Las asociaciones de víctimas coinciden en una idea tras conocerse el caso de Salma: el sistema falló en todos los niveles. No se la buscó lo suficiente cuando desapareció, no se activaron los protocolos sanitarios cuando acudió a un centro de salud con lesiones visibles y miedo evidente, y no existió una coordinación eficaz entre instituciones que pudiera haber evitado casi dos años de cautiverio, violencia y desaparición.
Salma, mujer migrante, asustada y con signos claros de maltrato, pasó por un centro sanitario sin que nadie detectara una situación de riesgo extremo. No se activaron alertas, no se dio traslado a las fuerzas de seguridad y no se protegió a una mujer que, a ojos de las asociaciones, reunía todos los indicadores de peligro.
Para las entidades, este caso no es una excepción, sino la confirmación de fallos estructurales que se repiten. “El Estado, el sistema y las leyes fallan de nuevo con las mujeres”, denuncia Olga Caldera, portavoz de AMAR.
“Es increíble que no se crucen los datos de desaparecidas con VioGén”
Cuestiona que no se cruzaran datos entre los distintos sistemas de protección, algo que consideran incomprensible en un contexto de violencia machista. “Es increíble. En este caso debería haberse hecho. Cruzar datos entre VioGén y mujeres desaparecidas tendría que ser una herramienta básica”. Para Caldera, si las mujeres estuvieran realmente protegidas, estos casos no se repetirían con tanta frecuencia.
“Pero los propios verdugos saben que no les va a pasar nada. Saben que la justicia les protege más a ellos y que, si llegan a entrar en prisión, su estancia suele ser corta. No hay un castigo real”.
Las asociaciones insisten en que los agresores conocen bien el sistema y saben cómo utilizarlo a su favor: manipulan, amenazan y sobornan para mantener el control sobre la víctima y su entorno, como presuntamente ocurrió en el caso de Salma con una vecina. “Son psicópatas que saben moverse. Actúan con total impunidad”, insiste Caldera.
“Es demasiado habitual que no se activen protocolos”
Desde ALMA, su portavoz Gregorio Gómez coincide en la necesidad de cruzar datos, aunque introduce un matiz importante. “Es cierto que ha habido casos en los que se lanzan alertas por desapariciones y luego se descubre que las madres se habían ido voluntariamente para proteger a sus hijos. Por eso es una cuestión delicada”.
Sin embargo, Gómez insiste en que ese riesgo no puede servir de excusa para no hacer nada. “No estaría de más que, al menos en los primeros días, se cruzaran esos datos para descartar que exista un peligro real. En un tercer día ya debería poder saberse si una mujer está en riesgo o no. Nadie debería vivir lo que ha vivido Salma”.
Las críticas también apuntan directamente al sistema sanitario, donde, según las asociaciones, los protocolos se incumplen de forma reiterada. “Es demasiado habitual que no se activen protocolos cuando hay una mínima sospecha”, denuncian. “Los médicos y médicas tienen obligación de implicarse, pero lo vemos a diario: no se implican como deberían”.
Entre las propuestas concretas, plantean que los centros de salud puedan enviar informes directamente a la Policía Nacional o a la Guardia Civil cuando existan indicios de violencia. “Si una mujer llega con lesiones sospechosas, con miedo, sin poder hablar con libertad, no basta con curarla y mandarla a casa. Eso debería comunicarse automáticamente a los cuerpos de seguridad para que investiguen qué está pasando”.
“¿Cuál es el principal motivo por el que las mujeres mueren o desaparecen en este país?”
A estas denuncias se suma la voz de Rosalía Iglesias, de la asociación MAMI, que cuestiona con dureza la supuesta protección del algoritmo de protección. “Lo de que VioGén no proteja me parece aberrante. ¿Cuál es el principal motivo por el que las mujeres mueren o desaparecen en este país? En casi todos los casos es la violencia machista. Eso tendría que estar más que regulado”.
“Es lo mismo que ocurre cuando no se cruzan datos entre lo penal y lo civil. Tienes mujeres con una denuncia penal por violencia que se va a juzgar después, mientras en paralelo se están resolviendo custodias como si no pasara nada”. Recuerda que los juzgados conocen perfectamente la existencia de la prejudicialidad penal, es decir, la obligación de resolver primero las causas penales cuando estas pueden tener relevancia directa en decisiones civiles como la custodia de menores.
El colectivo Madre Mía pone el foco en la responsabilidad directa de las unidades policiales que trabajan a diario con estos casos, tanto en Policía Nacional como en Guardia Civil y policías locales.
Desde el colectivo consideran que lo ocurrido en el caso de Salma es “una barbaridad” y un error grave del sistema, pero advierten de que no se trata solo de fallos abstractos, sino de actuaciones concretas. “Las unidades de atención a la familia son también responsables en cierta medida. Son quienes tratan estos casos a diario y quienes tienen que transmitir y poner sobre la mesa las fallas del sistema”.
“Si una mujer desaparece y no se mira su entorno ni se consulta VioGén, al que tienen acceso, hay que preguntarse si se está haciendo bien el trabajo. Y la respuesta es no”.
Sesgo por ser migrante
Desde Madre Mía insisten que, incluso si existen limitaciones de acceso por la protección de datos, el sistema debería garantizar que alguien pueda cruzar esa información. “No puede ser que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Si los datos están protegidos, tiene que haber mecanismos para acceder a ellos cuando hay un riesgo real”.
El colectivo añade además un elemento clave en el caso de Salma: el sesgo contra las mujeres migrantes. Denuncian que, de forma sistemática, su desaparición o muerte se aborda con menos urgencia y menor gravedad.
“Siempre se produce ese estigma. Parece que es menos importante si eres migrante. Se presupone que quizá era una mujer prostituida, que se ha vuelto a su país o que no ha dicho nada”.
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