Las operaciones salida se anuncian con enorme antelación, pero los atascos acaban siendo inevitables. Según numerosos jueces, algo parecido va a ocurrir a partir de este viernes en los juzgados de violencia de género de toda España, que asumirán de la noche a la mañana nuevas competencias en violencia sexual, trata, mutilación genital femenina, acoso y matrimonios forzosos sin haber recibido el refuerzo de nuevos magistrados, fiscales ni funcionarios.
El Ministerio de Justicia, dirigido por Félix Bolaños, maneja la situación con cierta frustración, puesto que no puede acelerar los engranajes entre los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de las comunidades autónomas (encargados de identificar y comunicar las carencias), el Consejo General del Poder Judicial (encargado de convocar las vacantes) y los aspirantes a las nuevas plazas comprometidas por el Gobierno.
13 plazas autorizadas
El Ministerio enfatiza que los juzgados de violencia de género aumentarán su plantilla un 42% antes de acabar el año, pero lo cierto es que en vísperas de su ampliación de competencias solo ha firmado 13 solicitudes para autorizar la convocatoria de nuevas plazas de jueces. Firmaría más si las tuviere (hasta 50, según el decreto que aprobó en junio), pero no las tiene porque la maquinaria entre los TSJ y el CGPJ no trabaja al ritmo que ahora querría el Ministerio.
El problema, además, ni mucho menos acaba aquí. La firma del Ministerio de Justicia para dotar económicamente la plaza de juez no completa el proceso, puesto que los magistrados deben concurrir a la plaza y recibir, a continuación, una formación de 60 horas lectivas acerca de violencia de género. Es la misma formación que han recibido quienes ahora presiden estos juzgados, aunque los planes del CGPJ consisten en crear una especialidad que obligue a los jueces de violencia de género a aprobar una pequeña oposición que iría más allá del curso de 60 horas.
Pero estos planes del CGPJ van con retraso, porque el máximo órgano de gobierno de los jueces estuvo 5 años sin renovarse y, en consecuencia, vio limitadas sus capacidades para impulsar reformas.
La carga de trabajo
Según un estudio del CGPJ, el incremento de carga de trabajo que implica la ampliación de competencias podría alcanzar el 12,9 % de media. No obstante, según el Ministerio de Justicia, “ese incremento será paulatino, según se vayan dando nuevos casos, ya que los procedimientos en curso se seguirán viendo en los juzgados o secciones de instrucción en los que están en este momento”.
Pero multitud de jueces no comparten esos cálculos. Al contrario. Creen que con las nuevas competencias la carga de trabajo se multiplicará de tal manera que tanto jueces como funcionarios optarán por trasladarse a destinos más relajados. “Va a haber una estampida general, y es preocupante porque muchos llevan quizás dos décadas dedicados a estos asuntos. Tienen una formación, una experiencia, y puede que todo ese capital humano se pierda”, opinó en Artículo14 la jueza Cira García Domínguez, magistrada del Juzgado número 1 de Violencia contra la Mujer de Getafe.
“Nefastas consecuencias”
Para evitar el colapso en los juzgados de violencia de género que pronostican numerosos magistrados, el Ministerio dotará a los juzgados de refuerzos temporales a través de jueces sustitutos o de jueces en comisión de servicio. Pero, según muchos magistrados, esta medida no será alivio suficiente.
El 8 de marzo de 2025, 108 magistrados y magistradas destinados en juzgados de violencia de género ya emitieron un comunicado con objeto de trasladar a la ciudadanía “las nefastas consecuencias” que ello iba a suponer en unos órganos sobrecargados desde hace años.
“La realidad es que esta vez no podremos abarcar todo lo que se avecina, porque es inasumible. No podremos seguir realizando nuestra labor a costa de nuestro sacrificio personal, porque ni siquiera eso será suficiente”, se quejaron amargamente. Pero la cuenta atrás sigue en marcha. Mañana, viernes: Operación Salida.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.