La igualdad no se sostiene con horas residuales. Tampoco la lucha contra el acoso. Cuando una universidad reduce a la mitad la dedicación de quienes deben proteger a las víctimas de violencia machista, el mensaje trasciende lo administrativo: interpela a su modelo institucional. ¿Y la protección de las mujeres?
Eso es lo que denuncia el equipo de la Delegación del Rector para la Igualdad de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El nuevo Plan de Dedicación Académica ha rebajado de forma drástica las exenciones docentes de sus responsables: de 150 a 120 horas en el caso de la delegada; de 120 a 90 en el de la directora de la Unidad; y de 90 a 45 en el del coordinador del Observatorio.
Una reducción que, según sostienen los tres profesionales, hace inviable aplicar con garantías el protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo en la mayor universidad presencial de España.
“Reducir cuando se pide un aumento es directamente humillar y desacreditar todo el trabajo que se realiza”, afirma Isabel Tajahuerce Ángel, delegada del rector para Igualdad.
Su diagnóstico es político, no técnico. “Se usó como excusa los recortes por necesidades económicas, pero la realidad es que a los vicerrectores/as no se les recortó ni media hora”. Y remata con una frase que sintetiza el malestar: “Un equipo rectoral de primera y otro de tercera”.
Un equipo “de tercera”
La Delegación forma parte del equipo rectoral, pero su estatus no se traduce en respaldo estructural equivalente. Tajahuerce advierte de que la dirección de la Unidad “solamente con el protocolo de acoso ya tendría dedicación completa”.
Sin embargo, la responsable dispone oficialmente de seis horas semanales de descarga docente para asumir una tarea que implica prevención, atención, informes, investigación interna, coordinación institucional y acompañamiento a víctimas.
Abandono, desprotección e indefensión
Las consecuencias, subraya Beatriz Ranea Triviño, directora de la Unidad de Igualdad, no son abstractas. “Las consecuencias pueden ser devastadoras”.
La UCM concentra a más de 80.000 personas entre estudiantado, personal docente e investigador y personal técnico. En ese entorno, explica, no solo se atienden casos de acoso en el ámbito universitario, sino también situaciones de violencia sexual o de pareja que afectan a miembros de la comunidad.
“Una menor dedicación implica menor tiempo y menor disponibilidad para atender a las víctimas de estas violencias”, señala. Y alerta de un riesgo concreto: que algunas personas puedan quedar “en una situación de abandono, desprotección y de indefensión”. Cada caso requiere reuniones con departamentos, decanatos, elaboración de informes y medidas específicas de protección. “Todo esto también requiere tiempo y disponibilidad”, insiste.
Prevención: lo invisible del protocolo
Pero hay una dimensión menos visible que preocupa especialmente al equipo: la prevención. “La pata esencial de todo protocolo” —en palabras de Ranea— es el trabajo sostenido de sensibilización y formación para construir una cultura organizativa de tolerancia cero.
Sin recursos suficientes, esa labor estructural se resiente. “Parece que todo este trabajo se tiene que llevar a cabo gracias al compromiso y al voluntariado de quienes ocupamos estos cargos”, lamenta.
Tajahuerce es aún más directa cuando se le pregunta si puede garantizarse una atención adecuada con horas oficialmente insuficientes: “No se puede, pese a que hacemos todo lo que podemos y dedicamos más horas de las establecidas porque creemos en la igualdad”. La implicación personal suple la falta de reconocimiento formal, pero a costa de desgaste físico y emocional.
El Observatorio de Igualdad, creado en 2021 para proporcionar evidencia empírica y seguimiento continuo, también ha visto recortada su capacidad. Lorenzo Escot, coordinador del Observatorio y catedrático de Economía Aplicada, advierte de lo que está en juego: “Menguar el observatorio y reducir su capacidad supondría reducir esa labor de visibilización, de monitoreo y de diagnóstico”.
La importancia de los datos
Sin datos no hay política pública eficaz. El Observatorio elabora estudios, encuestas e informes que permiten detectar brechas, evaluar medidas y cumplir exigencias en proyectos nacionales e internacionales.
“Para tomar consciencia de la necesidad de acción es imprescindible obtener evidencia de la existencia y de la magnitud del problema”, subraya Escot. La reducción horaria no elimina la obligación; simplemente traslada el trabajo al tiempo personal.
¿Es prioritaria la igualdad?
Desde una perspectiva de género, la discusión no se limita a la gestión interna. Tajahuerce cuestiona el lugar que ocupa la igualdad en la jerarquía de prioridades: “El problema es que no ven que la igualdad es prioritaria y esencial, que tenemos, además, leyes que nos obligan”.
Así, desmonta la idea de que se trate de un área complementaria: “La docencia sin perspectiva de género invisibiliza la realidad y reproduce errores repetidos que no son ciencia”.
El 17 de febrero, además, dimitió en bloque la Delegación de Políticas Sociales, encargada principalmente de la atención a personas con discapacidad. Para el equipo de Igualdad, ambos episodios reflejan una misma tensión: las áreas vinculadas a derechos, inclusión y justicia social carecen del reconocimiento estructural que sí mantienen otros ámbitos del rectorado.
Más financiación, misma incógnita
El contexto añade complejidad. Tras meses de crisis institucional y financiera, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas Madrileñas (CRUMA) firmó este martes 3 de marzo de 2026 un acuerdo plurianual con la Comunidad de Madrid que contempla 14.800 millones de euros entre 2026 y 2031.
El pacto, suscrito por las seis universidades públicas —entre ellas la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad de Alcalá, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Carlos III de Madrid— abre una etapa de estabilidad presupuestaria.
CRUMA lo define como un modelo que aporta “horizonte, certidumbre, previsibilidad y estabilidad” y que permitirá reforzar la corresponsabilidad institucional. La cuestión ahora es si esa nueva financiación se traducirá en un respaldo real a políticas estructurales como la igualdad.
Porque la igualdad, recuerdan desde la Delegación, no puede depender de la ética individual ni de la ampliación silenciosa de jornadas. Requiere reconocimiento formal, recursos suficientes y voluntad política explícita. En una universidad pública del siglo XXI, sostienen, garantizar espacios seguros y libres de violencia no es una opción reputacional: es una obligación democrática
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.