Isabel Caballero es la directora ejecutiva de CERMI Mujeres. Tiene más de 30 años de experiencia en el sector en el que asegura que se ha encontrado “de todo”. En su día a día lucha por dar visibilidad a las mujeres con discapacidad, a las que desde la fundación les brindan ayuda y consejo.
Explica que en muchas ocasiones, los agresores se sienten “impunes y protegidos” porque saben que la justicia no dará credibilidad a una mujer con discapacidad “que no puede mantener una misma versión de los hechos sin entrar en contradicciones”. Es por ello que estas mujeres también sufren violencia institucional que, además, tampoco está adaptada ni es accesible para todos los tipos de discapacidad.
¿Cómo afecta la violencia de género a una mujer con discapacidad?
La violencia de género tiene las mismas características en una mujer con discapacidad. Es decir, es una violencia machista que se produce por esa idea que tiene el maltratador de que está en una situación de superioridad y que deriva de la sociedad patriarcal en la que vivimos. Entonces, el fundamento de la violencia es el mismo, esa situación de desigualdad entre hombres y mujeres.
Lo que sí es que la violencia sí puede tener manifestaciones diferentes porque precisamente el maltratador se muestra en ese lugar de superioridad en el que se encuentra, no solamente por ser un hombre en un contexto patriarcal, sino también porque se encuentra frente a una mujer que tiene una discapacidad. Entonces son violencias que se mezclan. Nosotros hablamos siempre de violencias interseccionales en los que hay un componente marcado por el machismo, pero también por lo que nosotras denominamos el capacitismo. Entonces se da esa situación en la que el agresor se siente superior porque su víctima tiene una discapacidad.
Y ciertamente hay formas de violencia que se ejercen teniendo en cuenta que son mujeres con menos capacidad de defenderse. Algunas tampoco son capaces de percibir que están siendo víctimas de violencia porque muchas han sido socializadas en ambientes discriminatorios. O por ejemplo, mujeres que tienen una discapacidad intelectual o psicosocial, o aquellas que tienen un trastorno de salud mental a las que se le da poco crédito. Entonces el perpetrador sabe que aunque denuncie, pues su denuncia va a tener poca credibilidad.
Dicen ‘está loca’. Entonces esa forma tan discriminatoria de referirse a personas que puedan tener un trastorno de salud mental tiene un impacto específico en el sector. Porque pensemos, por ejemplo, que estamos en una ola en la que se ha desacreditado mucho los testimonios y la denuncia de las mujeres que parece que nosotras siempre andábamos buscando algo más allá.
Imagínate cuando es una mujer que tiene un síndrome de Down, o que tiene cualquier otra discapacidad intelectual que no se puede poner en pie, o que no puede mantener una misma versión de los hechos sin entrar en contradicciones. Pues eso hace que estas mujeres tengan poco crédito y que hace que los perpetradores se sientan más impunes y protegidos. Y luego hay otra forma de discapacidad, las mujeres que no pueden salir corriendo de su casa ante una situación violenta. ¿Y enfrente qué tenemos? Un sistema de atención que no es accesible para las víctimas.
Muchas campañas que están hechas para la concienciación y la información de dónde deben acudir, no están hechas en formatos accesibles. Hay muchas mujeres que no les llega la información y además que no es que les llegue la información, sino que no se ven interpeladas cuando se hacen campañas en la televisión, pues en muchas ocasiones no se muestra la diversidad de las mujeres, no, sino pareciera que las mujeres con discapacidad no son víctimas de violencia machista. Yo lo viví en congresos sobre violencia de género. Cuando llegaba una mujer con discapacidad le decían “no os incumbe porque vosotras sois en todo caso víctimas de violencia intrafamiliar o doméstica”.
También son víctimas de violencia institucional entonces
Sobre todo del eje institucional. Hay una violencia estructural de base porque vivimos en una sociedad tremendamente hostil contra las mujeres y no solo contra las mujeres, sino contra las personas con discapacidad porque vivimos en una sociedad capacitista.
Estoy pensando incluso en servicios sanitarios cuando tienen que ir a alguna revisión. También en su sexualidad reproductiva porque están expulsadas del modelo estándar, de la detección precoz de determinadas enfermedades típicamente femeninas. Hay muchas mujeres con discapacidad que no pasan por esas cribas por eso. Nunca han hecho una mamografía para prevenir o detectar un cáncer de pecho.
Y por otro lado la justicia porque no les adaptan los procedimientos cuando van a denunciar. Así la violencia está plasmada, está inserta en la propia estructura social.
