Cristina Mateos es experta en violencias machistas. Trabaja en la atención integral y el acompañamiento social a mujeres víctimas de violencia de género. Realiza peritajes sociales especializados en violencia sexual y diseña y evalúa protocolos, guías profesionales, herramientas sociales y políticas públicas de igualdad en diferentes instituciones de toda España.
¿Por qué fallan de forma sistemática los protocolos antiacoso sexual? Lo hemos visto en partidos políticos —el último, el PSOE—, en el Ejército, en la Federación de Fútbol. ¿Qué ocurre?
Creo que, en parte, es un efecto de los casos que llegan a la opinión pública. Son casos, muchas veces, en los que el protocolo no ha sido efectivo, donde no se han tomado las medidas necesarias, ha habido fallos en el procedimiento y la víctima no se ha sentido reparada. Eso es cierto, evidente y no tiene debate. Pero no hay que olvidar que los protocolos salvan vidas. Son necesarios los protocolos hospitalarios, los de emergencias, en accidentes de tráfico, y también los protocolos antiacoso sexual en los contextos de trabajo, en las universidades, en las instituciones. Creo que tenemos que apostar por ellos como una herramienta eficaz, pero, evidentemente, necesitan mejoras.
¿Por qué fallan?
Los protocolos son una herramienta, en el marco de las políticas públicas de igualdad, muy joven. Ha tenido que ir madurando, adaptándose a las mejoras. Antes de la Ley del solo sí es sí, en este país era impensable que estuviéramos hablando de los protocolos de acoso sexual como se está hablando ahora. Los protocolos realmente llevan operando en España apenas quince o veinte años; es una herramienta de política de igualdad jovencísima. Entonces, fallan, por una parte, por su juventud como herramienta, y por otra, por la cultura institucional.
¿La cultura institucional?
Los protocolos se tienen que aplicar en una cultura institucional en la que ha primado la cultura de la violación y la no asistencia a víctimas. Conozco mucho las dinámicas de las universidades y se ha normalizado la relación de autoridad que, muchas veces, acaba en abuso; está normalizado dentro de la institución. Entonces, ha habido que desarmar todas esas actitudes para que los protocolos sean eficaces. Y eso no es algo que se solucione con: “Tengo un protocolo, lo aplico y se va a acabar toda esta estructura”. Esa estructura se tiene que ir desmantelando en la medida en que el protocolo también lleve medidas asociadas que tengan que ver con la prevención, con la sensibilización y con acabar con la cultura de la violación y del abuso. Y, precisamente, eso es en lo que los protocolos fallan.
¿La prevención es fundamental?
Cuando estamos en la negociación de los protocolos, nosotras siempre decimos que hay que enfocar menos en el procedimiento —es decir, cuando el caso ya se ha dado, cuando la denuncia ha tenido lugar—. Hay que enfocarlo más en cómo voy a sacar toda mi artillería dentro del protocolo solo para prevenir, para formar, para sensibilizar, porque, precisamente, los protocolos tienen que hacer eso. Tienen que crear una cultura de igualdad, de no violencia, y eso es en lo que están fallando. Actuamos cuando los casos ya se han dado, y ya es tarde, porque se deberían haber propiciado las condiciones para que eso no sucediera.
Un protocolo no tiene la intención de perseguir, de judicializar; no tiene una función punitivista, tiene una función totalmente preventiva para que la violencia no se vuelva a repetir en esa persona o en otra y para que el acoso no escale. Y para que eso no pase, se necesitan dar las condiciones de prevención, sensibilización y formación. Y eso es lo que está fallando en los protocolos.
Las mujeres apenas denuncian violencia sexual ante la justicia, tan solo lo hace el 8 por ciento. ¿Puede que esté relacionado? ¿Las mujeres no nos fiamos de ningún sistema?
Las mujeres —lo estamos viendo con las formas de denuncia— se encuentran cómodas en plataformas de apoyo a víctimas, donde se sienten acompañadas por otras iguales, se sienten escuchadas, reforzadas y donde no son victimizadas ni juzgadas, ni muchas veces empujadas a judicializar la denuncia en procesos de dos, tres o cuatro años, que suponen, en la mayoría de los casos, una pobreza económica para ellas y un daño psíquico, en los que las mujeres no se están viendo recompensadas por la justicia.
Evidentemente, los escenarios que están eligiendo las mujeres no son ni los procedimentales dentro de los protocolos ni los judiciales, y eso es porque no protegen a las víctimas. ¿Dónde se están sintiendo protegidas las víctimas? En estos entornos muy horizontales y de escucha activa, como el Instagram de Cristina Fallarás, por ejemplo. Los protocolos y la justicia no son entornos seguros aún para las víctimas; hay que seguir trabajando para que lo sean.
¿Encuentran apoyo las mujeres en los protocolos en contra del acoso?
Hay casos en los que se han sentido reforzadas en los protocolos. Yo trabajo en esto, soy perita, perito casos de violencia sexual y violencia de género y conozco casos muy satisfactorios. Conozco otros en los que he sentido que la víctima quería que el protocolo diera respuestas a situaciones a las que un protocolo no puede dar respuesta. Por ejemplo: “Quiero que despidan al profesor, que lo echen, que nunca más vuelva a dar clase”. Eso un protocolo no lo puede hacer.
Un protocolo puede abrir un proceso disciplinario y suspenderle tres meses sin empleo y sueldo, hacer una tacha en su expediente, pero hay cosas que no se pueden hacer en un ámbito administrativo-laboral. Se tiene que hacer por vía penal, porque nunca un protocolo va a poder asumir o imponer determinadas sanciones.
A veces las víctimas esperan sentirse reparadas con determinadas acciones que necesitan, que solicitan, pero que un protocolo nunca puede llevar a cabo por el contexto en el que se da. Debe actuar inspección de servicios, actúa el derecho laboral, pero hay cosas que no se pueden hacer porque estaríamos violando también el derecho de la persona señalada. Tendría que ser un proceso penal; habría que comunicar el caso a fiscalía. Lo que pasa es que comunicarlo a fiscalía muchas veces también pone en riesgo a determinadas mujeres. Creo que hay que comunicarlo siempre que la mujer quiera y según sus necesidades, porque si no estamos abocando a mujeres a procesos penales sin que ellas lo hayan decidido.
En el último caso conocido, el del PSOE, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, defendió a Paco Salazar horas antes de su renuncia, a pesar de las denuncias de compañeras en un medio. ¿Puede ser esta una razón para no denunciar?
Es lo que pasa en los partidos políticos. Siempre digo que, cuanta más estructura jerárquica, cuanto más estructura piramidal, más riesgo de acoso y de violencia. En estas estructuras, media muchísimo el miedo. Existen unas relaciones de poder y de subordinación en las que surge este miedo.
Si te pones de perfil, estás perjudicando a las víctimas y a los procesos, hay que mirar de frente. En general, no está siendo un buen ejemplo para la ciudadanía lo que está pasando con el acoso en los partidos políticos. Creo que es un espejo en el que muchas mujeres se miran. Los casos que saltan al espacio público son una referencia para otras mujeres que están sufriendo acoso.
