y un después en Italia.
La práctica del matrimonio reparador y la consideración de la violación como un delito contra el honor fueron gradualmente cuestionadas y finalmente eliminadas del Código Penal italiano en 1996, con reformas que redefinieron la violencia sexual como un crimen contra la persona.
Dos casos, una misma pregunta
El caso de la menor británica y la historia de Franca Viola dialogan desde épocas distintas, pero plantean una pregunta común: ¿hasta qué punto las leyes reflejan el interés real de las víctimas y su derecho a reconstruir su vida sin cargas simbólicas impuestas?
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