Si en algunas ocasiones no se identifican como víctimas de violencia de género, ¿cómo piden ayuda?
Mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial y mujeres con discapacidad congénita que se han socializado en ambientes muy hostiles, muy discriminatorios y que han interiorizado la idea de que son una carga para sus familias tienen ese prejuicio en torno a lo que es una persona con discapacidad, como una persona inútil y que es normal que la familia se canse de ella. Todo esto forma parte de su día a día por lo que hace que se naturalicen estos comportamientos discriminatorios. Desde la Fundación de mujeres estamos trabajando mucho en el empoderamiento de las mujeres.
Trabajamos mucho en que conozcan sus derechos porque llama la atención que muchas de estas mujeres ni siquiera se sienten titulares y sienten que no pueden reivindicar o pedir.
Nosotros tenemos un ciclo desde hace ya años, que es una aula de Derechos Humanos, en la que explicamos a las mujeres cuáles son sus derechos. Y además damos una formación muy sencilla con lenguaje fácil para que sea accesible a todas.
En un estudio vuestro, indicáis que el 98,2% de las mujeres con discapacidad se ha sentido alguna vez ignorada y despreciada por su entorno familiar y escolar. ¿Cómo pueden denunciar entonces que están siendo víctimas de violencia machista si no tienen ningún apoyo cercano?
Ahí tenemos el problema de que cuando tienes que denunciar además a tu entorno más cercano, que sobre todo son las que están en una situación de dependencia, ahí la denuncia se hace muy compleja. También existen las mujeres a las que las han incapacitado.
Esto implica que la persona deja de ser titular de sus propios derechos y era un tutor el que lo ejercía como persona interpuesta. Esto es un modelo que ha sido superado en nuestro entrenamiento jurídico, pero todavía seguimos teniendo personas incapacitadas y esas mujeres sufren especialmente violencia de género.
Estos casos nos llevan a preguntarnos cómo reaccionas tú a eso. Pues el ir contra tu pareja que es quien te cuida, es muy complicado. Además, cuando dan el paso de denunciar nos encontramos con una revictimización, porque el engranaje de protección no está y el sistema no está preparado para recibir a mujeres con discapacidad. No reciben una atención adecuada y acaban siendo derivadas a servicios especializados en discapacidad.
Lleva 30 años como profesional del sector, ¿cree que los casos de violencia en mujeres con discapacidad han aumentado?
Los datos son muy opacos en nuestro país. Somos uno de los pocos países en nuestro entorno que contabiliza las víctimas desde el año 2012 o que cuenta las mujeres con discapacidad asesinadas por sus maridos, parejas o exparejas. El 10% de ellas tenía una discapacidad.
Y nosotros siempre decimos que este porcentaje es más alto porque hay muchas mujeres que no tienen reconocida la discapacidad y que precisamente la discapacidad es como fruto de la propia situación de violencia cronificada en el tiempo.
En uno de los informes de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de género se analizaron los datos del año 2018. Estos señalaban que casi el 20% de las mujeres asesinadas tenían discapacidad. Entonces esto es solamente la punta del iceberg. No tenemos datos reales que nos digan qué es lo que está pasando en nuestro país en los últimos 30 años.
Hay un estudio de la Fundación Once que estima que casi la mitad de las mujeres con discapacidad han podido sufrir violencia de género. ¿Cree que este dato puede ser realista?
Yo creo que puede haber muchas más, sinceramente. Yo lo que veo es que la situación de violencia es alarmante. Solamente conocemos la punta del iceberg y nuestra experiencia dentro del sector social.
A través de distintas líneas de detección, nosotros vemos muchos más casos. Por ejemplo, la Fundación Once, que está muy especializada en todo lo que es la promoción del empleo de personas con discapacidad, ha puesto en marcha un proyecto en el que buscan trabajo a las mujeres que lo necesiten. Después de varias entrevistas, salía a la luz que esa mujer estaba en un entorno violento y que necesitaba también otro tipo de apoyo. Tarde o temprano acaban saliendo siempre las situaciones de violencia y entonces esto pone de manifiesto que el problema es el dato. Ese probablemente se quede corto.
¿Qué perfil suele tener este agresor?
Nos encontramos de todo. Nos hemos encontrado hombres con discapacidad o ciegos por ejemplo. Pero no tiene que ver porque lo que mueve a un hombre a maltratar a una mujer es el machismo, es el el sentirse superior. Nos lo encontramos en el colectivo de personas migrantes, en diferentes religiones, da igual si tienes o no tienes discapacidad. El machismo atraviesa todo.
