María, una joven marinero de las Fuerzas Armadas, denunció hace seis meses haber sido agredida sexualmente por un superior mientras realizaba una guardia a bordo de un buque. Su caso será juzgado próximamente por un tribunal militar, pero mientras espera justicia, asegura estar librando otra batalla: contra la desprotección institucional.
Desde que formalizó la denuncia, María afirma sentirse “abandonada por la institución” y por sus superiores, quienes —según ella— no han velado por su seguridad ni bienestar. Tras el ataque, su estado de salud mental se deterioró gravemente, lo que la llevó a coger una baja médica. Actualmente, tiene dificultades para salir sola de casa y experimenta un profundo temor hacia los hombres.
A esta situación se suma lo que considera una revictimización: las revisiones médicas obligatorias que debe pasar se realizan en la misma ciudad donde ocurrió la agresión. Volver allí, dice, le provoca ansiedad y supone una regresión en su proceso de recuperación. Por ello, solicitó reiteradamente que se modificara el lugar de dichas revisiones, acompañando su petición con informes médicos que detallaban los riesgos para su salud emocional. No obtuvo respuesta.
Sin respuesta, sin alternativas
María primero informó al médico civil. Ante su silencio, trasladó la solicitud al comandante psicólogo, a los tenientes psicólogos de enfermería y a la comandante de enfermería. Esta última, afirma, fue tajante: debía acudir a esa ciudad “sí o sí”.
Pese a haber seguido los cauces establecidos y cumplir con todos los requisitos, no recibió respuesta oficial hasta hace pocos días. En un correo enviado pasadas las nueve de la noche, le comunicaron que “no tenían constancia” de su solicitud. “El 6 de mayo ya estaban entregados los papeles en la jefatura de medicina y enfermería. Entonces, ¿alguien no está haciendo su trabajo o se están encubriendo entre ellos? Me siento indignada”, relata.
Asegura que esa afirmación es falsa. Tiene constancia de que el documento fue recibido: uno de los responsables del buque le suspendió una revisión con el psicólogo después de haber recibido su escrito.
“Llamé dos días antes porque no respondían, y hablé con la comandante. Me dijo que tenía la obligación de presentarme. Acudí a la revisión el 6 de mayo y presenté el informe de la psicóloga. Me respondieron que no tenían potestad para hacer el cambio. Y ahí se quedó todo”, explica.
“No lo tramitaron. No hicieron nada. Hasta que envié una carta firmada por mí directamente al barco. Entonces sí, me contestaron”.
Baja médica sin “agresión”, revisiones adelantadas
La falta de sensibilidad en el tratamiento del caso no termina ahí. María denuncia que cuando redactó su baja médica, le pidieron que no pusiera que era por una agresión sexual, sino que usara el término “presunta”. “Mira, yo no me voy de baja por una presunta agresión sexual. Me voy porque ha ocurrido”, recalca.
Otra decisión que considera inadecuada fue que, a pesar de tener una baja de 90 días desde enero, en febrero se le pidió que acudiera antes de tiempo —solo mes y medio después— a una revisión. “Una decisión incomprensible”, lamenta.
Además, el protocolo establece que las víctimas tienen derecho a ser acompañadas por una persona de confianza en el proceso. Sin embargo, no se permitió que esta persona recogiera una notificación electrónica del juzgado en el barco en su nombre. Una vez más, María se vio forzada a acudir personalmente a la ciudad que intenta evitar.
Secuelas y reconocimiento
María también reclama que las lesiones psicológicas que sufre se reconozcan como ocurridas en acto de servicio. La agresión, recuerda, tuvo lugar durante una guardia. “Si un miembro del Ejército sufre una agresión sexual durante su jornada laboral, ¿cómo no van a reconocerse las secuelas como derivadas del servicio?”, cuestiona.
“Sola y desprotegida”
Con el juicio a punto de celebrarse, María afronta no solo el proceso judicial, sino también la carga emocional de haberse sentido —según sus palabras— “sola y desprotegida” en una institución que debería haberle ofrecido amparo. “Evidentemente se están tapando los unos a los otros”.
Se cruzó con su agresor
En una de esas visitas, María se cruzó con su agresor al salir de la enfermería y sufrió un ataque de ansiedad. Ni por esas le modificaron las revisiones.
“¿De qué sirve tener protocolos si se incumplen? ¿Qué mensaje están dando a quienes se atreven a denunciar? Que es mejor callar. Es una pena”.