Julio Iglesias vuelve a mover ficha, antes incluso de que se abra oficialmente una investigación penal contra él. En concreto, reclama a la Fiscalía la denuncia interpuesta por dos de sus extrabajadoras en la que relatan sucesivas agresiones sexuales y acoso laboral.
En el escrito presentado por su defensa, se queja de que hayan tenido acceso a la denuncia antes que él los medios de comunicación que destaparon el caso, además de la asociación que asesora legalmente a las víctimas, Women’s link Worldwide.
“Se produce la paradoja de que el único interesado que no la conoce es el denunciado don Julio Iglesias de la Cueva. Lo que resulta insólito de acuerdo con los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico constitucional”, lamenta la defensa en el escrito presentado en el ministerio Público.
El abogado del cantante sostiene que debido a la difusión pública que está teniendo el asunto es irrevocable su derecho a la defensa. Por eso apunta a recurrir al Tribunal Constitucional esta indefensión si la Fiscalía se niega a darle traslado de la denuncia.
“Nos reservamos el ejercicio de las acciones que procedan en solicitud del oportuno amparo constitucional de los derechos fundamentales que consideramos vulnerados”, anuncia. Aunque recurrir al tribunal de garantías no sea más que una idea lejana dado que para llegar a él hay que agotar todas las vías legales posibles, y esto pasa primero por el Tribunal Supremo.
Fuentes jurídicas consultadas por Artículo14 apuntan a que la petición del cantante podría encontrar amparo en el articulo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que regula las diligencias preprocesales y dice: “El Fiscal recibirá declaración al sospechoso, quien habrá de estar asistido de letrado y podrá tomar conocimiento del contenido de las diligencias practicadas”. Sin embargo, las mismas fuentes apuntan a que este apartado puede ser “discutible” debido a “la falta de regulación expresa”.
El fichaje de Choclán
A todo esto, el cantante aún no necesita si quiera abogado porque no está todavía imputado. Sin embargo, ya ha contratado al prestigioso letrado José Antonio Choclán para ir trazando su línea de defensa, asumiendo que la Audiencia Nacional le abrirá una investigación por presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de servidumbre, agresión sexual, acoso y lesiones.
El primer movimiento de Choclán fue intentar personarse en las diligencias preprocesales abiertas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Solicitó tener acceso a la investigación por el perjuicio público que le causaba. En el primer escrito, paradójicamente, presumía de tener acceso a la información de la denuncia que ahora reclama: “Es clara la necesidad de defensa y alegación por el denunciado sobre la citada cuestión procesal, ante la difusión pública de la denuncia cuyos datos obviamente conoce esta parte, al ser perfectamente identificables a partir de los datos proporcionados por el medio de comunicación”.
Marta Durántez, la fiscal encargada del caso, desestimó de plano esta petición. Recalcó que la investigación está en una fase muy embrionaria y que por el momento solo se trabaja en dirimir si los hechos son competencia de la Audiencia Nacional.
Para la defensa de Julio Iglesias está claro que no tiene jurisdicción porque los hechos denunciados ocurrieron en República Dominicana y Bahamas, pero lo cierto es que la ley recoge que la Audiencia Nacional es competente en todos los hechos punibles en los que el presunto responsable sea español y los delitos cometidos estén también penados en la legislación del país en el que han ocurrido, como ocurre en República dominicana con el delito de agresión sexual.
La intención de Durántez es dilucidar sus competencias antes de llamar a las víctimas como testigos protegidos a declarar y contar su versión. Algo que también rechaza Choclán, que cree que no puede ocultarse de tal manera la identidad de las víctimas cuando son ellas mismas quienes han dado difusión en los medios de comunicación de la denuncia.
En su relato, las ex trabajadoras de Julio Iglesias denunciaron que las tenía totalmente anuladas y aisladas. Una de ellas llegó a llamar a la mansión del artista en Punta Cana “la casita del terror”. Allí, presuntamente, las agredía sexualmente, las vejaba y las humillaba.
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